Por Horacio Verbitsky
La presidente CFK despidió al Coordinador de las
fuerzas de seguridad Roberto Angel Galeano y le hizo asumir la decisión
al Secretario de Seguridad Sergio Berni, como precio para conservarle el
cargo, aunque fue él quien impartió las órdenes ejecutadas por el
coronel carapintada. A Berni no le preocupa la exactitud de lo que
afirma. El jueves un comunicado del Ministerio de Seguridad pretendió
que el jefe del destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo, Juan
Alberto López Torales, había actuado de acuerdo con la ley y seguido los
procedimientos establecidos para liberar la ruta.
El mismo día, Berni
dijo que el automovilista Christian Romero no fue acusado de atropellar a
López Torales, sino por violar las leyes de tránsito. Pero la
imputación de la Gendarmería contra Romero en la causa judicial es por
acelerar, atropellar y lesionar al gigante saltarín. También pretendió
que Galeano era su asesor y que no tenía autoridad sobre la Gendarmería,
cuando todos saben que no es así: Berni quiso nombrarlo como
Subsecretario de Seguridad pero Nilda Garré, que como ministra de
Defensa lo había pasado a retiro por su participación en el alzamiento
carapintada, dijo que sería una incongruencia y Cristina rehusó firmar
el decreto. Pero Garré dejó Seguridad en junio de 2013, y en septiembre
Berni contrató a Galeano como coordinador de las fuerzas de seguridad.
No como asesor.
Ese es el contrato que ayer Cristina ordenó rescindir.
El comunicado, que contradice todo lo que Berni venía diciendo, ni
siquiera fue incluido en la página electrónica del Ministerio y la
presidencia se encargó de que llegara a los medios, comenzando por la
agencia oficial Télam, pese a que atribuye la decisión a Berni. Dice que
“Galeano incumplió con las responsabilidades contenidas en los
‘Criterios mínimos sobre actuación de los cuerpos policiales y las
fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas’, documento elaborado
con el aporte de organizaciones sociales que fija el marco de actuación
de las fuerzas federales” y que su conducta “contradice los lineamientos
ministeriales de prudencia y de profesionalidad en la gestión de la
seguridad pública”.
A tan alto precio personal, Berni conservó su cargo y
el del gendarme que siguió sus directivas. Pero el problema va mucho
más allá del ahora despedido comando militar.
El comunicado ratificó las
“directivas políticas vigentes desde 2003 que preservan la integridad
física de las personas en manifestaciones públicas” por lo cual un
funcionario del ministerio “debe estar a cargo de los procedimientos que
requieren el empleo de la fuerza legítima en el terreno, para asegurar
que la intervención sea proporcional y eficaz”. Sin embargo, y por
detrás de la polémica que entretiene a los gobiernos porteño y nacional,
las respectivas policías practican una violencia institucional
exacerbada como forma de control del territorio, ya sea ante protestas
sociales o hechos sindicados como delictivos. Esto va asociado a la
participación de sectores de las propias fuerzas en los delitos que
deben combatir y al castigo concentrado en militantes sociales o vecinos
humildes.
La manipulación informativa presenta esos hechos como
episodios de una batalla épica con lo que en forma genérica se denomina
el narcotráfico, de lo cual luego no se encuentra huella en los
expedientes judiciales, por inexistencia de delito. Un periodismo sin
más fuente que los funcionarios interesados contribuye a crear un clima
que a su vez justifica nuevas actuaciones similares. Lo más preocupante
es la idea, basada en encuestas de opinión, de que esas prácticas
aberrantes cuentan con amplia aceptación social y construyen una
candidatura. Hay tanta competencia que el pionero Sergio Massa corre el
riesgo de parecer tibio y tolerante.
