Mostrando entradas con la etiqueta Joaquín Morales Solá. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Joaquín Morales Solá. Mostrar todas las entradas

jueves, 31 de julio de 2014

Las dos caras: relato y realidad

Por  | LA NACION


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOoTmJQPFy2hhgeLxM4scQoGL9RRAWXX2PJQxOkjDK_eIqxYfPxbR77px4eD_lvWWFIdkDv-yutfmPMYU_JvKo5Mk_da6Emn_Q6efCcuxG1r5ChNPDp7kln_RvtQi-LDxAdEkUxA6a-qvB/s1138/411121_353661598031715_218214042_o.jpg

La Argentina está desde ayer en default. La segunda cesación de pagos en 12 años y siete meses. ¿Será esta vez un default de días, de meses o de años? La respuesta está en el "acuerdo entre privados", de cuya posibilidad habló ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof. Fue un relámpago dentro de su catarata verbal, durante la cual repitió muchas cosas y no anunció casi ninguna. Sin embargo, ese acuerdo entre privados, fundamentalmente bancos locales y holdouts, seguía siendo anoche la única y más seria perspectiva, aunque las palabras del propio ministro habían frenado en seco esas negociaciones.

El conflicto tiene claramente dos caras. Una es la que muestra el Gobierno. Intransigencia, dureza, pertinacia.

Su vocero fue Kicillof. En su conferencia de prensa en Nueva York, hizo un largo recorrido de las posiciones del gobierno argentino y de las pretensiones de los fondos buitre. Pero omitió introducir en su análisis un aspecto fundamental del conflicto: esos fondos tienen a su favor una sentencia del juez Thomas Griesa, confirmada por una Cámara de Apelaciones y respaldada indirectamente por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sólo mencionó esos fallos para criticarlos políticamente, pero les negó la importante participación jurídica que tienen en la conformación de la crisis.

En otras palabras, Kicillof recurrió al manual básico del kirchnerismo: ignoró lo que no le conviene. Hasta ese momento sucedía la habitual y previsible construcción de un relato épico. Cristina se quedaba con la patria y despreciaba a los buitres. En otro lugar de Nueva York, los bancos locales negociaban, empujados por el Gobierno, con los buitres. La negociación estaba muy avanzada. Ya no se trataba sólo de una garantía de 250 millones de dólares que los bancos argentinos depositarían en el juzgado de Griesa; también se negociaba la compra del total del juicio ganado en los tribunales neoyorquinos. Se estipuló, incluso, una primera entrega de 600 millones de dólares. El juicio ganado es por 1330 millones de dólares, aunque con los intereses acumulados llegará a fin de año a 1660 millones. Es una cifra importante para cualquier gobierno, empresario o grupo de empresarios.

En medio de su torrente verbal, cuando mostraba una intransigencia sin fin, Kicillof hizo mención de la ley 26.886 (aunque no la nombró específicamente), que les prohíbe a los funcionarios públicos argentinos pagar más que lo que el Gobierno concedió a los bonistas que refinanciaron sus deudas. Las conversaciones entre banqueros y holdouts se pararon de inmediato, quedaron congeladas en ese momento crucial. ¿Cómo? ¿Bancos y empresarios argentinos comprarían bonos al 100 por ciento de su valor para recibir luego sólo el 35 por ciento? Griesa ordenó que se les pagara a los holdouts el total del valor de los bonos en default más los intereses acumulados. Los fondos podían hacerles a los bancos una quita en los intereses a cambio de un pago en efectivo en plazos rápidos, pero no renunciarían al beneficio de una sentencia favorable.

Para peor, un borrador del acuerdo preveía que los bancos se harían cargo de los primeros pagos (600 millones de dólares) hasta diciembre y que luego el Gobierno saldaría el resto de la deuda. En caso de incumplirse los pagos posteriores, las entregas anteriores quedarían en manos de los fondos y el acuerdo se reduciría a nada. Kicillof los previno a los bancos, tal vez involuntariamente, que podrían quedar con 600 millones de dólares en el aire.

Aquella ley, la 26.886, es de octubre del año pasado. Plena era cristinista. Fue la ley que levantó la ley cerrojo, que prohibía al Gobierno hacer nuevas ofertas de canje de deuda. Levantó un cerrojo y puso otro. Esa ley puede cambiarse, como toda ley.

