"No estábamos desendeudados, como decían. Había que pagar una deuda del 2005 y del 2010.
No digan que la deuda no es de ustedes", afirmó
Jorge Lanata en el inicio del monólogo de
Periodismo Para Todos, acerca de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no aceptar tratar la demanda de los
fondos buitre contra la Argentina.
El periodista adelantó parte de lo que el tratará el programa, en el
que hablará sobre el pago que debe hacer la Argentina a los holdouts.
"Como nadie sabe de esto, nos venden cualquier verso.
Nos dijeron que nos desendeudamos y estamos en este quilombo. Nos dijeron que nadie nos puede presionar: mirá lo que pasó", aseguró.
"Te pido que te quedes todo el programa. Tengo la sensación de que
ustedes entienden todo. Pero el otro día viene un médico y me dice qué
es un fondo buitre. Si el médico no sabe eso,
¿a quién mierda le estoy hablando?", ironizó. Y agregó: "Vamos a tratar de explicar qué es esta historia".
Lanata además contó que uno de los integrantes del tribunal que juzga al fiscal
José María Campagnoli,
Daniel Adler, inventó una causa contra un magistrado de Mar Del Plata. Y
relató, también algunos casos en las que están sospechados Ernesto
Kreplak, Rodolfo Ojea Quintana y Marcelo García Berro y Adolfo Villate,
otros abogados que participan en el jury.
"La soberbia de la Presidenta la van a pagar tus hijos, los míos, todos.
Llegamos a esto por una posición de arrogancia", afirmó el economista
Martín Redrado, quien en
Periodismo Para Todos opinó sobre la deuda que tiene el Gobierno con los fondos buitre.
El economista Alfonso Prat-Gay habló en
Periodismo Para Todos sobre el conflicto que hay con los fondos buitre y criticó al Gobierno. "
Esperemos que no paguen el triple. Yo estoy preocupado porque el que negocia es Axel Kicillof", afirmó.
"El esquema de Kicillof es ante la duda pagar, como hizo con Repsol
Lo complicado del fallo es que te obliga a no pagar o a declararte
insolvente si pagás", opinó el expresidente del Banco Central.
Para Prat-Gay l
os integrantes del Gobierno "se asustaron" y "pensaron mal". "Fijate lo grotesco que fue. Estaban los carteles Patria o Buitre y en Rosario decían que pagaban", dijo.
"Esto es el resultado de la mentira de tanto tiempo. La farsa del
canje del 2005 fue 'yo te hago una quita pero te devuelvo todo con el
cupón del PBI'.
Se creyeron su propia mentira y cuando fueron a la justicia norteamericana el juez te abrochó", sostuvo.
Infartantes acrobacias sobre el filo del abismo
Artículo extraído del diario La Nación – Por Carlos Pagni
Jorge Capitanich y Axel Kicillof pasaron
las últimas 24 horas bamboleándose en el vacío como dos saltimbanquis
del Cirque du Soleil. Cristina Kirchner dirige esa infartante
exhibición. Capitanich anticipó ayer que el Gobierno no enviará una
comisión a negociar la forma de pago de la deuda con los holdouts en el
juzgado de Thomas Griesa. La noche anterior, Kicillof comunicó que no se
pagarían en Nueva York los US$ 900 millones correspondientes a bonos
reestructurados que tienen vencimiento a fin de mes. La Argentina había
anunciado, por segunda vez en 13 años, el default de sus compromisos
financieros. La Bolsa tuvo su enésima caída y el dólar paralelo trepó a $
12,65.
Al mediodía, una fuente anónima del
Ministerio de Economía informó a la agencia Reuters que esa definición
de la más alta conducción económica no era “tan así”. Se alineaba con
los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que patrocina a la República,
quienes anteayer informaron a Griesa que “las autoridades están
dispuestas a venir a negociar”. El mercado suspiró cuando leyó el cable:
pasó de la certeza del colapso a la incertidumbre. Es lo más que se
puede esperar en estas horas de la administración económica argentina.
El Gobierno sigue oscilando en el abismo.
La brumosa aclaración de Economía fortaleció la versión de una negociación con el fondo Elliot y los demás holdouts.
Varios de ellos son pequeños ahorristas argentinos. Minibuitres.
