9 Febrero, 2014 // Imperdibles
Artículo extraído del diario Perfil – Por Roberto GarcíaSi no fuera por los avatares de Marcelo Tinelli con el Gobierno y las desventuras de Amado Boudou con la Justicia, el personaje de la semana sería Juan Carlos Fábrega: desde que explicó en Olivos los riesgos de la híper (con el antecedente y epílogo del Rodrigazo), convenció a Cristina de subir brutalmente las tasas de interés para contener el dólar blue. Algún tipo de estabilidad logró en ese mercado, con la ayuda de los bancos y con la asistencia de varios funcionarios congelados, a los que rescató de la “canoa” del Banco Central (en la jerga de esa institución, es la Siberia desde la cual se los despacha a mejor vida, aunque la jubilación no suele ser la mejor de las vidas).
Se opuso entonces a la opinión
excluyente de Axel Kicillof, quien tiritaba por chambonadas propias,
como la insuficiente devaluación gradual y la candorosa política de
precios. Admitía Fábrega que esa medida implicaba otras amputaciones: la
contracción de la economía, una posible recesión (ya un banco
internacional redujo el pronóstico de crecimiento argentino para este
año de más 3 a menos 3, un verdadero shock) y la pérdida de empleo.
Pero Cristina no ignoraba que, de seguir
una híper sin atenuantes, se quedaría sin gobierno, una réplica
grotesca de Isabelita, Alfonsín o De la Rúa, tema convencional como el
pan en la mesa de los argentinos. De ahí que en el balcón interno
insistiera en que no dejará sus convicciones en la escalera, casi una
traición oral, como cuando el socialista Felipe González ingresó a
España a la OTAN o su colega francés François Miterrand aceptó gobernar
la economía con cánones liberales. Algo que Perón decía guiñando un ojo:
doblar a la derecha poniendo el giro a la izquierda. Sobre todo cuando
el relato ya no resiste.
Lo de las tasas, igual, sabe Fábrega que
no dura (esa zanahoria rampante ya se llevó, en su momento, la gestión
de José Luis Machinea). Más cuando “secar la plaza”, como promete,
parece titánico. Valga un número: cuando se fue Carlos Menem, la base
monetaria era de $ 16 mil millones, hoy es de 366 mil millones (más
otros 100 mil que se les debe a los bancos por Lebacs y otras yerbas).
Casi como ministro, ruega el titular del Banco Central por la lluvia de
otros parches temporarios, léase ahorros del gasto público, no vender ni
una moneda externa, impuestazos, ingreso de dólares propios por la
cosecha o préstamos eventuales si se levantan restricciones (Club de
París, FMI, Repsol).
Larga la lista, aunque es superior y más
complicada la de los peligros, de las controversias internas –sigue
Kicillof contra Miguel Galuccio, de YPF: le reprochan en la empresa que
le haya dicho a Cristina que fue el informante de un artículo crítico
del Financial Times– a las pavadas diarias de quienes sostienen que
Shell es destituyente porque aumentó 12% las naftas. Como YPF las
incrementó luego 6%, ¿será medio destituyente? Y cuando la empresa
estatal aumente 5,8% el mes próximo y 3,6% el siguiente, ¿será doble
destituyente? Por no olvidar la nueva mochila de las provincias, una
deuda que se duplicó por lo menos al tomar créditos con cláusula dólar,
inducidos por un joven y gracioso banquero oficialista que renegó de su
profesión de cambista porque ésta podía tender a la usura. Ni los
buitres imaginaban esa ganancia, menos la operatoria, ya que a un
ciudadano argentino común, pedestre, medio informado y que gana en
pesos, además de no pagar ciertas comisiones, jamás se le ocurriría
–como a ciertos gobernadores– endeudarse en activos externos por más que
el Gobierno dijera que no iba a devaluar. Ni siquiera aquellos que se
justifican por tomar prestado para hacer obra y no para pagar los
sueldos. ¿O acaso alguien puede creer que la tarifa del subte porteño
será igual a la de Londres, quizás la única forma de poder pagar ese
crédito? ¿O que YPF oblará su deuda sin aumentar las tarifas?