Su modificación requeriría, no obstante, un trámite parlamentario y su consiguiente costo político. Los banqueros podrían reclamar en el futuro el pago de esa deuda y pedir el cambio de la ley. ¿Qué diría el kirchnerismo en ese caso? ¿Aceptaría la deuda? ¿O se encerraría en que sólo hubo un "acuerdo entre privados"? Los representantes de las entidades financieras ya se imaginaban con el anatema de "vendepatrias", "cipayos" o "traidores a la patria". Los típicos insultos del cristinismo cuando carece de argumentos. Los banqueros prefirieron levantarse de la mesa, saludar y dar por concluidas las negociaciones.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxjOgWuBc_sOb4J4BLtj2fieIXDMwrF1GkmdhNvz_3jYWSQMuEkgF2gEd8j1xg1zzbsKSVagg4nx5Yv6zHsV64fHZcEwj6q3qAO9ZgR4ceGc_w2Ewxo0RYTTzLz-gcgpsJOVUt-tWZGqI/s1138/31+DESEMBRE+2013.jpg

Dar por concluidas las negociaciones tiene un sentido diferente para el mundo de las finanzas. Para cualquier otro mortal significa cerrar definitivamente una página, clausurar una etapa, olvidarse de que existió una contraparte en un conflicto específico. Para los banqueros, todas las cosas son más relativas. Significa que la negociación se cayó ayer, y tal vez hoy. Pero nadie descarta que pueda retomarse en los próximos días, sobre todo después de que han estado tan cerca de un acuerdo.

La actitud del Gobierno es inexplicable. Los banqueros estaban en Nueva York porque el Gobierno los espoleó. Una versión asegura, incluso, que el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, estuvo reunido en Puerto Madero con algunos dueños de bancos hasta la madrugada de ayer. Es imposible la versión de que existió sólo la posibilidad de "un acuerdo entre privados". ¿Acaso puede imaginarse a un grupo de banqueros ofreciendo cientos de millones de dólares sin la garantía de que les serían devueltos? Al revés, los banqueros retrocedieron cuando advirtieron que las promesas verbales podrían no cumplirse. "El dinero de los bancos no es nuestro, sino de los depositantes. No podemos ir hacia un quebranto garantizado", dijo ayer uno de ellos, después de escuchar a Kicillof.

El problema es que el Gobierno no es uno solo. Una línea une a Capitanich con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Fábrega fue el que negoció con los bancos. Otra línea fusiona a la Presidenta con Kicillof. También es inverosímil que Fábrega y Capitanich hayan llegado tan lejos sin el consentimiento de Cristina Kirchner. ¿Influyó más Kicillof, al final, que Fábrega y Capitanich? ¿O, quizás, a Kicillof se le escaparon palabras de más en la construcción de un discurso heroico? ¿Fue, en cambio, la propia Presidenta la que modificó su opinión sobre la marcha del proceso que ella misma instigó?

Todo puede ser, pero el primero que vio la condición inevitable del default fue Daniel Pollack, el facilitador nombrado por el juez Griesa. Lo dijo en párrafos claros y precisos. Era la única persona que contaba con toda la información, la que provenía del gobierno argentino, la que le suministraban los banqueros y la que recibía de los fondos buitre. El aparente fracaso no puede dejar las cosas como estaban. Fábrega tambaleaba anoche. Dicen que se quiere ir. Capitanich quedaba otra vez desautorizado. ¿Qué dirán los bancos desde una situación política ciertamente incómoda, a la que los condenó el Gobierno? Silencio. Nadie habla, por ahora.

El país ingresó en un territorio imposible de predecir. Un default es un default, aunque sólo durara pocos días. Será mucho peor mientras más dure. El argumento de Kicillof sobre que no habrá default porque la Argentina les paga a sus acreedores vuelve a ignorar la sentencia de Griesa. Ese fallo anticipó que embargaría los pagos a los bonistas que entraron a los canjes para saldar la deuda del juicio perdido por el gobierno argentino.

En los próximos días podría caer, además, toda la deuda reestructurada ante la falta de pago. Una cláusula de los canjes dice que un incumplimiento puede derrumbar toda la reestructuración. La Argentina volvería a las condiciones que vivió en 2002. La muy mala situación actual de la economía (recesión, inflación, déficit fiscal, creciente desempleo) podría empeorar. El recorrido del kirchnerismo se parecería, en tal caso, a un círculo perfecto: terminaría en el mismo lugar donde todo empezó.


Holdouts: una dura realidad o un eficiente espejismo

Parece todo un juego de mentiras y simulaciones, para cubrirse de legislaciones externas, de demandas internas

Por   | LA NACION


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8rLvfuNJh2_4d4O2MnN0HkdW0B0axeLZLvRe2nLJsFCUJEcVPJnkC3e_ApCYLX0qVbu8WC2pAU9wLH4q0toEu9odyWETMkMmfGjF1xKcr5FENydHUchrdTQoFnzvKtP6qaGoYZvNzRIM/s1138/29+desembre+2013.jpg

El juego de la deuda argentina y los holdouts o buitres se vuelve cada vez más incomprensible. Con versiones de toda clase.