El acuerdo consistiría en pagar los US$
1330 millones adeudados con un título similar al que recibió Repsol por
las acciones de YPF. La oferta podría extenderse a los tenedores de
bonos impagos que no fueron a juicio.
Algunos expertos sugerían anoche que,
para evitar la cláusula RUFO (rights upon future offers), que obliga a
extender a los tenedores de papeles reestructurados las ventajas que se
concedan a otros acreedores, convendría pedir la intermediación de un
banco.
La entidad recibiría del Estado una suma
que no superara la que se ofreció en los canjes. Pero pagaría a los
holdouts la totalidad de su reclamo. La diferencia sería saldada con el
banco con la excusa de algún otro concepto.
Paul Singer, el titular del fondo
Elliott, tiene un fuerte incentivo a aceptar una propuesta como ésa. Los
que le prestaron sus ahorros a la espera de cobrar en un juicio rápido
han pasado ya una década recibiendo no más que una moneda. Mientras
tanto, él debió pagar los letrados que llevan adelante la aventura.
“Desde el comienzo queremos negociar”, dijo el abogado de Singer,
anteayer, en lo de Griesa.
Los indicios de un encauzamiento del
conflicto no alcanzaron para despejar la confusión. No por una
estrategia de los funcionarios de nublar el panorama. La vacilación se
debe a que el Gobierno da señales de estar perdido en un laberinto
conceptual.
El comunicado de Economía, por ejemplo,
lamentaba que la Cámara de Apelaciones neoyorquina hubiera levantado la
cautelar que impedía embargar a favor de los holdouts los fondos
destinados a los tenedores de bonos reestructurados. “Muestra la
inexistencia de voluntad de negociación”, dijo. Como si fueran los
jueces, y no los acreedores, los que deben negociar con el deudor.
La misma falta de discernimiento -y de
astucia- se puso de manifiesto el lunes, en el discurso de la
Presidenta, cuando además de vituperar a los pestilentes holdouts
también vapuleó a Griesa, como si fuera un “buitre” más.
Kicillof cayó en ese error al día
siguiente, al explicar que él ya conocía el resultado de la peripecia
judicial, por ser la instrumentación de una estrategia de destrucción de
la economía nacional a la que sirven el Poder Judicial norteamericano,
los holdouts y, moviendo su perversa mano invisible, el capitalismo a
secas.
Esa tendencia a la generalización vuelve a
demostrar que a Kicillof el bosque no lo deja ver el árbol. Cristina
Kirchner también hizo apreciaciones ajenas al problema, como cuando
habló de la gran rentabilidad que obtuvieron los “buitres” en estos
años. Una tasa convencional si se la compara con la de sus hoteles en El
Calafate o con el incremento de su patrimonio desde el año 2003.
Con la misma falta de rigor, la señora de
Kirchner y Kicillof dictaminaron que el fallo de Griesa supone
desembolsar no US$ 1300 millones en títulos, sino US$ 15.000 en
efectivo, que sería el monto de todos los bonos que no entraron en el
canje. Sin embargo, la identificación de los tenedores de esos papeles
todavía está pendiente y requiere un trámite judicial.
Lo aclaró el abogado de los holdouts,
Robert Cohen, delante de Griesa: “Aquí estamos discutiendo US$ 1300
millones, no 15.000″. Tal vez Cohen no advierte que hablar de 15.000 le
permitiría al kirchnerismo dar la vuelta olímpica cuando pague los 1300.
La señora de Kirchner también dijo que,
si se reconociera la deuda de los holdouts, habría que compensar a los
bonistas que aceptaron los canjes.
Sin embargo, existe un consenso bastante
extendido acerca de que la cláusula RUFO no rige si a los holdouts se
les paga por un mandato judicial y no por un acuerdo. Los tenedores de
bonos reestructurados ya consiguieron una abogada exitosa: pueden
reclamar en la justicia alegando el discurso de la Presidenta.
No fueron los únicos desaciertos que
desnudan una gestión poco profesional del problema. Cristina Kirchner
lamentó que, con fallos como el de Griesa, todas las reestructuraciones
futuras se malogren. Mientras lo decía, Rafael Correa, su amigo
ecuatoriano, que declaró el default en 2008, regresaba al mercado
capturando US$ 2000 millones a una tasa inferior a 8%. Ella también
repitió que la deuda que se discute no fue contraída por ella. El
detalle no atenúa su responsabilidad. ¿Qué pasaría si el próximo
presidente no corrigiera la inflación o el déficit energético diciendo
que él no los provocó?