Temas para un test de estrés del país,
fútil, frívolo, donde se discuten nombres de relatores de fútbol y no
las magnitudes de dinero que el Estado obsequia al fútbol, más
precisamente a una entidad que está por encima del Estado (la AFA), a
clubes o dirigentes con habituales distracciones de gastos. De amigo,
entonces, pasa a ser enemigo Tinelli, sospechoso transitorio Cristóbal
López, amigo de los amigos Maxi Kirchner, mientras Cristina se gratifica
con el ídolo y luego se molesta porque es ídolo, surgen amenazas de
denuncias por proveedores del Estado que viven del entretenimiento e
involucran a Julio De Vido, reptan las investigaciones personales, los
archivos, las quejas: lo que queda después de una crecida, la resaca.
Suficiente mal gusto para no hablar de
economía e introducirse en las derivaciones del caso Boudou, en el
posible reemplazo de la esposa del gobernador Alperovich, la tucumana
Beatriz Rojkés, en la línea sucesoria presidencial, tan nerviosa y
dolorida por los tropiezos de su esposo que tuvo que apelar a cuellos
ortopédicos para caminar y dormir. Dicen que la Presidenta prefiere
seguir en familia, a un ex radical para ese cargo, Gerardo Zamora,
esposo de la gobernadora de Santiago del Estero, quien le garantiza tres
senadores y cinco diputados, además de elogios permanentes.
Más recatado es su rival, el peronista
Miguel Pichetto, quien cumplió en diez años casi todos los deberes al
frente del bloque oficialista en el Senado, con exceso en ocasiones, y
al que entrevistó en Olivos hace poco tiempo para cerrar ciertos
capítulos de esa Cámara que Ella también integró. Fue cordial el
encuentro, Cristina sin maquillaje, con jeans, y el senador Adolfo
Rodríguez Saá de testigo, Pichetto –quien quiere ser dos de Daniel
Scioli– diciendo adentro lo que no dice afuera. Al revés de Ella, que
habla adentro lo mismo que afuera. Como si así fuera.
El peor trance de Cristina desde 2007
10 Febrero, 2014 // Imperdibles
Artículo extraído del diario Clarín – Por Eduardo Van der KooyEl cerco judicial por corrupción en torno a Amado Boudou permite afinar el diagnóstico de este tiempo en la Argentina: Cristina Fernández transita la crisis estructural más severa de sus siete años de poder.
El pedido de declaración indagatoria que
formuló el fiscal Jorge Di Lello para el vicepresidente por el
escándalo Ciccone impacta en el plano institucional. Se trata, nada
menos, que del primer hombre en la línea sucesoria. La economía viene a los tumboshace
rato y provoca –por la inflación irrefrenable– un viraje brusco en el
humor social. La Presidenta se pelea con el sindicalismo, incluso el
propio, y desatiende al viejo sistema peronista. Jorge Capitanich, el
jefe de Gabinete, arrancó hace dos meses con aires de autonomía pero ha
terminado como rehén de La Cámpora y de los talibanes cristinistas.
Por ese motivo pretende regresar al Chaco.
Cristina tuvo en su recorrido
presidencial otros trances complicados. Durante el primer mandato sumó
al innecesario conflicto con el campo la fractura de la relación con
Julio Cobos, por entonces su vicepresidente. También padeció la derrota
en las legislativas del 2009. Pero contó con dos factores determinantes
para la recuperación: una levantada de la economía en el 2010 y el
oficio político de Néstor Kirchner.
La economía brinda ahora una mayoría de señales negativas. Y el ex presidente ya no está.