El ministro de Economía Axel Kicillof dijo que a los que él llama buitres no aceptaron la propuesta argentina. No es una novedad, porque según señaló, les volvió a ofrecer lo mismo que a los que sí aceptaron los canjes. Por eso fueron a la justicia de los Estados Unidos, porque no aceptaron y quieren cobrar el total, más intereses y multas. A Kicillof le parece que la ganancia para ellos sería exorbitante, pero la Justicia americana, incluida la Suprema Corte, les dio la razón. No hay apelación posible.

El Gobierno insiste en que no puede hacer eso porque dispararía la famosa cláusula RUFO que haría que los que ya aceptaron cobrar menos y otros demandantes más, vengan por el total original de sus acreencias. Los especialistas dicen que exagera.

Otros creen que "macanea" para consumo interno. Las versiones optimistas dicen que hay un grupo de bancos locales dispuesto a arreglar el entuerto, dejando en los papeles fuera al Gobierno y así evitar problemas posteriores.

Parece todo un juego de mentiras y simulaciones, para cubrirse de legislaciones externas, de demandas internas y para lograr votos e instalar una candidatura

Kicillof dice que no sabe nada, que se enteró por los diarios. La interpretación optimista es que éso es lo que tiene que decir, porque si admite que negoció pagar a los buitres algo mejor que a los que aceptaron el canje mandará al país a la ruina y a sí mismo probablemente a la cárcel.

Parece todo un juego de mentiras y simulaciones, para cubrirse de legislaciones externas, de demandas internas y para lograr votos e instalar una candidatura.

En el medio hay quienes sospechan que los bancos locales harían un negocio. Elisa Carrió ya le exigió al presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega , que no baje los encajes a los bancos para que éstos tengan dinero disponible y gratis para arreglar de modo tercerizado los entuertos del Ejecutivo.
Carrió también cree que hay un juego de mentiras para consumo interno y externo.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjjDBIhlt3p9ueXugILotGKBxIVUnn3h1ZoZT-YWObjOzlbRHwjz-0f_rfl39ggMbsfjOz6GZNxGavpSsB5Pn_MMbK3KM_3iA5n4p5ev7ly3zFFWw9G3-8j5BJ8Un6Iw01MRlbCbBtjLQ/s1138/05+juliol+2014.jpg

Para la calificadora Standard & Poor's el país ya está en default, aunque aún selectivo. Para el Gobierno es falso, porque la Argentina pagó. En realidad, hizo un depósito en una cuenta de fideicomiso. Los prospectos de los bonos, que varias veces citó Kicillof en su alocución plena de torpezas, como aludir a unas supuestas "Islas Caimanes" (Sic), dicen otra cosa. La versión difundida por Joshua Rosner de Graham Fisher especifica que el pago está realizado cuando el dinero es recibido por el titular del bono, lo que claramente no ha ocurrido.

Si se trata de un juego en el que gana el que miente mejor, claramente deberían tener ventaja los argentinos, del país donde el juego de naipes por excelencia es el Truco.

Kicillof quiere discutir un fallo que ya no tiene apelación. Si alguien podía obligar a los bonistas a aceptar el canje, era Griesa

Pero son juegos peligrosos, como lo describió el gran Roberto Fontanarrosa en el cuento "El espejismo de Abd Al Kadash", que convendría releer. De cómo los que quieren engañar, fabricando un espejismo, terminan cruelmente engañados por otro.

Carrió también ha dicho que el Gobierno "malvinizó" el pleito. Parece cierto. Además, vale recordar que durante muchos días y luego de que los ingleses habían recapturado las Islas Georgias y tomado prisionero a Alfredo Astiz, las usinas de desinformación oficiales sostuvieron la falsedad épica de que el represor junto a sus comandos seguían combatiendo, refugiados en las montañas.

Kicillof quiere discutir un fallo que ya no tiene apelación. Si alguien podía obligar a los bonistas a aceptar el canje, era Griesa. El Gobierno eligió pelearse, desafiarlo, ofenderlo. Y sigue haciéndolo. Es como si los ingleses se negaran a aceptar que la Argentina fue campeón del Mundo en México de 1986 porque el árbitro, que no vio la "mano de Dios", convalidó un gol inválido.

O como si en la Argentina no se reconociera el título de Alemania en Italia 1990 por el penal más que discutible que sancionó el desagradable de Codesal.

Se acabaron los recursos judiciales. Y sólo queda enfrentar la realidad o apostar a fabricar el más eficiente de los espejismos.

