Impunidad para todos
Por Jorge Lanata14/02/14
A su exilio en el entrepiso de Tucumán 966, Guido Sassoli, Ignacio Rodríguez Varela y Elías Collado llevaron tres banderas.
–Cuando sos funcionario podés pedir que te asignen una bandera, y la Procuración te provee de una. En la Fiscalía de Saavedra y en la Secretaría teníamos tres. Y las mudamos con nosotros –contó uno de los exiliados.
–¿Sabés qué pasa? Cuando son las doce de la noche y todavía estas ahí laburando, y ya cancelaste el cine o una comida, mirás la bandera y decís: “Esto lo hago por algo mucho más grande que yo”.
Pero esta historia empieza en realidad en otra calle: Arias 4491, donde el entonces procurador suplente, Gonzalez Warcalde, en junio de 2012 reúne personal de la Fiscalía de Saavedra y de cada una de las otras dos fiscalías descentralizadas, La Boca y Pompeya, y dispone la creación de la SIPE, Secretaría de Investigaciones Penales.
“Ni SIDE ni BOPE, ¡SIPE!”, fue la consigna que inventaron sus miembros recordando a la tristemente célebre Secretaría de Informaciones del Estado y su par brasileña, la BOPE, que aparece en el film “Tropa de Elite”. La SIPE reúne funcionarios jóvenes pero con experiencia (siete en total, con carreras de entre 10 y 15 años de promedio), y se organiza bajo José María Campagnoli en un trabajo específico: esclarecimiento de NN. El 80% de las causas penales que tramitan en la Capital son denuncias que alcanzan a NN: desde el robo de un reloj por arrebato hasta el asalto al banco por ladrones disfrazados de rabinos.
El grupo se concentra en una regla básica: por cada diez robos hay una persona responsable, no diez responsables. Analizan conductas, identifican delincuentes, miran horas de grabaciones de cámaras de seguridad, cruzan antecedentes y en un año esclarecen 1.200 casos. La SIPE se especializa en salideras: “Siempre tenés la cara de alguno que estaba haciendo inteligencia en el banco y que es el que marca; si encontrás a ese, después seguís las comunicaciones y podés encontrar a los demás”.
Trabajan con la Brigada Antisecuestros de la Federal y con Investigaciones de la Comuna 12 de la Metropolitana. La SIPE y la Fiscalía trabajan como una unidad. A esa unidad llega, perdida, en octubre de 2012, una denuncia contra Federico Elaskar, el dueño de La Rosadita, gestor del lavado de dinero de Lázaro Báez que transportó Leo Fariña. La querella contra Elaskar es vaga: representantes de la financiera SGI dicen haberse anoticiado de una deuda que mantienen con la AFIP por un crédito que desconocen haber concedido. “Quizás esto haya sido un negocio del presidente anterior –Elaskar–, que por otro lado nos estuvo amenazando”.
En la version de Elaskar, todo había sucedido al revés: él había sido amenazado por la gente de Lázaro para vender su empresa y habían puesto en su lugar al contador Pérez Gadín, pero nada de eso decía la causa original. Aquella causa perdida vuelve a aparecer ante los ojos del fiscal Campagnoli después de la emisión de “Periodismo para Todos” del domingo 14 de abril, el inicio de la Ruta del Dinero K.
El lunes 15, mientras en “Telenoche” decíamos que era increíble observar que ningún fiscal había hecho aún una denuncia de oficio, los funcionarios de la Fiscalía empezaron a cruzar llamados:
–Alguien tiene que hacer algo. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
–Hay que hacer un impulso de la acción penal de oficio.
–Esto va a ir a Federal y no van a hacer una mierda, y nosotros mostramos la cabeza al pedo.
Decidieron hacer algo de todos modos. Llegaron contrarreloj a la Oficina de Sorteos y el empleado no quería recibir la denuncia: –Esto hay que llevarlo a la Cámara Federal.
–Pero eso lo tiene que decidir el juez, no usted.
–No la puedo recibir.
El enviado de la SIPE llamó a un compañero.
–No la quieren recibir.
–¿Cómo que no quieren?
Eran las 13.28. Había tiempo hasta las 13.30.
–¿Pero a vos te sellaron el ingreso?
–Sí.
–Entonces dejala ahí y salí corriendo.
–¿Cómo que salga corriendo?
–Salí corriendo y no parés.