En su presentación, la Presidenta
despotricó contra el Poder Judicial argentino, sobre todo por la
celeridad en citar a Amado Boudou. Pero, al mismo tiempo, anunció que
tal vez ofrecerá a quienes tengan bonos reestructurados evadir la
jurisdicción neoyorquina para someterse a la de esos jueces indeseables.
La amenaza de evadir a la justicia
norteamericana, en la que insistió Kicillof, también es una gaffe. En
principio, exhibe la irrefrenable propensión del kirchnerismo a
desobedecer a los tribunales. Por ejemplo, a la Corte Suprema argentina,
cuando ajusta el haber de los jubilados. ¿Qué casillero de la
ornitología ocuparán estos acreedores?
Además, la fuga que se insinúa es
impracticable. Supondría entrar también en default con los que aceptaron
los canjes, una chance que relampagueaba anteanoche en el comunicado de
Economía.
La dificultad para modificar la sede de
pago es que requiere la aceptación de una mayoría superior al 66% de los
bonistas. Muchos de ellos son instituciones que tienen prohibido
atesorar papeles con una jurisdicción distinta de Nueva York. Además,
los bonos son administrados por instituciones alcanzadas por la
sentencia de Griesa. Por ejemplo, están depositados en la Depositary
Trust Company, una especie de Caja de Valores de alcance global. Quiere
decir que la hipótesis de profugarse de la jurisdicción norteamericana
presenta inconvenientes logísticos casi insolubles.
Sería un error, sin embargo, atribuir a
estas deficiencias la incertidumbre generada por el Gobierno. La raíz de
ese desasosiego está en la dificultad de Cristina Kirchner y su equipo
para comunicar que conocen los costos a los que se expone el país si se
arrojan al abismo del default.
Ni siquiera está claro si están al tanto
de los daños que se provocarían a sí mismos. Porque la decisión de
terminar de romper con las redes de financiamiento haría que la economía
involucionara hacia el momento previo a la devaluación de enero.
Se reabriría el drenaje de reservas,
obligando a subir la tasa de interés hacia un nivel insostenible, que
desencadenaría una nueva devaluación. Las provincias e YPF ya no podrían
seguir ingresando dólares y también se retraería la oferta de los
exportadores.
Para compensar esa falta de divisas
deberían derrumbarse las importaciones, con la consecuente caída del
nivel de actividad y de empleo. Si los problemas que afectan al país son
la inflación y la recesión, la receta rupturista garantizaría el
agravamiento de ambas.
Tampoco hay motivos para pensar que la
Presidenta detecta los beneficios que obtendría de un acuerdo. El país
podría financiarse a una tasa inferior a 8%, lo que permitiría reponer
reservas sin necesidad de aumentar la recesión.
Los acróbatas están en el aire. Y la vida
pública, expuesta al peligro de esa tercera ley de la estupidez humana
que tan bien formuló Carlo Cipolla: “Una persona es estúpida si causa
daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia
personal alguna o, incluso peor, provocándose un daño a sí misma en el
proceso”.
Todavía es temprano para festejar
Artículo extraído del diario La Nación – Por Carlos Pagni
Al anunciar, con el tono equívoco de quien
convoca a una batalla, que saldará la deuda con los holdouts, Cristina
Kirchner modificó la visión de la dirigencia política y empresarial
sobre el futuro inmediato del país. Sin embargo, es imposible calibrar
la profundidad de ese cambio.
Entre los asesores de los principales
candidatos, en la banca y entre los inversores atentos a la economía
local se discute si la Presidenta decidió la normalización general del
frente externo o si sólo ha evitado una catástrofe. El debate se asienta
en un detalle decisivo: el eventual acuerdo de la deuda reduciría el
costo del dinero de 12 a 8%. Es una ventaja importante para un gobierno
afectado por una crisis de reservas. Pero nadie asegura que el
kirchnerismo esté dispuesto a aprovecharla.