La Presidenta siempre reprochó a
Kirchner la decisión de haberle colocado a Cobos como compañero de
fórmula y ladero inicial de su Gobierno. Boudou fue, en cambio, una obra
suya e inconsulta que sorprendió a todos. También al kirchnerismo. Su
ruptura con Cobos, por otro lado, derivó de un conflicto político
(posiciones distintas en la puja con el campo) que popularmente, en
principio, se saldó en favor del dirigente radical. Después de errores y
altibajos, el ex vicepresidente recompuso su imagen y logró ubicarse en
la grilla de los presidenciables para el 2015 con una holgada victoria
en Mendoza en octubre. Boudou, en cambio, podría llegar a ser procesado por corrupción y atesora la peor valoración popular entre los miembros del Gobierno.
El escándalo tendría, por ende, consecuencias políticas directas sobre la Presidenta.
No únicamente por haber sido la responsable de la unción de Boudou. También por el estropicio que armó en el Poder Judicial cuando
despuntaron las denuncias sobre el caso Ciccone. Hizo renunciar al
Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Empujó hasta el umbral
de un juicio político al juez inicial de la causa, Daniel Rafecas.
Apartó al fiscal, Carlos Rívolo, encargado de revolver la basura oculta
del entuerto. No quedarían dudas tampoco de que a partir de ese momento,
con el asesoramiento clave de la nueva Procuradora, Alejandra Gils
Carbó, pergeñó la reforma judicial que pudo ejecutar sólo en parte.
Esa parte transparentó la
intención de ocupar con propia tropa lugares en la Justicia, que asegure
algún resguardo cuando se aproxime el momento del eclipse total de su
poder.
El pedido de indagatoria a Boudou que hizo el jueves el fiscal Di Lello podría haber sido formulado varios meses antes.
La mayoría de las pruebas que posee corroborarían los dichos de la
familia Ciccone: que el vicepresidente, antes que traficar influencias
para el levantamiento de la quiebra, habría maniobrado para intentar quedarse con la empresa.
Se trata de una empresa que se encargó,
en acuerdo con la Casa de la Moneda, de imprimir billetes moneda
nacional. No boletos de tren. También se hizo cargo de la impresión de
las boletas electorales para los comicios del 2011, que consagraron
justamente a Cristina y a Boudou.
Ya en noviembre Ariel Lijo, el juez que sustituyó a Rafecas, había confiado que también poseía elementos suficientes para
llamar a declarar a Boudou. ¿Por qué razón no lo hizo?. ¿Por qué esperó
la solicitud de Di Lello?. Los jueces suelen actuar, al menos en
nuestro país, en sintonía con el pulso político. Después de la derrota
en las primarias de agosto sobrevinieron el percance en la salud de
Cristina y el sopapo de octubre en las urnas.
“Hubiera sido como disparar un tiro de gracia”, explicó
un avezado magistrado. La misma frase, casual o no, que utilizó el
titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando con su voto
concedió el triunfo total al Gobierno con el fallo a favor de la ley de
medios. Eso ocurrió dos días después de la derrota K, aquel domingo 27
de octubre.
Di Lello es un veterano fiscal ligado
históricamente al peronismo. Lijo es bastante más joven, vinculado a la
carrera judicial aunque también con arrastre peronista. Su carrera sería
prioritaria: no está dispuesto a hipotecarla por una causa en la cual
el vicepresidente habría dejado demasiadas huellas. El juez tiene otra brasa entre manos: la investigación sobre presuntoenriquecimiento ilícito de Boudou.
Estaría azorado por las inconsistencias
entre el patrimonio y los ingresos declarados por el vicepresidente.
Estaría azorado además por otras comprobaciones: la conformación, por
ejemplo, de cinco sociedades entre Boudou y sus amigos con titularidades
distintas. Sin embargo, habría descubierto en un acta que todos
declararon bajo juramento ser propietarios de esas cinco firmas. No
abundaba la confianza, al parecer, entre el grupete.
