Lo recomendó Longobardi, que no es gorila. El artículo es bueno, a
pesar de quien lo escribe. No dice nada nuevo, para el que está
medianamente informado.
@LongobardiM
Volver a un gobierno más débil
Por
Joaquín Morales Solá | LA NACION
La fiesta duró poco. Ni Clarín será desguazado de inmediato ni
Cristina Kirchner
se irá con el cadáver del multimedio que eligió como su principal
enemigo. Son las novedades que sorprenderán a la Presidenta en su
lento regreso al trabajo .
La Corte no permitirá ninguna arbitrariedad ni tampoco ninguna agresión a la libertad de expresión
, dijo uno de los miembros más conocidos e influyentes del máximo
tribunal de justicia. El proceso será largo. Tal vez superará el período
que le queda a la Presidenta de su último mandato posible.
Un entramado de conflictivas decisiones administrativas
y judiciales está inscripto en un horizonte muy cercano. La Corte
podría volver a tratar la
aplicación de la ley , ya no la ley en sí misma, dentro de pocos meses. Esto recién empieza, señaló aquel magistrado.
El criterio casi unánime de la Corte, más allá de las
importantes disidencias que hubo sobre el contenido de la ley, consiste
en que ésta es un precepto declarativo, nunca aplicado. Es cierto que el
Gobierno dejó correr cuatro años sin aplicar su decisión icónica, sólo
porque no podía asestarle a Clarín los artículos que significaban su
eliminación.
En su decisión última, la Corte instruyó al Gobierno para
que la aplicación de la ley fuera "independiente, equilibrada y
transparente". Clarín ya tiene motivos para decir que esa indicación no
se cumplió. Martín Sabbatella sólo fue personalmente a ese Grupo a
notificarlo de la decisión de la Corte. No hizo lo mismo con miles de
licenciatarios restantes del espectro de radio y televisión.
La mayoría de los jueces que aprobaron la ley cree que
no ha hecho nada grave. Estamos ante un gobierno débil, sin reelección y
con una ley sólo declarativa, dijo uno de ellos. De paso, se atribuyen
ellos el mérito de haber frenado los proyectos reeleccionistas del
cristinismo. Recuerdan que fue la Corte la que tumbó la reforma judicial
que estipulaba la elección popular de los miembros del Consejo de la
Magistratura.
Hubiera sido, dicen, una elección nacional en lugar de
las distritales que hubo. El oficialismo hubiera ganado esos comicios el
27 de octubre pasado, con resultados magros, pero triunfantes frente al
resto de los partidos nacionales.
El golpe de gracia al reeleccionismo
se lo dieron, agregan, cuando voltearon recientemente la re-reelección
del kirchnerista gobernador santiagueño, Gerardo Zamora. Quedó claro que
no hay posibilidad de reelecciones arbitrarias en este país, enfatizó
uno de los jueces.
La Corte deberá resolver en adelante, en síntesis, si
la aplicación de la ley es constitucional o no. Merodeó una disidencia
fundamental entre dos jueces importantes del tribunal, Ricardo
Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que eran, a su vez, los dos votos que
definirían la posición última del tribunal. El resto de los votos, para
un lado o para el otro, eran perfectamente previsibles.
Bien leídas las posiciones de ambos, los dos
coincidieron en que había derechos adquiridos que protegían las
propiedades de Clarín. Lorenzetti señaló, sin embargo, que esos derechos
podían ser resarcidos económicamente al ser licencias que concede el
Estado. Maqueda, en cambio, apuntó que los derechos adquiridos son una
garantía constitucional y que, en este caso, su desconocimiento podía
afectar otro derecho constitucional, la libertad de expresión. Propuso,
por lo tanto, que Clarín hiciera uso de sus licencias hasta el final de
las concesiones.
Lorenzetti imaginó un futuro en que un gobierno
adjudicara licencias arbitrariamente y que la jurisprudencia de la Corte
impidiera anularlas. Maqueda privilegió las garantías constitucionales
de ahora y optó por devolverle el problema a la política después de
2015, cuando vencerán las licencias de Clarín. La división en los votos
de esos jueces cruciales de la Corte inclinó la balanza final.
Con todo, una mayoría de jueces, cinco contra dos, le
hizo graves advertencias al Gobierno sobre la libertad de expresión.
Sobre la aplicación de la ley de medios. Sobre el pésimo manejo del
Gobierno de esas libertades. Es fácilmente perceptible que la
preocupación de la Corte por la situación de la prensa libre es tan
pronunciada como la de periodistas y medios independientes. Hay una
pregunta que no tiene respuesta por el momento: ¿no le dieron esos
jueces un arma a un asesino serial, acaso, con la prudente recomendación
de que no debe seguir matando?
Un aspecto de la sentencia de la Corte que no tuvo un
amplio consenso en el tribunal fue la fecha elegida para darla a
conocer. A varios jueces (Carmen Argibay, Maqueda y Carlos Fayt) les
hubiera gustado esperar quince días después de las elecciones para
difundir el fallo. Era una manera de dejar que la política digiriera los
hechos políticos que promovieron las elecciones. Hubieran evitado,
también, el enojo de los dirigentes políticos opositores, que vieron
opacado su triunfo en menos de 48 horas, que transcurrieron entre los
comicios y la sentencia.
Lorenzetti suele hablar siempre del papel de
"equilibrio institucional" de la Corte. Es probable que haya considerado
necesaria una dosis de equilibrio después de la más importante derrota
que sufrió el kirchnerismo desde que está en el poder.