Más @
http://www.lanacion.com.ar/argentina-en-default-t51707
http://www.lanacion.com.ar/la-pelea-con-los-holdouts-t48887
http://www.lanacion.com.ar/1714497-las-dos-caras-relato-y-realidad
http://www.lanacion.com.ar/1714500-holdouts-una-dura-realidad-o-un-eficiente-espejismo
http://museuhumor.blogspot.com.ar/

jueves, 19 de diciembre de 2013

Imperdibles: (PEDIDO DE) Censura previa para una investigación que roza a la Presidenta

DIARIO LA NACIÓN - J. M. SOLÁ
18 Diciembre, 2013  //  Imperdibles
Artículo extraído del diario La Nación – Por Joaquín Morales Solá

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNOFgsRjhNBRf0vMzlxAxUi6WmTR-X9LsygMe3p8IAqPGG7V8ZGrU7UrVaHBldIo9jypqMvlVtoWBSf1BOV6mNAT49JxQrridu5URfLfMFpxBwE_D91MSWEH-xFRBXnA7q_gcg1VFT6guG/s1600/Tapa+baez.jpg

La suerte que aguarda a Lázaro Báez parece ser la misma suerte de los Kirchner. ¿Cómo explicar, si no, que la justicia kirchnerista que queda esté reaccionando en bloque para blindar al empresario? ¿Podría Báez haber presentado un pedido de censura previa sin una clara indicación política del gobierno nacional y sin ciertas garantías de que su pedido será aceptado? El núcleo central del problema es que Báez y su fortuna no existirían sin los Kirchner. Una parte crucial de ese conflicto es que se trata del primer caso en el que una investigación judicial podría acercarse peligrosamente a la propia Cristina Kirchner.

La desesperación termina muchas veces en el ridículo. Ayer, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, trató de amortiguar el escándalo al calificar de “negocio privado” la relación entre el empresario y los Kirchner. Aludía así a la investigación del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon sobre insólitos y millonarios acuerdos entre Báez y los hoteles de El Calafate que son propiedad de la empresa familiar de los Kirchner. No hay nada privado en esa relación. Báez es el mayor concesionario de obras públicas de la Patagonia y esas obras son adjudicadas, desde hace diez años, por gobiernos presididos por un Kirchner.

Ni siquiera los Kirchner podrían justificar, ante una Justicia realmente independiente, la compra de esos hoteles. Mucho menos se podría justificar la contratación millonaria de hoteles propiedad de funcionarios públicos por parte de un empresario, al que a su vez esos mismos funcionarios le adjudican obras públicas. A primera vista, al menos, todo tiene las formas y el color del blanqueo de dinero.

Ya es hora de que la Justicia reabra la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, que en su momento cerró, antes de leerla, el increíble juez Norberto Oyarbide. Ese sería el instante en el que aparecería Cristina Kirchner, la única persona viva del matrimonio que acumuló una fortuna mientras gobernaba un país en sucesivas crisis.

El pedido de censura previa de Báez se choca de frente con la Constitución argentina y con las estipulaciones del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Colisiona dos veces con el bloque legal que reglamenta la vida de los argentinos y que, sobre todo, protege los derechos humanos básicos de la sociedad. Sin embargo, Báez se presentó ante la justicia federal de Santa Cruz. Toda la justicia santacruceña está colonizada por el kirchnerismo. Convertida en una unidad básica del oficialismo, está poblada de familiares, amigos y de abogados de los propios empresarios y funcionarios investigados. No es improbable que el primer caso en mucho tiempo de censura previa surja desde la autoritaria tierra de los Kirchner.

Santa Cruz es el laboratorio de pruebas de posteriores experiencias nacionales. Ahora, jueces y fiscales nacionales empiezan a trastabillar cada vez que aparece la sospecha o la responsabilidad política de Cristina Kirchner. Sucedió con el caso Boudou y la compra de la imprenta Ciccone. Saltaron por el aire el primer fiscal del caso, Carlos Rívolo; el primer juez que autorizó las decisiones de la fiscalía, Daniel Rafecas, y nada menos que el entonces jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, un peronista histórico que cometió el pecado de no frenar ni al fiscal ni al juez. El caso de Righi fue especialmente dramático porque Boudou lo acusó públicamente de prácticas deshonestas. Righi renunció en el acto. La Justicia lo sobreseyó casi de inmediato, pero él ya había perdido el cargo.