Horas después, la fiscalía pidió el tape del programa a Canal 13 y yo mismo declaré ante el fiscal. El azar o el destino hizo luego que resucitara el expediente de Elaskar. Pero el rompecabezas tenía ahora más piezas en su lugar. Uno de los investigadores había visto por la televisión a Fabián Rossi diciendo : “Yo no tengo nada que ver”. Y encontró entre los papeles de SGI un acta de directorio en la que se autorizaba a Rossi, el esposo de Iliana Calabró, a abrir una cuenta en un banco de Panamá, la misma por donde habría pasado la ruta del dinero.
–Ahí también nos empezamos a preguntar si no sería cierto lo que Elaskar había dicho. De hecho, la sociedad empieza a tener un giro envidiable y justo en ese momento Elaskar la deja. ¿Habría querido hacerlo?
En 22 días corridos, el grupo reúne 3.400 fojas de investigación: el teléfono de SGI estaba a nombre de Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez. Para el 19 de junio tenían probados los viajes de Martín Báez (el hijo de Lázaro), Pérez Gadín y Jorge Chueco los mismos días, y el regreso de la plata blanqueada denunciada por Elaskar, liquidada en la Bolsa de Rosario y transformada en cheques que estaban endosados por Chueco y depositados en la cuenta del Banco Nación de Austral Construcciones. Aunque todo se remitía a la justicia federal, la parsimonia de Tortuga Casanello hacía lo posible por demorar la investigación.
El destino volvió a meter la cola y una causa del ámbito deportivo y policial terminó también en Lázaro: a fines de 2012, la Fiscalía y la SIPE investigaban al asesino de Gonzalo Saucedo, Matías Soria. El hecho sucedió en la popular de River el 10 de junio, cuando el equipo garantizaba su retorno a Primera División. El padre de Soria conseguía entradas de un revendedor de la barra y sólo hubo que desenredar la madeja: de ahí llegaron a la jefatura de la barra, de ahí a la gerencia de River y de ahí a Passarella.
–Estábamos preparando el pedido de detención para las indagatorias de Passarella, Diego Turnes y otros directivos, los tres jefes de la barra, revendedores y dos policías.
Mientras la investigación avanzaba, se iban multiplicando los agujeros negros:llegaban a la Fiscalía CD’s de la SIDE en blanco, intervenciones telefónicas con carteles “No reviste interés”, etc. Una de las conversaciones interceptadas dejó en evidencia una punta del iceberg: era el diálogo entre Diego Rodríguez –ex vocero del club y hermano de la actual ministra de Seguridad, Maria Cecilia Rodríguez– y Fabio “El Mudo” Penna, de la barra. Penna le decía: “Lázaro Báez necesita lavar 300 palos verdes” y le ofrecía conseguirle parte del negocio.
El juez de instrucción número 10, Fernando Caunedo, que hasta entonces había autorizado todos los cruces telefónicos durante un año, decidió de pronto que el objeto de la investigación no estaba claro y que era “una excursión de pesca”. El 4 de diciembre, la injusticia desembarcó en Saavedra: Caunedo ordenó que le envíen la causa, suspendieron a Campagnoli y el 16 de diciembre llegó su reemplazante, Cristina Caamaño.
–Necesito ya la causa de River –fue su primer pedido.
Caamaño traía bajo el brazo información de inteligencia sobre los miembros del SIPE: comentarios de Facebook, Twitter, correos donde los empleados opinaban a favor del fiscal suspendido. En un insólito dictamen, pidió el traslado de los investigadores basándose en esa información: sus opiniones en redes sociales.
El lunes 10 de febrero llegó el camión de mudanzas a la calle Arias.
–Querían desalojarnos sin ninguna orden firmada. Nosotros decidimos poner una faja en la puerta del primer piso porque, después de todo, somos funcionarios y tenemos responsabilidad por lo que pase en nuestra oficina. Queríamos que alguien se hiciera cargo del traslado.
El funcionario de la Procuración, incómodo, reconoció que hacía falta una orden escrita. Alejandra Gils Carbó estaba en Europa. Finalmente, la orden fue firmada por el segundo de la Procuración, un funcionario de carrera que antes pidió un dictamen de algún funcionario de Arquitectura que afirmara que el sitio donde iban a mudar la Secretaría era adecuado para sus funciones. El arquitecto apareció por arte de magia y finalmente la mudanza se llevó a cabo.
En el entrepiso de la calle Tucumán, la SIPE ocupa una oficina de 20 metros sin ventanas. Allí se hacinan siete personas. Ninguno pensó en renunciar. Se consuelan diciendo que ahora Campagnoli, su jefe, con el que se quedaban trabajando hasta la madrugada, se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad. El acusador acusado, con el culpable libre. Tienen la lucidez de las víctimas con la conciencia limpia. Allí llevaron las tres banderas. El sitio es tan chico que no entran. Dos de la banderas cuelgan como si fueran una soga para la ropa en una terraza. La otra está en el mástil, pero el mástil pega con el techo y la bandera, entonces, quedó inclinada en diagonal. Como si tuviera vergüenza por lo que tiene que ver.