La atención de los próximos días seguirá
puesta en el acercamiento de los funcionarios al juzgado de Thomas
Griesa. Los movimientos son muy descoordinados. Aunque el omnisciente
Axel Kicillof dijo saber que “la Corte rechazaría el caso”, no parece
haber previsto una estrategia. El viernes, en Rosario, la Presidenta
avanzó hacia un acuerdo.
Y con la solicitada que horas después
publicó en el Wall Street Journal (WSJ), retrocedió. Quizás ese texto
hubiera persuadido a la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el
caso. Pero la señora de Kirchner llegó tarde. El eterno problema con la
puntualidad.
En el nuevo contexto, además de
contraproducente, esa publicación es ingenua. Para evitar que los
bonistas que aceptaron los canjes reclamen la ventaja que se otorgará a
los holdouts, el Gobierno necesita que Griesa certifique que no
se está celebrando un acuerdo sino obedeciendo una sentencia. ¿Para qué,
entonces, irritarlo con críticas a un fallo convalidado por la Corte?
Ya bastante cara puede resultar la tenebrosa “Fisonomía de Griesa” que
el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, sordo al
mandato martinfierrista, describió en Página 12. Fue en 2012: era
imposible que un kirchnerista saliera de su presente eterno para
calcular que dos años después necesitaría un favor del mismo magistrado.
Griesa conoce el “encorvado dicterio” de González: se lo leyeron los
“buitres”.
La solicitada también es candorosa cuando
reduce sus diatribas a Paul Singer, el titular del fondo Elliot, uno de
los beneficiarios del fallo de Griesa. El Gobierno no ha prestado
atención al fondo Aurelius. Su administrador, Mark Brodsky, fue
bautizado como Terminator por The Independent, debido a su escasa
flexibilidad como acreedor. Mientras desde las oficinas de Singer
adelantaron que negociarán, Brodsky insiste en que la Argentina no obra
de buena fe. Los funcionarios deberían reparar en esta divergencia.
Brodsky puede ser el “buitre del buitre”. No vaya a ser que, en medio de
la discusión, monte con Singer el juego del policía bueno y el policía
malo. Antes de fundar Aurelius, Brodsky fue el principal abogado de
Elliot.
Los funcionarios no entran en este tipo
de detalles. La semana pasada, en el Congreso, Carlos Zannini debió ser
alertado sobre un problema mucho más visible. Graciela Camaño le
aconsejó que hiciera testar de la versión taquigráfica su explicación de
cómo la Argentina se profugaría de la jurisdicción neoyorquina para
eludir la sentencia de Griesa. “La Presidenta puede decir lo que quiera
en una tribuna, pero el acta de los taquígrafos es un documento
público”, le advirtió, pedagógica, Camaño. Los pormenores de la
negociación se debatieron esa tarde en presencia de 70 legisladores. Más
de uno se tentó con enviar un mensaje de texto a su agente de bolsa.
En el WSJ, el Gobierno repitió que, si se
pagaran los US$ 1300 millones que determinó Griesa, habría que destinar
13.700 millones más a los acreedores que aún no fueron a juicio. Es un
reconocimiento generoso. Hasta ahora sólo hay registro del 60% de ese
universo. Es decir, US$ 8200 millones.
En caso de no haber acuerdo con los holdouts,
los activos externos argentinos estarán sometidos a embargos. La Corte
de Estados Unidos no quiso blindar esos bienes en nombre de la inmunidad
soberana. El juez Antonin Scalia sostuvo que ese beneficio demandaría
la modificación de una ley del Congreso. Podría haber sido un objetivo
de la Cancillería y de la embajada en Washington. Pero no lo previeron.
Si no se paga a los holdouts,
también las empresas estarán amenazadas. Por ejemplo, algunos
desarrolladores inmobiliarios que son socios de la Anses y emprendieron
proyectos en Miami. Hay indicios de que los holdouts están atentos a cualquier desembolso de Petronas en YPF. Y tal vez Chevron deba desenmascarar las sociedades offshore
a través de las cuales pactó con Miguel Galuccio su inversión en Vaca
Muerta. Sería una ironía: la voracidad de un “buitre” terminaría sacando
a luz un contrato que la petrolera nacional y popular mantiene oculto.