¿Actuó Di Lello por decisión propia o
recibió alguna señal desde el círculo íntimo de Cristina?. Se sabe el
fastidio que Máximo Kirchner y Carlos Zannini dispensan a Boudou. El
secretario Legal y Técnico conoce bien las pruebas que guardan el fiscal
y el juez. Pero ambos funcionarios prestaron atención, antes de
avanzar, al escenario político que empezó a moldearse desde la
enfermedad de Cristina. Boudou fue abruptamente relegado cuando debió
ejercer la presidencia interina. Hasta lo borraron de actos nimios y
formales. La semana pasada reapareció en la Casa Rosada alejado de
Cristina, sin respeto por lo que suele aconsejar el protocolo. El
vicepresidente terminó recluído en su oficina del Senado barruntando que
podría llegar un mal momento. No tuvo más esperanzas luego de la última
declaración de Ricardo Echegaray. El titular de la AFIP ratificó ante
el juez que Boudou le pidió primero por el levantamiento de la quiebra
de Ciccone y luego para que concediera un excepcional plan de pagos. Eso
figura en un documento que Echegaray le hizo firmar al vicepresidente.
Pero para Di Lello, el comportamiento del recaudador tampoco habría sido claro. A raíz de eso lo incluyó entre los once convocados para una declaración indagatoria.
Cristina no parece dispuesta a entregar al vicepresidente aunque signifique para ella sólo un trastorno político.
No hizo todo lo que hizo estos años en la Justicia para ceder mansamente a sus alfiles.
Lijo tiene todavía un largo camino procesal por recorrer antes de
convocar a Boudou. Pero el magistrado y el fiscal cumplieron con la
misión de dejar constancia pública de que la causa por el escándalo Ciccone no está cajoneada ni muerta.
El cristinismo no dará la vida por
Boudou pero varias de sus principales voces, luego de la orden de la
Presidenta, salieron a defenderlo. Volvieron con la monserga de la
campaña mediática. Lo que sucedió en el Senado podría también
representar, en parte, una pista de aquella estrategia defensiva. A fin
de este mes se deberán renovar las autoridades de esa Cámara. La
presidencia provisional está ahora en manos de Beatriz Rojkés, la esposa
del gobernador de Tucumán, José Alperovich. En el interior del
kirchnerismo se desató una puja por la sucesión.
Los senadores de cuño peronista
pretenden encumbrar a Miguel Pichetto, que cuenta además con el apoyo de
Daniel Scioli. Zannini, con autorización presidencial, pretende
catapultar al radical K y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo
Zamora.
Pero no le alcanzarían los votos para imponerlo.
Cristina cree que lo mejor será una
salida salomónica: la continuidad de Rojkés. Una señal, por otra parte,
acerca de que no esperaría en lo inmediato ningún tropezón irremediable con Boudou.
Se percibe un temblor subterráneo que
atraviesa al peronismo y expande su onda expansiva. Gabriel Mariotto, el
vicegobernador de Buenos Aires, se convirtió de repente en un
espadachín de Scioli. Diana Conti cruzó al titular de la Cámara de
Diputados, Julián Domínguez, cuando afirmó que el gobernador bonaerense
no lo representaba como potencial candidato. Domínguez articuló un
documento que denunció una hipótetica conspiración contra Cristina y
maniobras para forzarla a una devaluación que, en verdad, el Gobierno
viene haciendo hace tiempo. Sólo en enero depreció el peso un 25%.
Domínguez aseguró que el texto contaba con el respaldo de 130
legisladores oficiales.
Pero sólo se pudieron contabilizar 32 firmas.
El peronismo observa a Cristina y se inquieta. En los últimos dos meses el país asistió a rebeliones policiales, saqueos, crisis energética y cortes de luz, pérdida persistente de reservas y un espiral de inflación.
Cristina buscó culpables de esos males en empresarios, banqueros,
sindicalistas, opositores, economistas y medios de comunicación.
Capitanich acusó en un par de semanas por la fuga de divisas a banqueros
y narcotraficantes. El martes la Presidenta dirigió la mira contra
trabajadores registrados, al parecer muchos del gremio de camioneros.
Todos signos de turbación de un Gobierno que sólo vive el día a día. Cuyo único horizonte es el inevitable adiós.
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