martes, 24 de junio de 2014

Lanata 2014: Programa N°10 en HD - La Deuda Eterna + Un doblete de notas de opinión de Carlos Pagni

"No estábamos desendeudados, como decían. Había que pagar una deuda del 2005 y del 2010. No digan que la deuda no es de ustedes", afirmó Jorge Lanata en el inicio del monólogo de Periodismo Para Todos, acerca de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no aceptar tratar la demanda de los fondos buitre contra la Argentina.

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El periodista adelantó parte de lo que el tratará el programa, en el que hablará sobre el pago que debe hacer la Argentina a los holdouts. "Como nadie sabe de esto, nos venden cualquier verso. Nos dijeron que nos desendeudamos y estamos en este quilombo. Nos dijeron que nadie nos puede presionar: mirá lo que pasó", aseguró.

"Te pido que te quedes todo el programa. Tengo la sensación de que ustedes entienden todo. Pero el otro día viene un médico y me dice qué es un fondo buitre. Si el médico no sabe eso, ¿a quién mierda le estoy hablando?", ironizó. Y agregó: "Vamos a tratar de explicar qué es esta historia".

Lanata además contó que uno de los integrantes del tribunal que juzga al fiscal José María Campagnoli, Daniel Adler, inventó una causa contra un magistrado de Mar Del Plata. Y relató, también algunos casos en las que están sospechados Ernesto Kreplak, Rodolfo Ojea Quintana y Marcelo García Berro y Adolfo Villate, otros abogados que participan en el jury.



"La soberbia de la Presidenta la van a pagar tus hijos, los míos, todos. Llegamos a esto por una posición de arrogancia", afirmó el economista Martín Redrado, quien en Periodismo Para Todos opinó sobre la deuda que tiene el Gobierno con los fondos buitre.

El economista Alfonso Prat-Gay habló en Periodismo Para Todos sobre el conflicto que hay con los fondos buitre y criticó al Gobierno. "Esperemos que no paguen el triple. Yo estoy preocupado porque el que negocia es Axel Kicillof", afirmó.

 "El esquema de Kicillof es ante la duda pagar, como hizo con Repsol Lo complicado del fallo es que te obliga a no pagar o a declararte insolvente si pagás", opinó el expresidente del Banco Central.

Para Prat-Gay los integrantes del Gobierno "se asustaron" y "pensaron mal". "Fijate lo grotesco que fue. Estaban los carteles Patria o Buitre y en Rosario decían que pagaban", dijo.

"Esto es el resultado de la mentira de tanto tiempo. La farsa del canje del 2005 fue 'yo te hago una quita pero te devuelvo todo con el cupón del PBI'. Se creyeron su propia mentira y cuando fueron a la justicia norteamericana el juez te abrochó", sostuvo.


Infartantes acrobacias sobre el filo del abismo

June 20, 2014  //  Imperdibles
Artículo extraído del diario La Nación – Por Carlos Pagni

Jorge Capitanich y Axel Kicillof pasaron las últimas 24 horas bamboleándose en el vacío como dos saltimbanquis del Cirque du Soleil. Cristina Kirchner dirige esa infartante exhibición. Capitanich anticipó ayer que el Gobierno no enviará una comisión a negociar la forma de pago de la deuda con los holdouts en el juzgado de Thomas Griesa. La noche anterior, Kicillof comunicó que no se pagarían en Nueva York los US$ 900 millones correspondientes a bonos reestructurados que tienen vencimiento a fin de mes. La Argentina había anunciado, por segunda vez en 13 años, el default de sus compromisos financieros. La Bolsa tuvo su enésima caída y el dólar paralelo trepó a $ 12,65.

Al mediodía, una fuente anónima del Ministerio de Economía informó a la agencia Reuters que esa definición de la más alta conducción económica no era “tan así”. Se alineaba con los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que patrocina a la República, quienes anteayer informaron a Griesa que “las autoridades están dispuestas a venir a negociar”. El mercado suspiró cuando leyó el cable: pasó de la certeza del colapso a la incertidumbre. Es lo más que se puede esperar en estas horas de la administración económica argentina. El Gobierno sigue oscilando en el abismo.