Pero es difícil,
si no imposible, equilibrar con un fallo de siete jueces los
contundentes resultados de una elección popular. ¿Acaso la sentencia
hubiera sido menos resonante quince días después? Rescatamos el respeto
hacia la Corte de la mayoría de la dirigencia política, dijo uno de los
jueces que decidieron sacar el fallo rápidamente.
Nombraron especialmente a Mauricio Macri y a Sergio
Massa como políticos que, aun perjudicados por la oportunidad de la
sentencia, criticaron respetuosamente la resolución del tribunal. Y casi
todos los jueces elogiaron también la decisión del Grupo Clarín de
presentar en el acto un plan de adecuación. Es un antecedente
importante. Demostró que acata la ley y la sentencia. Eso tendrá mucha
importancia en un futuro no muy lejano, subrayó uno de ellos. Fue una
manera indirecta de aceptar que la Corte volverá sobre la ley y sobre
Clarín más pronto que cualquier pronóstico político.
Un vaho de fastidio con el Gobierno es fácilmente
comprobable en los despachos de los jueces supremos del país. Ningún
funcionario oficial desmintió nunca las versiones que corrieron sobre
supuestas presiones del Gobierno a la Corte. El trabajo de desmentir
rumores e interpretaciones quedó a cargo, casi exclusivamente, de
Lorenzetti. Al revés, algunos funcionarios alimentaron esas versiones,
dijo uno de los jueces. La preocupación no es sólo personal. La Corte no
quiere perder el prestigio social que ganó, y que fue construyendo de a
poco, ladrillo sobre ladrillo. Quizás el Gobierno le cobró viejas
deudas al tribunal o, tal vez, le convino el mensaje de que todavía, a
pesar de fracasos y derrotas, puede controlar a la Justicia.
Esa clase de mensajes han sido habituales en los
últimos días. El obvio apriete de la AFIP a Magdalena Ruiz Guiñazú, poco
después de que denunciara ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos el maltrato oficial a la prensa, no fue sólo contra ella. Fue
también un mensaje general de que el Gobierno tiene todavía poder.
La
AFIP dijo que Magdalena se encuentra entre más de 7400 personas que
formularon una solicitud al ente recaudador. ¿Hay, acaso, 16.000
inspectores dando vueltas por el país? ¿Notifican personalmente a todas
esas personas? Imposible. Bastaba y sobraba con una carta o con una
citación al contador de la periodista para que agregara más información.
El de Magdalena con la AFIP es un caso parecido al de
Sabbatella con Clarín. La excepción los delata, a la AFIP y a
Sabbatella.
El caso de Alfredo Leuco, robado y golpeado en la vía
pública, puede responder a dos cosas que suceden: el auge del crimen o
la persecución a periodistas. Hay un dato inquietante: lo acorralaron
violentamente en un lugar por el que pasa todos los días a la misma
hora. Leuco es uno de los firmantes de la denuncia de siete periodistas
ante la Comisión de la OEA.
Criminales despiadados o sicarios políticos. Un gobierno cruel con el periodismo es el que provoca las peores conjeturas.
Lecturas recomendadas
-En tiempos de periodistas militantes, a pesar de que sos crítico con
el gobierno, no estás abonado a los programas que castigan a los no
oficialistas.
-Bueno, “6, 7, 8” me “emboca” de vez en cuando. Aclaro
que no veo una guerra de medios. Sí, una disputa entre medios y el
gobierno. Antes se manifestaba el propio Néstor que despotricaba contra
algunos grupos y ahora se hace de otra manera, a través de medios
afines. Los militantes son muy tajantes en sus definiciones. Tal vez no
estoy en la mira porque hago una evaluación del gobierno buena en
algunos temas y mala en otros. No voy a cambiar mis opiniones porque
esté “6, 7, 8”. Que por otra parte, me parece un programa gracioso, muy
bien hecho. Pero creo que si se ejerciera más la tolerancia (no sólo
ellos), el ambiente estaría mucho mejor. Se agitan demasiados fantasmas,
sin demasiado sentido.
-¿Había que cambiar la ley de medios?
-Sí.
Pero de una manera más moderna. En cuanto a cambios concretos, lo único
que se logró es que antes de una tanda te avisan que viene un espacio
publicitario. Toda la energía que se puso, quedó en eso. Yo hubiera
incluido más que la cantidad de medios que puede tener un grupo, que se
distinguiera entre quienes producen contenidos y los que transportan las
señales. Hubiera desregulado a ambas. Pero si sos Telefónica, no podés
tener Telefe y si sos Clarín o Cablevisión, no podés tener Canal 13. Si
no, es como si el dueño de la autopista sólo dejara circular autos marca
Ford. Se eligió otra manera. Lo discutí con los Kirchner, porque yo
hablaba con ellos en privado mucho más que lo que la gente sabe o cree.
miércoles, 27 de octubre de 2004
-¿A qué te referís con eso?
-A que el estado es un anunciante fenomenal.
-Esto no era diferente en el pasado.
-Es
cierto. Pero el peso relativo de la publicidad oficial en la pauta
general aumentó muchísimo. La disminución del caudal de anunciantes
privados lo convirtió en central, indispensable. Hace diez años un
"...estas empresas auspician a..." costaba diez mil dólares. Hoy se
pagan dos mil pesos. Por suerte no me dedico a la parte comercial. El
tercer motivo es que este es un gobierno que presiona a los medios, a
las empresas y a los periodistas.
-
¿Le ves algo bueno a esta gestión?
-Lo que hizo
Martín Redrado en la cancillería. Y más allá de mis dicrepancias,
respeto la continuidad de Lavagna. Por lo demás, me parece un gobierno
grotesco.
@
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