La ruptura total del relato con la realidad
Por Jorge Lanata13/12/13
La imagen de la Presidenta bailando con Sofía Gala en la fiesta de la democracia representó un hito: la ruptura total del relato con la realidad. Cristina intuyó este hecho y lo dijo en su discurso; manifestó su preocupación por lo que llamó “la pantalla dividida”: fue ingenuo y brutal.
El relato necesita que la pantalla no se divida, que sea una sola, no hay otra realidad que la que se presenta.
Si hubiera habido esa noche pantalla dividida, en una estaría Cristina bailando y, al lado, los muertos de Tucumán o de Chaco. Pero esos 12 muertos, lejanos, no le importan a nadie; ya lo dejó claro Estela Carlotto cuando dijo que hay que ver quiénes son, de dónde salieron. ”Algo habrán hecho”, quiso decir quien peleó contra ese mismo argumento durante décadas. Las víctimas se transformaron en victimarios.
La noche del miércoles 4 de diciembre, cuando vía Twitter se empezó a conocer el caos y la violencia en Cordoba, TN fue el primer canal de noticias que dio a conocer lo que estaba ocurriendo. En las redes sociales estallaban las quejas de twitteros del interior contra los medios locales, que no decían una sola palabra.
En América 24 salía al aire un programa infocomercial con Roberto Zaldívar, un oftalmólogo que daba explicaciones médicas. En C5N, “El Angel”, el programa conducido por Baby Etchecopar que charlaba, distendido, con Damián de Santo y en Canal 26 seguían mostrando las imágenes de la tarde de la tormenta en Chivilcoy. Solo TN y Crónica TV hablaban de los hechos.
El paroxismo de la negación fue aportado por el diario Tiempo Argentino: dedicó sus primeras ocho páginas a la cobertura del acto por los treinta años de democracia y el título en su primera página impar fue: “Festejaron los 30 en la Antártida”. Ninguno de sus títulos contenía la palabra “saqueo”, “muertos” o “conflicto”. Sólo uno afirmaba “Cristina denunció que los episodios de violencia fueron planificados”.
Los policías, hartos de su situación salarial, salían por primera vez a manifestarse: con uniforme y dando la cara ante las cámaras. El hecho, insólito, desbordó al poder. Es probable que Zannini festejara los disturbios en Córdoba (era una buena carta contra De la Sota) pero después vio cómo el búmeran se daba vuelta y se dirigía a la Rosada.
Sin representantes, la negociación con los policías fue dificultosa: los gobiernos locales arreglaban una cifra y luego, en la asamblea quedaba todo por el piso por cuatro o cinco policías que lograban cambiar el ánimo de los presentes, que tampoco eran todos.
¿Qué hacer con la Policía? La pregunta no es nueva: en 1968, Pier Paolo Pasolini, el escritor, poeta y director de cine italiano, se la hizo en una de sus columnas habituales en Tempo: “Pensemos una hipótesis absurda –escribió Pasolini–: el Movimiento Estudiantil toma el poder en Italia. ¿Qué harían en tal caso con la Policía? Si la abolieran, claro está, perderían automáticamente el poder. Tendrían que decidirse a mantener a la Policía en su posición. De modo que, aunque todo cambiara hay algo que no ha cambiado y que se ha mantenido como era: la Policía. Porque la Policía es el único punto del que ningún extremista podría censurar objetivamente la necesidad de una reforma. En lo tocante a la Policía, no se puede ser más que reformista ”.
Aceptado que ésta que debe existir, ¿qué hacer, entonces, con la Policía?
Los proyectos de sindicalización de la Policía duermen en el Congreso hace tiempo. También los que se refieren a las Fuerzas Armadas. No tienen derecho a reclamar, no pueden hablar por los medios a costa de ser sancionados (la Gendarmería, por ejemplo, graba a los nuevos integrantes de la fuerza para poder tener una muestra de su voz e identificarlos si se les ocurre hablar públicamente); quienes defienden a los ciudadanos no son ciudadanos completos: son kelpers. La democracia, así, no permite la libertad de expresión ni de asociación de todos.