La brumosa aclaración de Economía fortaleció la versión de una negociación con el fondo Elliot y los demás holdouts.

Varios de ellos son pequeños ahorristas argentinos. Minibuitres.

El acuerdo consistiría en pagar los US$ 1330 millones adeudados con un título similar al que recibió Repsol por las acciones de YPF. La oferta podría extenderse a los tenedores de bonos impagos que no fueron a juicio.

Algunos expertos sugerían anoche que, para evitar la cláusula RUFO (rights upon future offers), que obliga a extender a los tenedores de papeles reestructurados las ventajas que se concedan a otros acreedores, convendría pedir la intermediación de un banco.

La entidad recibiría del Estado una suma que no superara la que se ofreció en los canjes. Pero pagaría a los holdouts la totalidad de su reclamo. La diferencia sería saldada con el banco con la excusa de algún otro concepto.

Paul Singer, el titular del fondo Elliott, tiene un fuerte incentivo a aceptar una propuesta como ésa. Los que le prestaron sus ahorros a la espera de cobrar en un juicio rápido han pasado ya una década recibiendo no más que una moneda. Mientras tanto, él debió pagar los letrados que llevan adelante la aventura. “Desde el comienzo queremos negociar”, dijo el abogado de Singer, anteayer, en lo de Griesa.

Los indicios de un encauzamiento del conflicto no alcanzaron para despejar la confusión. No por una estrategia de los funcionarios de nublar el panorama. La vacilación se debe a que el Gobierno da señales de estar perdido en un laberinto conceptual.

El comunicado de Economía, por ejemplo, lamentaba que la Cámara de Apelaciones neoyorquina hubiera levantado la cautelar que impedía embargar a favor de los holdouts los fondos destinados a los tenedores de bonos reestructurados. “Muestra la inexistencia de voluntad de negociación”, dijo. Como si fueran los jueces, y no los acreedores, los que deben negociar con el deudor.

La misma falta de discernimiento -y de astucia- se puso de manifiesto el lunes, en el discurso de la Presidenta, cuando además de vituperar a los pestilentes holdouts también vapuleó a Griesa, como si fuera un “buitre” más.

Kicillof cayó en ese error al día siguiente, al explicar que él ya conocía el resultado de la peripecia judicial, por ser la instrumentación de una estrategia de destrucción de la economía nacional a la que sirven el Poder Judicial norteamericano, los holdouts y, moviendo su perversa mano invisible, el capitalismo a secas.

Esa tendencia a la generalización vuelve a demostrar que a Kicillof el bosque no lo deja ver el árbol. Cristina Kirchner también hizo apreciaciones ajenas al problema, como cuando habló de la gran rentabilidad que obtuvieron los “buitres” en estos años. Una tasa convencional si se la compara con la de sus hoteles en El Calafate o con el incremento de su patrimonio desde el año 2003.

Con la misma falta de rigor, la señora de Kirchner y Kicillof dictaminaron que el fallo de Griesa supone desembolsar no US$ 1300 millones en títulos, sino US$ 15.000 en efectivo, que sería el monto de todos los bonos que no entraron en el canje. Sin embargo, la identificación de los tenedores de esos papeles todavía está pendiente y requiere un trámite judicial.

Lo aclaró el abogado de los holdouts, Robert Cohen, delante de Griesa: “Aquí estamos discutiendo US$ 1300 millones, no 15.000″. Tal vez Cohen no advierte que hablar de 15.000 le permitiría al kirchnerismo dar la vuelta olímpica cuando pague los 1300.

La señora de Kirchner también dijo que, si se reconociera la deuda de los holdouts, habría que compensar a los bonistas que aceptaron los canjes.

Sin embargo, existe un consenso bastante extendido acerca de que la cláusula RUFO no rige si a los holdouts se les paga por un mandato judicial y no por un acuerdo. Los tenedores de bonos reestructurados ya consiguieron una abogada exitosa: pueden reclamar en la justicia alegando el discurso de la Presidenta.