El mercado financiero está ajeno a estos desvelos. Los traders
reclaman a los departamentos jurídicos de sus bancos un visto bueno
para intervenir en el que parece ser el negocio de la hora: un acuerdo
en Nueva York mejoraría de 20 a 35% el valor de los papeles argentinos. A
los expertos en finanzas les resulta imposible concebir que el Gobierno
no advierta el beneficio. Razonan así: las necesidades de
financiamiento de la Nación, las provincias e YPF suman unos US$ 20.000
millones. Si la tasa bajara de 12% -que es lo que paga la tesorería
bonaerense- a 8%, se ahorrarían más de US$ 700 millones por año. Pagar a
los holdouts con la fórmula que se aplicó con Repsol
significaría emitir títulos por unos US$ 8000 millones. Con el ahorro de
la tasa se saldaría la cuenta en una década.
Los políticos afectados por la estrategia
financiera del Gobierno alientan una salida negociada. Para evitar una
turbulencia en plena campaña presidencial, Daniel Scioli necesita
colocar títulos por US$ 1200 millones el año que viene. A Mauricio Macri
le alcanzan US$ 600 millones. Y Miguel Galuccio necesita unos US$ 3000
millones.
Se entiende que para ellos los “buitres”
se estén convirtiendo en ruiseñores. Un ejemplo: si la Capital Federal
estuviera en Bolivia, que se endeuda al 5%, con los intereses que pagó
en 2013 Macri podría haber tomado fondos para hacer el doble de obra
pública.
Esta álgebra política es el principal
factor del optimismo del mercado. En cambio, allí no está tan claro que,
alentada por la caída del costo del dinero, la Presidenta autorice a
Kicillof a reponer los dólares del Banco Central emitiendo deuda. El
Gobierno está entrampado en una contradicción: para mantener el nivel de
reservas debe subir la tasa de interés, con la consiguiente caída del
nivel de actividad. Es la vía más recesiva para conseguir divisas:
reducir importaciones. La gobernabilidad kirchnerista exige, entonces,
la destrucción de puestos de trabajo.
La emisión de deuda en el mercado
permitiría escapar de esta pinza. Aumentarían las reservas, pero no a
costa de un mayor enfriamiento de la economía. Scioli, Florencio
Randazzo y los demás candidatos del Frente para la Victoria celebrarían
la decisión: el Gobierno llegaría a las elecciones con el horizonte
despejado de tormentas. Sin embargo, la señora de Kirchner no parece
dispuesta a sacrificar el rasgo diferencial de su “modelo”: crecer sin
pedir prestado. Aun cuando ya no haya crecimiento.
Los empresarios que estudian negocios de largo plazo creen que si bien un acuerdo con los holdouts
evitará un colapso, no inaugurará una corriente de inversión. El
titular de un fondo con intereses en la industria explica: “Si se
resuelve el problema de la deuda, habrá una oportunidad con títulos y
acciones, pero no una apuesta más profunda. El gran atractivo del país
está en petróleo y gas, y allí las dificultades no las resuelve Griesa”.
El límite para esas inversiones sigue
siendo la macroeconomía. La escasez de reservas impide importar equipos y
distribuir dividendos. Los hidrocarburos siguen teniendo precios
regulados. Los subsidios por productividad a veces no se pagan. Y la
comisión intervencionista de Kicillof está vigente. Éstos son los
problemas que enfrenta Galuccio en YPF. Y los gobernadores de provincias
petroleras se han propuesto demostrarlo.
El neuquino Jorge Sapag negocia con sus
colegas una propuesta por la cual las empresas provinciales de energía
ofrecen discutir la forma y el porcentaje de su participación en el
negocio petrolero. A cambio, pretenden que el Gobierno reduzca impuestos
a las inversiones, aumente la disponibilidad del crudo y fije un nuevo
sendero de precios. La intención es aclarar que la demora de las grandes
multinacionales en llegar a Vaca Muerta no se debe a que las provincias
les cobran un peaje. Es la política nacional la que, asfixiada por la
escasez de dólares, no les ofrece garantías.
Éste es el punto de intersección entre el
problema de la deuda y la crisis energética. Es el dato que a Galuccio
le cuesta registrar. Si lo hiciera, en vez de discutir con los
gobernadores debería hacerlo con su jefa.
Artículo extraído del diario El Cronista – Por Willy Kohan
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