El fiscal José María Campagnoli, un implacable investigador de la corrupción del poder, cayó ahora porque se metió con Báez, hurgó en la ruta de su dinero y lo vinculó con la familia presidencial. También investigaba a Diego Rodríguez, hermano de la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, en un caso de reventa de entradas de partidos de fútbol. Esta investigación podría ser explosiva: Campagnoli estaba averiguando si hubo lavado de dinero y la vinculación del presunto delito con barrabravas. Una sorpresa final: el nombre de Lázaro Báez también está dentro de ese expediente sobre reventas, lavado y barrabravas, porque aparece varias veces mencionado en escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia.
Sea como fuere, es seguro que Campagnoli tocó el nervio más sensible del Gobierno. El trámite de su suspensión tuvo un ritmo de vértigo y comenzó el mismo día en que fue nombrada la ministra Rodríguez. Campagnoli empezó por recusar a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, una suerte de Juana de Arco de causas innobles. Gils Carbó, que había pedido la suspensión del fiscal, decidió ella misma rechazar su propia recusación. Es un trámite incorrecto, porque otro fiscal general debió evaluar el pedido de Campagnoli. Pero no había tiempo.

Luego, Gils Carbó pasó el caso de Campagnoli al Consejo Evaluador, un organismo sin jerarquía constitucional ni solvencia jurídica. En rigor, el jefe de los fiscales está en condiciones de hacer lo que quiere con los fiscales. Para amortiguar la dimensión de ese poder, Esteban Righi creó en su momento ese Consejo, integrado por cinco fiscales, para que lo asesorara sobre la conducta de los fiscales cuestionados. La existencia del Consejo se respalda sólo en una resolución del último procurador general, no fue creado por una ley ni figura en la Constitución. Condenado por el Consejo, Campagnoli pasó al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que en tiempos de Gils Carbó se transformó en una suerte de tribunal de la inquisición contra la herejía al kirchnerismo.

Ese tribunal no leyó los expedientes en los que intervino Campagnoli, no tuvo en cuenta que la Cámara del Crimen había respaldado todas las decisiones del fiscal y no le dio el derecho a la defensa. No deja de ser extremadamente grave que dentro del ámbito del Poder Judicial se desconozca el elemental derecho a la defensa. Pero es más grave aún que el tribunal haya leído sólo los argumentos de los abogados de Lázaro Báez, que pidieron la suspensión de Campagnoli. Algunos párrafos de la resolución del tribunal, que suspendió a Campagnoli, fueron directamente extraídos de los escritos de los abogados de Báez.

Campagnoli y su abogado defensor, el ex juez Ricardo Gil Lavedra, pidieron ayer la anulación de todas las actuaciones de Gils Carbó y del Tribunal de Enjuiciamiento. Requirieron también una medida cautelar para suspender la suspensión, valga la redundancia, de Campagnoli, hasta que la Justicia resuelva sobre el fondo de la cuestión. Es probable que Campagnoli y Gil Lavedra le soliciten luego un per saltum a la Corte Suprema de Justicia, si el juez de primera instancia decidiera una cautelar para reponer a Campagnoli en su cargo.

Contra la resistencia del menemismo, la reforma constitucional de 1994 dispuso la independencia de los fiscales. Fue un enorme avance para que un brazo importante de la Justicia, como son los fiscales, pudiera investigar sin depender ni siquiera de los jueces o de la Corte Suprema, aunque los jueces y la Corte deben convalidar luego las actuaciones de los fiscales. El kirchnerismo ha dado vuelta el concepto y el espíritu de la ley: está matando a los fiscales desde dentro de la propia fiscalía. Está, en última instancia, amputando los pies y las manos de la Justicia.

Cómo trataron el caso Báez los diarios cercanos al Gobierno

Los matutinos Ámbito Financiero y BAE no publicaron hoy noticias sobre el tema; qué hicieron Página 12, Tiempo Argentino, Diario Popular y Crónica

http://bucket3.clanacion.com.ar/anexos/fotos/05/el-caso-de-lazaro-baez-1814705w1138.jpg

La noticia de la decisión del empresario santacruceño Lázaro Báez de solicitar una medida cautelar para impedir que LA NACIÓN publique información sobre sus negocios con el matrimonio Kirchner recorrió diarios, webs, programas de televisión, de radio. Sin embargo, dos diarios porteños, BAE y Ámbito Financiero, no publicaron la información, y otros cuatro, Página 12, Tiempo Argentino, Diario Popular y Crónica, hicieron foco en las declaraciones del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien cuestionó ayer la cobertura del diario .
A pesar de que medios de todo el país se hicieron eco de la noticia, estos matutinos, alineados con el Gobierno, ignoraron la información, hicieron hincapié en las palabras del funcionario o priorizaron otros temas.
Página 12. El diario oficialista publicó una nota sobre el comunicado que difundió anoche Parrilli. "Pretenden tapar el papelón", fue el título elegido.
Tiempo Argentino. El matutino de Sergio Szpolski dio, en la página 16, una nota sobre el pedido de Báez y otra sobre la desmentida de Parrilli.
Diario Popular. El periódico hizo foco en el pedido de Báez de "no divulgar actividad de su empresa".
Crónica. En su página 4, en una nota secundaria , Crónica informó sobre la "nueva respuesta de Parrilli".
Las notas no mencionan las palabras "censura", "censura previa" o "mordaza".