“Hay que tener un interlocutor válido elegido por la propia fuerza”, dice el diputado Daniel Cassia, de Compromiso Federal. Cassia presentó en Mendoza un proyecto en ese sentido y mencionó, además, “el derecho al descanso, a la vestimenta. La sindicalización implica no sólo lo salarial sino un montón de otros temas que hoy merecen nuestras fuerzas de seguridad”. Cuando la agencia DyN lo consultó sobre la posibilidad de que el proyecto consagre el derecho a huelga, Cassia dijo que “consagra todos los derechos” y que, en todo caso, después pueden limitarse. Para Raúl Maza, el gendarme que echaron el año pasado por la huelga, “la responsabilidad de lo ocurrido es directamente del Gobierno.
Sigue con la postura de echarle la culpa a otros y no hacerse cargo. La solución es la sindicalización porque la gente si no termina manifestándose y a veces comete errores porque no tiene representatividad. Hoy un gendarme cobra de bolsillo entre $ 5.200 y $ 5.500, el básico es de $ 3.200 y lo presentaron como un logro el año pasado. No llegan ni a cubrir los $ 6.500 de la canasta básica”.
Julio Martínez, diputado del radicalismo, le contó a Clarín que hicieron una propuesta hace dos años, cuando ocurrió el acuartelamiento de gendarmes y prefectos, “porque no tenían ninguna válvula de escape y explotaron como explotó ahora la Policía en 17 provincias.
En uno de los proyectos planteamos que puedan ir al defensor del pueblo por sus problemas, hoy puede ir cualquier ciudadano menos la gente de seguridad. En España, por ejemplo, tienen derecho a hacerlo; y en Alemania o Australia tienen un ombudsman militar. La Constitución, no lo prohíbe, sino que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a agremiarse”.
En un documentado estudio sobre el tema, Martínez recuerda que la sindicalización militar y policial está avalada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su Convenio 187 de 1948 sobre libertad sindical; también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 e incluso por la siempre citada Convención de Derechos Humanos de Costa Rica. Ya en 1956 se creó en Alemania la Asociación de las Fuerzas Armadas y, casi paralelamente, el ombudsman, designado por el Parlamento para recibir cualquier tipo de denuncias e inspeccionar, sin previo aviso, cualquier unidad militar.
La DBWV (así son sus siglas en alemán) surgió bajo el principio del “ciudadano de uniforme”. En el resto de Europa existen 39 asociaciones nacionales de 26 países agrupados en EUROMIL, la Asociación Europea de Asociaciones Militares. En el caso del sindicalismo policial, pueden mencionarse Irlanda, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Islandia, Noruega, Dinamarca, Escocia, Bélgica, Finlandia, Suecia, Luxemburgo y Suiza. Mucho más cerca, en Uruguay desde el 2005 se implementó la sindicalización y también existen sindicatos en Sudáfrica, Australia y Canadá. En Argentina, el ministerio de Trabajo se negó a darle personería al Sindicato Unido de la Policía Federal Argentina.
“Lo que rompe la cadena de mandos no es la sindicalización, sino la ausencia de la misma”, le dice Martínez a Clarín. Víctor de Gennaro, diputado del Frente Amplio Progresista, coincide con la afirmación y presentó otro proyecto en ese sentido. Para De Gennaro, que discutió el tema en una audiencia pública realizada en 2012, significaría un avance en la democratización de las fuerzas de seguridad.” “Ya sea telefonista, administrador de archivos, mucama, instructor o policía, todos son trabajadores del Estado”, dijo en la audiencia convocada por De Gennaro y Amado Vilches, del Sindicato de Policías de Curacao. Y el coordinador de los sindicatos policiales de PIT-CNT de Uruguay agregó: “El caballito de batalla es la argumentación basada en que se trata de un organismo sujeto a disciplina y los sindicatos la quebrarían, pero en realidad no es así.
Los sindicatos policiales vienen a evitar los desbordes de autoridad permanentes que se realizan contra los trabajadores policiales. Me refiero a los desbordes del estamento, es decir, desde arriba hacia abajo, lo que tiene que ver con la ley del gallinero. El tema de sindicalizar la Policía es un riesgo, pero quizá también ayude a terminar con la corrupción en la propia Policía”.
Desde Calafate, ajena a todo, Cristina se dedica a cuidar su jardín.
Investigación: JL/María Eugenia Duffard/ Amelia Cole
@
http://www.clarin.com/tema/el_personaje.html
http://www.clarin.com/opinion/Impunidad_0_1085291521.html
http://www.clarin.com/opinion/ruptura-total-relato-realidad_0_1047495308.html
Imágenes: http://indiepolitik.blogspot.com.ar/
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