No fueron los únicos desaciertos que desnudan una gestión poco profesional del problema. Cristina Kirchner lamentó que, con fallos como el de Griesa, todas las reestructuraciones futuras se malogren. Mientras lo decía, Rafael Correa, su amigo ecuatoriano, que declaró el default en 2008, regresaba al mercado capturando US$ 2000 millones a una tasa inferior a 8%. Ella también repitió que la deuda que se discute no fue contraída por ella. El detalle no atenúa su responsabilidad. ¿Qué pasaría si el próximo presidente no corrigiera la inflación o el déficit energético diciendo que él no los provocó?

En su presentación, la Presidenta despotricó contra el Poder Judicial argentino, sobre todo por la celeridad en citar a Amado Boudou. Pero, al mismo tiempo, anunció que tal vez ofrecerá a quienes tengan bonos reestructurados evadir la jurisdicción neoyorquina para someterse a la de esos jueces indeseables.

La amenaza de evadir a la justicia norteamericana, en la que insistió Kicillof, también es una gaffe. En principio, exhibe la irrefrenable propensión del kirchnerismo a desobedecer a los tribunales. Por ejemplo, a la Corte Suprema argentina, cuando ajusta el haber de los jubilados. ¿Qué casillero de la ornitología ocuparán estos acreedores?

Además, la fuga que se insinúa es impracticable. Supondría entrar también en default con los que aceptaron los canjes, una chance que relampagueaba anteanoche en el comunicado de Economía.

La dificultad para modificar la sede de pago es que requiere la aceptación de una mayoría superior al 66% de los bonistas. Muchos de ellos son instituciones que tienen prohibido atesorar papeles con una jurisdicción distinta de Nueva York. Además, los bonos son administrados por instituciones alcanzadas por la sentencia de Griesa. Por ejemplo, están depositados en la Depositary Trust Company, una especie de Caja de Valores de alcance global. Quiere decir que la hipótesis de profugarse de la jurisdicción norteamericana presenta inconvenientes logísticos casi insolubles.

Sería un error, sin embargo, atribuir a estas deficiencias la incertidumbre generada por el Gobierno. La raíz de ese desasosiego está en la dificultad de Cristina Kirchner y su equipo para comunicar que conocen los costos a los que se expone el país si se arrojan al abismo del default.

Ni siquiera está claro si están al tanto de los daños que se provocarían a sí mismos. Porque la decisión de terminar de romper con las redes de financiamiento haría que la economía involucionara hacia el momento previo a la devaluación de enero.

Se reabriría el drenaje de reservas, obligando a subir la tasa de interés hacia un nivel insostenible, que desencadenaría una nueva devaluación. Las provincias e YPF ya no podrían seguir ingresando dólares y también se retraería la oferta de los exportadores.

Para compensar esa falta de divisas deberían derrumbarse las importaciones, con la consecuente caída del nivel de actividad y de empleo. Si los problemas que afectan al país son la inflación y la recesión, la receta rupturista garantizaría el agravamiento de ambas.

Tampoco hay motivos para pensar que la Presidenta detecta los beneficios que obtendría de un acuerdo. El país podría financiarse a una tasa inferior a 8%, lo que permitiría reponer reservas sin necesidad de aumentar la recesión.

Los acróbatas están en el aire. Y la vida pública, expuesta al peligro de esa tercera ley de la estupidez humana que tan bien formuló Carlo Cipolla: “Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna o, incluso peor, provocándose un daño a sí misma en el proceso”.


Todavía es temprano para festejar

June 23, 2014  //  Imperdibles
Artículo extraído del diario La Nación – Por Carlos Pagni

Al anunciar, con el tono equívoco de quien convoca a una batalla, que saldará la deuda con los holdouts, Cristina Kirchner modificó la visión de la dirigencia política y empresarial sobre el futuro inmediato del país. Sin embargo, es imposible calibrar la profundidad de ese cambio.

Entre los asesores de los principales candidatos, en la banca y entre los inversores atentos a la economía local se discute si la Presidenta decidió la normalización general del frente externo o si sólo ha evitado una catástrofe. El debate se asienta en un detalle decisivo: el eventual acuerdo de la deuda reduciría el costo del dinero de 12 a 8%. Es una ventaja importante para un gobierno afectado por una crisis de reservas. Pero nadie asegura que el kirchnerismo esté dispuesto a aprovecharla.

