Recopilación de artículos de Opinión de Jorge Lanata para el Diario Clarín, marchen el último publicado en Febrero de 2014 (14/02/14) y el último de Diciembre 2013 (13/12/13).
Impunidad para todos
Por Jorge Lanata
14/02/14
A su exilio en el entrepiso de Tucumán 966, Guido Sassoli, Ignacio Rodríguez Varela y Elías Collado llevaron tres banderas.
–Cuando
sos funcionario podés pedir que te asignen una bandera, y la
Procuración te provee de una. En la Fiscalía de Saavedra y en la
Secretaría teníamos tres. Y las mudamos con nosotros –contó uno de los
exiliados.
–¿Sabés qué pasa? Cuando son las doce de la noche y
todavía estas ahí laburando, y ya cancelaste el cine o una comida, mirás
la bandera y decís: “Esto lo hago por algo mucho más grande que yo”.
Pero
esta historia empieza en realidad en otra calle: Arias 4491, donde el
entonces procurador suplente, Gonzalez Warcalde, en junio de 2012 reúne
personal de la Fiscalía de Saavedra y de cada una de las otras dos
fiscalías descentralizadas, La Boca y Pompeya, y dispone la creación de
la SIPE, Secretaría de Investigaciones Penales.
“Ni SIDE ni BOPE,
¡SIPE!”, fue la consigna que inventaron sus miembros recordando a la
tristemente célebre Secretaría de Informaciones del Estado y su par
brasileña, la BOPE, que aparece en el film “Tropa de Elite”. La SIPE
reúne funcionarios jóvenes pero con experiencia (siete en total, con
carreras de entre 10 y 15 años de promedio), y se organiza bajo José
María Campagnoli en un trabajo específico: esclarecimiento de NN. El 80%
de las causas penales que tramitan en la Capital son denuncias que
alcanzan a NN: desde el robo de un reloj por arrebato hasta el asalto al
banco por ladrones disfrazados de rabinos.
El grupo se concentra
en una regla básica: por cada diez robos hay una persona responsable, no
diez responsables. Analizan conductas, identifican delincuentes, miran
horas de grabaciones de cámaras de seguridad, cruzan antecedentes y en
un año esclarecen 1.200 casos. La SIPE se especializa en salideras:
“Siempre tenés la cara de alguno que estaba haciendo inteligencia en el
banco y que es el que marca; si encontrás a ese, después seguís las
comunicaciones y podés encontrar a los demás”.
Trabajan con la Brigada
Antisecuestros de la Federal y con Investigaciones de la Comuna 12 de la
Metropolitana. La SIPE y la Fiscalía trabajan como una unidad. A esa
unidad llega, perdida, en octubre de 2012, una denuncia contra Federico
Elaskar, el dueño de La Rosadita, gestor del lavado de dinero de Lázaro
Báez que transportó Leo Fariña. La querella contra Elaskar es vaga:
representantes de la financiera SGI dicen haberse anoticiado de una
deuda que mantienen con la AFIP por un crédito que desconocen haber
concedido. “Quizás esto haya sido un negocio del presidente anterior
–Elaskar–, que por otro lado nos estuvo amenazando”.
En la version
de Elaskar, todo había sucedido al revés: él había sido amenazado por
la gente de Lázaro para vender su empresa y habían puesto en su lugar al
contador Pérez Gadín, pero nada de eso decía la causa original. Aquella
causa perdida vuelve a aparecer ante los ojos del fiscal Campagnoli
después de la emisión de “Periodismo para Todos” del domingo 14 de
abril, el inicio de la Ruta del Dinero K.
El lunes 15, mientras en
“Telenoche” decíamos que era increíble observar que ningún fiscal había
hecho aún una denuncia de oficio, los funcionarios de la Fiscalía
empezaron a cruzar llamados:
–Alguien tiene que hacer algo. Si no somos
nosotros, ¿quién lo va a hacer?
–Hay que hacer un impulso de la acción penal de oficio.
–Esto va a ir a Federal y no van a hacer una mierda, y nosotros mostramos la cabeza al pedo.
Decidieron
hacer algo de todos modos. Llegaron contrarreloj a la Oficina de
Sorteos y el empleado no quería recibir la denuncia: –Esto hay que
llevarlo a la Cámara Federal.
–Pero eso lo tiene que decidir el juez, no usted.
–No la puedo recibir.
El enviado de la SIPE llamó a un compañero.
–No la quieren recibir.
–¿Cómo que no quieren?
Eran las 13.28. Había tiempo hasta las 13.30.
–¿Pero a vos te sellaron el ingreso?
–Sí.
–Entonces dejala ahí y salí corriendo.
–¿Cómo que salga corriendo?
–Salí corriendo y no parés.
Horas
después, la fiscalía pidió el tape del programa a Canal 13 y yo mismo
declaré ante el fiscal. El azar o el destino hizo luego que resucitara
el expediente de Elaskar. Pero el rompecabezas tenía ahora más piezas en
su lugar. Uno de los investigadores había visto por la televisión a
Fabián Rossi diciendo : “Yo no tengo nada que ver”. Y encontró entre los
papeles de SGI un acta de directorio en la que se autorizaba a Rossi,
el esposo de Iliana Calabró, a abrir una cuenta en un banco de Panamá,
la misma por donde habría pasado la ruta del dinero.