@
http://marcelolongobardi.com/imperdibles/censura-previa-para-una-investigacion-que-roza-a-la-presidenta/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-235917-2013-12-18.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-235838-2013-12-17.html
http://www.pagina12.com.ar/buscador/resultado.php?q=l%E1zaro
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-235918-2013-12-18.html
http://www.lanacion.com.ar/el-caso-de-lazaro-baez-t49269
http://www.lanacion.com.ar/1648846-como-trataron-el-caso-baez-los-diarios-cercanos-al-gobierno
http://www.lanacion.com.ar/1648920-ricardo-forster-no-me-resulta-importante-el-tema-de-lazaro-baez

domingo, 10 de noviembre de 2013

Solá: Volver a un gobierno más débil / Longobardi: Kirchner y La Pauta Oficial

Lo recomendó Longobardi, que no es gorila. El artículo es bueno, a pesar de quien lo escribe. No dice nada nuevo, para el que está medianamente informado.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xN7dSCW5bSrOCPPHv7_UQTgLJrkh35PeuzyM4teNUkfJJ6Zn9Sjw25STmP08Tny7IQAndNhfawLw5DLBLU6RMwAJxryOSkEqYLvD0akUuZuOfhDk3i4JILljrgJutFiHDvLh8XU7NhaV/s1600/Longobardi+4.jpg

8h
Joaquín Morales Solá escribió para La Nación el Imperdible que elegí hoy. Se titula "Volver a un gobierno más débil"

Volver a un gobierno más débil

Por  | LA NACION

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggySb0sP6UfUNWXW4NrRxg5NRltf1_L-9OtyrcmyYQwpljHhsMMdYGm7mlF8Jz6Nj_zj5i_iY-736Q0fRKXUl-RlWbPpPK0cMswbKkWIWxVs6aOBPB3c9VXK9CIvoa3g4yQYP6WhwgrQPm/s1600/Tapa+Pablo+Peusner+(Reinventar+la+Debilidad+Mental,+2010).jpg

La fiesta duró poco. Ni Clarín será desguazado de inmediato ni Cristina Kirchner se irá con el cadáver del multimedio que eligió como su principal enemigo. Son las novedades que sorprenderán a la Presidenta en su lento regreso al trabajo .

La Corte no permitirá ninguna arbitrariedad ni tampoco ninguna agresión a la libertad de expresión , dijo uno de los miembros más conocidos e influyentes del máximo tribunal de justicia. El proceso será largo. Tal vez superará el período que le queda a la Presidenta de su último mandato posible.

Un entramado de conflictivas decisiones administrativas y judiciales está inscripto en un horizonte muy cercano. La Corte podría volver a tratar la aplicación de la ley , ya no la ley en sí misma, dentro de pocos meses. Esto recién empieza, señaló aquel magistrado.

El criterio casi unánime de la Corte, más allá de las importantes disidencias que hubo sobre el contenido de la ley, consiste en que ésta es un precepto declarativo, nunca aplicado. Es cierto que el Gobierno dejó correr cuatro años sin aplicar su decisión icónica, sólo porque no podía asestarle a Clarín los artículos que significaban su eliminación.

En su decisión última, la Corte instruyó al Gobierno para que la aplicación de la ley fuera "independiente, equilibrada y transparente". Clarín ya tiene motivos para decir que esa indicación no se cumplió. Martín Sabbatella sólo fue personalmente a ese Grupo a notificarlo de la decisión de la Corte. No hizo lo mismo con miles de licenciatarios restantes del espectro de radio y televisión.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkXn1HUHImIwLsV7IhlbBCCm06WbPbUr0Fc11dYqJYsJAYR2yLxm2CFUCjL_jt8SWLt8Xonm48Db5zC0vSFBviNmE_WQdmzgrmFi5DoMxAHFJnY_o1AwtqVd62Rvvz0MWesLFBAwXGd31Q/s1138/Sabbatella+-+notificaci%C3%B3n+a+Clar%C3%ADn+03.jpg

La mayoría de los jueces que aprobaron la ley cree que no ha hecho nada grave. Estamos ante un gobierno débil, sin reelección y con una ley sólo declarativa, dijo uno de ellos. De paso, se atribuyen ellos el mérito de haber frenado los proyectos reeleccionistas del cristinismo. Recuerdan que fue la Corte la que tumbó la reforma judicial que estipulaba la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Hubiera sido, dicen, una elección nacional en lugar de las distritales que hubo. El oficialismo hubiera ganado esos comicios el 27 de octubre pasado, con resultados magros, pero triunfantes frente al resto de los partidos nacionales. El golpe de gracia al reeleccionismo se lo dieron, agregan, cuando voltearon recientemente la re-reelección del kirchnerista gobernador santiagueño, Gerardo Zamora. Quedó claro que no hay posibilidad de reelecciones arbitrarias en este país, enfatizó uno de los jueces.