La atención de los próximos días seguirá puesta en el acercamiento de los funcionarios al juzgado de Thomas Griesa. Los movimientos son muy descoordinados. Aunque el omnisciente Axel Kicillof dijo saber que “la Corte rechazaría el caso”, no parece haber previsto una estrategia. El viernes, en Rosario, la Presidenta avanzó hacia un acuerdo.

Y con la solicitada que horas después publicó en el Wall Street Journal (WSJ), retrocedió. Quizás ese texto hubiera persuadido a la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el caso. Pero la señora de Kirchner llegó tarde. El eterno problema con la puntualidad.

En el nuevo contexto, además de contraproducente, esa publicación es ingenua. Para evitar que los bonistas que aceptaron los canjes reclamen la ventaja que se otorgará a los holdouts, el Gobierno necesita que Griesa certifique que no se está celebrando un acuerdo sino obedeciendo una sentencia. ¿Para qué, entonces, irritarlo con críticas a un fallo convalidado por la Corte? Ya bastante cara puede resultar la tenebrosa “Fisonomía de Griesa” que el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, sordo al mandato martinfierrista, describió en Página 12. Fue en 2012: era imposible que un kirchnerista saliera de su presente eterno para calcular que dos años después necesitaría un favor del mismo magistrado. Griesa conoce el “encorvado dicterio” de González: se lo leyeron los “buitres”.

La solicitada también es candorosa cuando reduce sus diatribas a Paul Singer, el titular del fondo Elliot, uno de los beneficiarios del fallo de Griesa. El Gobierno no ha prestado atención al fondo Aurelius. Su administrador, Mark Brodsky, fue bautizado como Terminator por The Independent, debido a su escasa flexibilidad como acreedor. Mientras desde las oficinas de Singer adelantaron que negociarán, Brodsky insiste en que la Argentina no obra de buena fe. Los funcionarios deberían reparar en esta divergencia. Brodsky puede ser el “buitre del buitre”. No vaya a ser que, en medio de la discusión, monte con Singer el juego del policía bueno y el policía malo. Antes de fundar Aurelius, Brodsky fue el principal abogado de Elliot.

Los funcionarios no entran en este tipo de detalles. La semana pasada, en el Congreso, Carlos Zannini debió ser alertado sobre un problema mucho más visible. Graciela Camaño le aconsejó que hiciera testar de la versión taquigráfica su explicación de cómo la Argentina se profugaría de la jurisdicción neoyorquina para eludir la sentencia de Griesa. “La Presidenta puede decir lo que quiera en una tribuna, pero el acta de los taquígrafos es un documento público”, le advirtió, pedagógica, Camaño. Los pormenores de la negociación se debatieron esa tarde en presencia de 70 legisladores. Más de uno se tentó con enviar un mensaje de texto a su agente de bolsa.

En el WSJ, el Gobierno repitió que, si se pagaran los US$ 1300 millones que determinó Griesa, habría que destinar 13.700 millones más a los acreedores que aún no fueron a juicio. Es un reconocimiento generoso. Hasta ahora sólo hay registro del 60% de ese universo. Es decir, US$ 8200 millones.

En caso de no haber acuerdo con los holdouts, los activos externos argentinos estarán sometidos a embargos. La Corte de Estados Unidos no quiso blindar esos bienes en nombre de la inmunidad soberana. El juez Antonin Scalia sostuvo que ese beneficio demandaría la modificación de una ley del Congreso. Podría haber sido un objetivo de la Cancillería y de la embajada en Washington. Pero no lo previeron.

Si no se paga a los holdouts, también las empresas estarán amenazadas. Por ejemplo, algunos desarrolladores inmobiliarios que son socios de la Anses y emprendieron proyectos en Miami. Hay indicios de que los holdouts están atentos a cualquier desembolso de Petronas en YPF. Y tal vez Chevron deba desenmascarar las sociedades offshore a través de las cuales pactó con Miguel Galuccio su inversión en Vaca Muerta. Sería una ironía: la voracidad de un “buitre” terminaría sacando a luz un contrato que la petrolera nacional y popular mantiene oculto.