Se hace y no se dice
Todas estas fuerzas ejercen lo que el ex presidente Carlos Menem
llamó en 1997 “la libertad del palo”. Menem atribuyó la expresión al
libro El hombre de bien, publicado por Benjamin Franklin hace dos siglos
y medio. Hoy nadie pronunciaría palabras tan brutales, pero su puesta
en escena es cotidiana en las principales jurisdicciones del país, la
Nación, la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y
Santa Fe. La enumeración no es exhaustiva y sólo puede sorprender en el
gobierno nacional, que durante años aplicó una política de restricción y
control del uso de la fuerza e incluso despidió a ministros y policías
que se oponían y elaboró protocolos estrictos para su aplicación. En
teoría siguen vigentes pero en la vida real valen menos que el papel en
que fueron impresos. Esta regresión es impugnada con claridad por el
dirigente de La Cámpora Andrés Larroque, cuya militancia comenzó a fines
del siglo pasado en la Villa 20 de Lugano, escenario de los peores
actos de violencia institucional.
Según la información que difundieron la Policía Metropolitana y el
gobierno local, en la madrugada del sábado 30 de agosto sus efectivos
fueron tiroteados por cien narcotraficantes que intentaban retomar el
desalojado asentamiento Papa Francisco, lindero con la Villa 20, y
detuvieron a treinta personas. Según esta novela desafiaron al Estado
durante una hora con armas, bombas molotov y piedras en una batalla a
matar o morir por el control del espacio público. Sergio Berni conoce el
paño e ironizó: “¿Cuántos narcotraficantes hubo detenidos? ¿Dónde está
la droga? Entraron dos mil policías y no hay un solo narcotraficante”.
Tampoco hubo policías heridos de bala. Los vecinos dicen que quienes
dispararon no pasaban de diez personas y los detenidos de tres. Cuando
los metropolitanos respondieron, César Fabián García salió de su casilla
con los brazos en alto pidiendo que no dispararan sobre su vivienda
lindera al predio, porque allí estaban su mujer y sus seis hijos. La
policía lo hizo echar al piso, manos en la nuca, le pegó un culatazo de
escopeta en la cabeza y le pateó el torso. García es hijo de la mujer de
Diosnel Pérez, uno de los militantes sociales que intervino en 2010
para superar la crisis por la ocupación del Parque Indoamericano.
Cuatro
días después, que pueden significar la pérdida del trabajo, el juez
Javier Ríos dejó en libertad a los tres porque no había ningún elemento
para atribuirles el intento de homicidio, el disparo de armas de fuego y
la resistencia y atentado a la autoridad que intentaron cargarles.
También ordenó investigar cómo actuó la Metropolitana. Berni maneja la
realidad virtual con la misma intensidad que su colega porteño Guillermo
Montenegro: su oficina de prensa difundió un par de videos, atribuidos a
los asustados padres de alumnos de una escuela de Lugano. Berni les
promete todo tipo de protección y uno de los asistentes le pregunta por
qué tienen que creer que así será.
–Porque yo siempre cumplo mi palabra –dice el héroe.
El problema no se reduce a la policía. Hace cuatro años el
Ministerio de Desarrollo de la Nación montó en el Parque Indoamericano
un vallado humano que permitía entrar y salir a quienes habían sido
censados y recibido pulseras identificatorias, lo cual contribuyó a
sosegar los ánimos. Ahora, la Secretaría de Habitat e Inclusión de
Desarrollo Social de la Ciudad y el programas Buenos Aires Presente
(BAP) son asistentes de la policía. Según trabajadores de asistencia
directa consultados para esta nota, los sin techo se instalaron en casa
de familiares, en hoteles pagados con un subsidio de la Ciudad o en
paradores o refugios. Pero un cuarto grupo quedó en dos acampes en la
calle, bajo horribles condiciones meteorológicas: un predio amplio, de
libre acceso, y otro vallado. En un hábeas corpus, la Procuraduría
contra la violencia institucional (Procuvin) y la Agencia Territorial de
Acceso a la Justicia (ATAJO) denunciaron los abusos de la Policía
Metropolitana contra los 23 jóvenes y adultos y los dos niños recluidos
en ese corralito: controla la comida que ingresa, los pañales de los
bebés, bloquea la circulación de las personas, practica requisas
violentas.