La Corte deberá resolver en adelante, en síntesis, si la aplicación de la ley es constitucional o no. Merodeó una disidencia fundamental entre dos jueces importantes del tribunal, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que eran, a su vez, los dos votos que definirían la posición última del tribunal. El resto de los votos, para un lado o para el otro, eran perfectamente previsibles.

Bien leídas las posiciones de ambos, los dos coincidieron en que había derechos adquiridos que protegían las propiedades de Clarín. Lorenzetti señaló, sin embargo, que esos derechos podían ser resarcidos económicamente al ser licencias que concede el Estado. Maqueda, en cambio, apuntó que los derechos adquiridos son una garantía constitucional y que, en este caso, su desconocimiento podía afectar otro derecho constitucional, la libertad de expresión. Propuso, por lo tanto, que Clarín hiciera uso de sus licencias hasta el final de las concesiones.

Lorenzetti imaginó un futuro en que un gobierno adjudicara licencias arbitrariamente y que la jurisprudencia de la Corte impidiera anularlas. Maqueda privilegió las garantías constitucionales de ahora y optó por devolverle el problema a la política después de 2015, cuando vencerán las licencias de Clarín. La división en los votos de esos jueces cruciales de la Corte inclinó la balanza final.

Con todo, una mayoría de jueces, cinco contra dos, le hizo graves advertencias al Gobierno sobre la libertad de expresión. Sobre la aplicación de la ley de medios. Sobre el pésimo manejo del Gobierno de esas libertades. Es fácilmente perceptible que la preocupación de la Corte por la situación de la prensa libre es tan pronunciada como la de periodistas y medios independientes. Hay una pregunta que no tiene respuesta por el momento: ¿no le dieron esos jueces un arma a un asesino serial, acaso, con la prudente recomendación de que no debe seguir matando?

Un aspecto de la sentencia de la Corte que no tuvo un amplio consenso en el tribunal fue la fecha elegida para darla a conocer. A varios jueces (Carmen Argibay, Maqueda y Carlos Fayt) les hubiera gustado esperar quince días después de las elecciones para difundir el fallo. Era una manera de dejar que la política digiriera los hechos políticos que promovieron las elecciones. Hubieran evitado, también, el enojo de los dirigentes políticos opositores, que vieron opacado su triunfo en menos de 48 horas, que transcurrieron entre los comicios y la sentencia.

Lorenzetti suele hablar siempre del papel de "equilibrio institucional" de la Corte. Es probable que haya considerado necesaria una dosis de equilibrio después de la más importante derrota que sufrió el kirchnerismo desde que está en el poder. Pero es difícil, si no imposible, equilibrar con un fallo de siete jueces los contundentes resultados de una elección popular. ¿Acaso la sentencia hubiera sido menos resonante quince días después? Rescatamos el respeto hacia la Corte de la mayoría de la dirigencia política, dijo uno de los jueces que decidieron sacar el fallo rápidamente.

Nombraron especialmente a Mauricio Macri y a Sergio Massa como políticos que, aun perjudicados por la oportunidad de la sentencia, criticaron respetuosamente la resolución del tribunal. Y casi todos los jueces elogiaron también la decisión del Grupo Clarín de presentar en el acto un plan de adecuación. Es un antecedente importante. Demostró que acata la ley y la sentencia. Eso tendrá mucha importancia en un futuro no muy lejano, subrayó uno de ellos. Fue una manera indirecta de aceptar que la Corte volverá sobre la ley y sobre Clarín más pronto que cualquier pronóstico político.