El mercado financiero está ajeno a estos desvelos. Los traders reclaman a los departamentos jurídicos de sus bancos un visto bueno para intervenir en el que parece ser el negocio de la hora: un acuerdo en Nueva York mejoraría de 20 a 35% el valor de los papeles argentinos. A los expertos en finanzas les resulta imposible concebir que el Gobierno no advierta el beneficio. Razonan así: las necesidades de financiamiento de la Nación, las provincias e YPF suman unos US$ 20.000 millones. Si la tasa bajara de 12% -que es lo que paga la tesorería bonaerense- a 8%, se ahorrarían más de US$ 700 millones por año. Pagar a los holdouts con la fórmula que se aplicó con Repsol significaría emitir títulos por unos US$ 8000 millones. Con el ahorro de la tasa se saldaría la cuenta en una década.

Los políticos afectados por la estrategia financiera del Gobierno alientan una salida negociada. Para evitar una turbulencia en plena campaña presidencial, Daniel Scioli necesita colocar títulos por US$ 1200 millones el año que viene. A Mauricio Macri le alcanzan US$ 600 millones. Y Miguel Galuccio necesita unos US$ 3000 millones.

Se entiende que para ellos los “buitres” se estén convirtiendo en ruiseñores. Un ejemplo: si la Capital Federal estuviera en Bolivia, que se endeuda al 5%, con los intereses que pagó en 2013 Macri podría haber tomado fondos para hacer el doble de obra pública.

Esta álgebra política es el principal factor del optimismo del mercado. En cambio, allí no está tan claro que, alentada por la caída del costo del dinero, la Presidenta autorice a Kicillof a reponer los dólares del Banco Central emitiendo deuda. El Gobierno está entrampado en una contradicción: para mantener el nivel de reservas debe subir la tasa de interés, con la consiguiente caída del nivel de actividad. Es la vía más recesiva para conseguir divisas: reducir importaciones. La gobernabilidad kirchnerista exige, entonces, la destrucción de puestos de trabajo.

La emisión de deuda en el mercado permitiría escapar de esta pinza. Aumentarían las reservas, pero no a costa de un mayor enfriamiento de la economía. Scioli, Florencio Randazzo y los demás candidatos del Frente para la Victoria celebrarían la decisión: el Gobierno llegaría a las elecciones con el horizonte despejado de tormentas. Sin embargo, la señora de Kirchner no parece dispuesta a sacrificar el rasgo diferencial de su “modelo”: crecer sin pedir prestado. Aun cuando ya no haya crecimiento.

Los empresarios que estudian negocios de largo plazo creen que si bien un acuerdo con los holdouts evitará un colapso, no inaugurará una corriente de inversión. El titular de un fondo con intereses en la industria explica: “Si se resuelve el problema de la deuda, habrá una oportunidad con títulos y acciones, pero no una apuesta más profunda. El gran atractivo del país está en petróleo y gas, y allí las dificultades no las resuelve Griesa”.

El límite para esas inversiones sigue siendo la macroeconomía. La escasez de reservas impide importar equipos y distribuir dividendos. Los hidrocarburos siguen teniendo precios regulados. Los subsidios por productividad a veces no se pagan. Y la comisión intervencionista de Kicillof está vigente. Éstos son los problemas que enfrenta Galuccio en YPF. Y los gobernadores de provincias petroleras se han propuesto demostrarlo.

El neuquino Jorge Sapag negocia con sus colegas una propuesta por la cual las empresas provinciales de energía ofrecen discutir la forma y el porcentaje de su participación en el negocio petrolero. A cambio, pretenden que el Gobierno reduzca impuestos a las inversiones, aumente la disponibilidad del crudo y fije un nuevo sendero de precios. La intención es aclarar que la demora de las grandes multinacionales en llegar a Vaca Muerta no se debe a que las provincias les cobran un peaje. Es la política nacional la que, asfixiada por la escasez de dólares, no les ofrece garantías.

Éste es el punto de intersección entre el problema de la deuda y la crisis energética. Es el dato que a Galuccio le cuesta registrar. Si lo hiciera, en vez de discutir con los gobernadores debería hacerlo con su jefa.

Bonus: El fantasma del default acerca la distancia entre la Argentina económica y Venezuela

June 24, 2014  //  Imperdibles
Artículo extraído del diario El Cronista – Por Willy Kohan

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