Los trabajadores sociales, cuya situación laboral es
precaria, rechazan los métodos que les marca el gobierno de la Ciudad:
amenazar a las familias con la intervención de un juzgado de menores que
les quite los hijos por tenerlos a la intemperie y prometerles
adelantos o extensión de subsidios de 12 a 20 cuotas, cuando la ley y el
decreto de austeridad firmado por Maurizio Macrì no lo permiten. Según
los trabajadores, el trasfondo económico-social de la ocupación es de
explotación laboral y especulación inmobiliaria. En el asentamiento
funcionaban dos galpones, uno textil y uno en el que las mujeres del
acampe pelaban papas para una firma industrial, a cambio de 75 pesos por
día, que se aplicaban al pago en cuotas de los lotes asignados por los
gestores de estos galpones, vinculados con la política y el mercado de
drogas. La gestión de ese “sistema de enganche” implica el
disciplinamiento territorial por parte de estos pesados.
Gas y balas
En la misma semana, una quincena de miembros del Cuerpo de
Prevención Barrial de la Policía Federal irrumpieron en el Centro de
Acceso a la Justicia (CAJ) que el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación instaló en la Villa 15, conocida como Ciudad
Oculta, también en Lugano. El incidente comenzó con una discusión de uno
de los tríos en que se desplazan los federales, con un hijo y un
sobrino adolescentes de Alejandro Pitu Salvatierra, el otro referente
social que negoció una salida pacífica al conflicto del Indoamericano.
El empleado administrativo del CAJ hizo entrar a los jóvenes al local
para protegerlos. Diez minutos después, quince policías llegaron
lanzando gas pimienta. Salvatierra forcejeó con uno que intentó detener a
su hijo y también él fue arrestado. Los acusaron de resistencia y
atentado a la autoridad.
A partir de allí las versiones difieren: los
vecinos dicen que los policías lanzaron los gases dentro del Centro,
afectando a los empleados y a la gente que esperaba para realizar algún
trámite ante esa justicia de proximidad y que también rompieron el
lugar, mientras los federales replican que los gases fueron utilizados
afuera pero que una parte se filtró hacia el interior. Ante un pedido de
explicaciones del Secretario de Justicia Julián Álvarez, Berni
respondió que los federales habían sido provocados.
Al cierre de esta
edición el CAJ seguía cerrado y la policía se jactaba de su control. Más
allá de los detalles, que cada uno describe a su manera en un universo
donde no hay ángeles, lo sucedido muestra el abandono de la política de
prevención comunitaria, que privilegia el diálogo y la negociación con
las organizaciones y los líderes sociales y el regreso a la de fuerza y
ocupación territorial.
Algo congruente ocurrió en el Barrio Norte de la
Ciudad. A las seis de la tarde del jueves 28, una tormenta de balas se
desató sobre los transeúntes, que se arrojaron al suelo desesperados. Un
testigo, que protegió con su cuerpo a una hija en edad escolar, cuenta
que venía por Arenales y al cruzar Aráoz en dirección a Coronel Díaz
“empezaron a llegar patrulleros y autos de civil desde todas las
direcciones. Conté veinticinco”. Eran de las comisarías 19ª, 23ª y 53ª,
de civil y de la Metropolitana.
El hombre atinó a filmar con su teléfono
el descenso de un policía armado de un patrullero que corre arma en
mano por la calle. La persecución de un Volkswagen Bora negro había
comenzado en Santa Fe y Agüero, donde tres hombres asaltaron un negocio
de telefonía celular. El primer tiroteo se produjo en Santa Fe y Gallo,
el segundo en Scalabrini Ortiz y Juncal, donde uno de los ladrones
descendió del auto y fue detenido, y el tercero en Beruti y Scalabrini
Ortiz.
El muy bien aleccionado comisario Jorge Baldo, quien sucedió como
director de Comunicaciones al actual jefe de la Policía Federal, Román
Di Santo, explicó que el enfrentamiento fue “controlado” y se hizo “un
uso racional de la fuerza, de acuerdo a los parámetros establecidos por
la Secretaría de Seguridad Operativa a cargo del doctor Sergio Berni,
cuidando la integridad física de los ciudadanos y del personal
policial”. Cuando los periodistas le insistieron sobre el riesgo de
abrir fuego en esa zona y a esa hora, Baldo se apartó del aprendido
discurso institucional y en un acto de sinceridad respondió que no hubo
heridos, “gracias a Dios”.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-254755-2014-09-07.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-254187-2014-08-31.html