Un vaho de fastidio con el Gobierno es fácilmente comprobable en los despachos de los jueces supremos del país. Ningún funcionario oficial desmintió nunca las versiones que corrieron sobre supuestas presiones del Gobierno a la Corte. El trabajo de desmentir rumores e interpretaciones quedó a cargo, casi exclusivamente, de Lorenzetti. Al revés, algunos funcionarios alimentaron esas versiones, dijo uno de los jueces. La preocupación no es sólo personal. La Corte no quiere perder el prestigio social que ganó, y que fue construyendo de a poco, ladrillo sobre ladrillo. Quizás el Gobierno le cobró viejas deudas al tribunal o, tal vez, le convino el mensaje de que todavía, a pesar de fracasos y derrotas, puede controlar a la Justicia.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQyCG4_6OcE-tiZClCXY8hfdqA5sVMNQelot_Z7NV34LFTZcEcLN3D6CyoUE6tfW1cz2Vm7VmWR6Y82GDJRCvemocjJgX2tR221VT1oa1jGJK_424d6_26ZjE7vI0DNjpjAdvbnWINni_5/s1600/Morales+Sol%C3%A1+-+Magdalena+-+OEA+01.jpg

Esa clase de mensajes han sido habituales en los últimos días. El obvio apriete de la AFIP a Magdalena Ruiz Guiñazú, poco después de que denunciara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el maltrato oficial a la prensa, no fue sólo contra ella. Fue también un mensaje general de que el Gobierno tiene todavía poder. La AFIP dijo que Magdalena se encuentra entre más de 7400 personas que formularon una solicitud al ente recaudador. ¿Hay, acaso, 16.000 inspectores dando vueltas por el país? ¿Notifican personalmente a todas esas personas? Imposible. Bastaba y sobraba con una carta o con una citación al contador de la periodista para que agregara más información.

El de Magdalena con la AFIP es un caso parecido al de Sabbatella con Clarín. La excepción los delata, a la AFIP y a Sabbatella. El caso de Alfredo Leuco, robado y golpeado en la vía pública, puede responder a dos cosas que suceden: el auge del crimen o la persecución a periodistas. Hay un dato inquietante: lo acorralaron violentamente en un lugar por el que pasa todos los días a la misma hora. Leuco es uno de los firmantes de la denuncia de siete periodistas ante la Comisión de la OEA.

Criminales despiadados o sicarios políticos. Un gobierno cruel con el periodismo es el que provoca las peores conjeturas.


Lecturas recomendadas


miércoles, 23 de marzo de 2011

Marcelo Longobardi: “Hablaba con los Kirchner en privado más que lo que la gente sabe”


-En tiempos de periodistas militantes, a pesar de que sos crítico con el gobierno, no estás abonado a los programas que castigan a los no oficialistas.
-Bueno, “6, 7, 8” me “emboca” de vez en cuando. Aclaro que no veo una guerra de medios. Sí, una disputa entre medios y el gobierno. Antes se manifestaba el propio Néstor que despotricaba contra algunos grupos y ahora se hace de otra manera, a través de medios afines. Los militantes son muy tajantes en sus definiciones. Tal vez no estoy en la mira porque hago una evaluación del gobierno buena en algunos temas y mala en otros. No voy a cambiar mis opiniones porque esté “6, 7, 8”. Que por otra parte, me parece un programa gracioso, muy bien hecho. Pero creo que si se ejerciera más la tolerancia (no sólo ellos), el ambiente estaría mucho mejor. Se agitan demasiados fantasmas, sin demasiado sentido.

-¿Había que cambiar la ley de medios?
 -Sí. Pero de una manera más moderna. En cuanto a cambios concretos, lo único que se logró es que antes de una tanda te avisan que viene un espacio publicitario. Toda la energía que se puso, quedó en eso. Yo hubiera incluido más que la cantidad de medios que puede tener un grupo, que se distinguiera entre quienes producen contenidos y los que transportan las señales. Hubiera desregulado a ambas. Pero si sos Telefónica, no podés tener Telefe y si sos Clarín o Cablevisión, no podés tener Canal 13. Si no, es como si el dueño de la autopista sólo dejara circular autos marca Ford. Se eligió otra manera. Lo discutí con los Kirchner, porque yo hablaba con ellos en privado mucho más que lo que la gente sabe o cree.


miércoles, 27 de octubre de 2004

Marcelo Longobardi: "El estado es un anunciante fenomenal"

-¿A qué te referís con eso?
-A que el estado es un anunciante fenomenal.
-Esto no era diferente en el pasado.
-Es cierto. Pero el peso relativo de la publicidad oficial en la pauta general aumentó muchísimo. La disminución del caudal de anunciantes privados lo convirtió en central, indispensable. Hace diez años un "...estas empresas auspician a..." costaba diez mil dólares. Hoy se pagan dos mil pesos. Por suerte no me dedico a la parte comercial. El tercer motivo es que este es un gobierno que presiona a los medios, a las empresas y a los periodistas.

-¿Le ves algo bueno a esta gestión?
-Lo que hizo Martín Redrado en la cancillería. Y más allá de mis dicrepancias, respeto la continuidad de Lavagna. Por lo demás, me parece un gobierno grotesco.

@
http://www.lanacion.com.ar/1636880-volver-a-un-gobierno-mas-debil
http://hombresderadio.blogspot.com.ar/search?q=longobardi