–Ahí también
nos empezamos a preguntar si no sería cierto lo que Elaskar había dicho.
De hecho, la sociedad empieza a tener un giro envidiable y justo en ese
momento Elaskar la deja. ¿Habría querido hacerlo?
En 22 días
corridos, el grupo reúne 3.400 fojas de investigación: el teléfono de
SGI estaba a nombre de Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez. Para el
19 de junio tenían probados los viajes de Martín Báez (el hijo de
Lázaro), Pérez Gadín y Jorge Chueco los mismos días, y el regreso de la
plata blanqueada denunciada por Elaskar, liquidada en la Bolsa de
Rosario y transformada en cheques que estaban endosados por Chueco y
depositados en la cuenta del Banco Nación de Austral Construcciones.
Aunque todo se remitía a la justicia federal, la parsimonia de Tortuga
Casanello hacía lo posible por demorar la investigación.
El
destino volvió a meter la cola y una causa del ámbito deportivo y
policial terminó también en Lázaro: a fines de 2012, la Fiscalía y la
SIPE investigaban al asesino de Gonzalo Saucedo, Matías Soria. El hecho
sucedió en la popular de River el 10 de junio, cuando el equipo
garantizaba su retorno a Primera División. El padre de Soria conseguía
entradas de un revendedor de la barra y sólo hubo que desenredar la
madeja: de ahí llegaron a la jefatura de la barra, de ahí a la gerencia
de River y de ahí a Passarella.
–Estábamos preparando el pedido de
detención para las indagatorias de Passarella, Diego Turnes y otros
directivos, los tres jefes de la barra, revendedores y dos policías.
Mientras
la investigación avanzaba, se iban multiplicando los agujeros
negros:llegaban a la Fiscalía CD’s de la SIDE en blanco, intervenciones
telefónicas con carteles “No reviste interés”, etc. Una de las
conversaciones interceptadas dejó en evidencia una punta del iceberg:
era el diálogo entre Diego Rodríguez –ex vocero del club y hermano de la
actual ministra de Seguridad, Maria Cecilia Rodríguez– y Fabio “El
Mudo” Penna, de la barra. Penna le decía: “Lázaro Báez necesita lavar
300 palos verdes” y le ofrecía conseguirle parte del negocio.
El
juez de instrucción número 10, Fernando Caunedo, que hasta entonces
había autorizado todos los cruces telefónicos durante un año, decidió de
pronto que el objeto de la investigación no estaba claro y que era “una
excursión de pesca”. El 4 de diciembre, la injusticia desembarcó en
Saavedra: Caunedo ordenó que le envíen la causa, suspendieron a
Campagnoli y el 16 de diciembre llegó su reemplazante, Cristina Caamaño.
–Necesito ya la causa de River –fue su primer pedido.
Caamaño
traía bajo el brazo información de inteligencia sobre los miembros del
SIPE: comentarios de Facebook, Twitter, correos donde los empleados
opinaban a favor del fiscal suspendido. En un insólito dictamen, pidió
el traslado de los investigadores basándose en esa información: sus
opiniones en redes sociales.
El lunes 10 de febrero llegó el camión de mudanzas a la calle Arias.
–Querían
desalojarnos sin ninguna orden firmada. Nosotros decidimos poner una
faja en la puerta del primer piso porque, después de todo, somos
funcionarios y tenemos responsabilidad por lo que pase en nuestra
oficina. Queríamos que alguien se hiciera cargo del traslado.
El
funcionario de la Procuración, incómodo, reconoció que hacía falta una
orden escrita. Alejandra Gils Carbó estaba en Europa. Finalmente, la
orden fue firmada por el segundo de la Procuración, un funcionario de
carrera que antes pidió un dictamen de algún funcionario de Arquitectura
que afirmara que el sitio donde iban a mudar la Secretaría era adecuado
para sus funciones. El arquitecto apareció por arte de magia y
finalmente la mudanza se llevó a cabo.
En el entrepiso de la calle
Tucumán, la SIPE ocupa una oficina de 20 metros sin ventanas. Allí se
hacinan siete personas. Ninguno pensó en renunciar. Se consuelan
diciendo que ahora Campagnoli, su jefe, con el que se quedaban
trabajando hasta la madrugada, se convirtió en un símbolo de lucha
contra la impunidad. El acusador acusado, con el culpable libre. Tienen
la lucidez de las víctimas con la conciencia limpia. Allí llevaron las
tres banderas. El sitio es tan chico que no entran. Dos de la banderas
cuelgan como si fueran una soga para la ropa en una terraza. La otra
está en el mástil, pero el mástil pega con el techo y la bandera,
entonces, quedó inclinada en diagonal. Como si tuviera vergüenza por lo
que tiene que ver.
La ruptura total del relato con la realidad
Por Jorge Lanata
13/12/13
La imagen de la Presidenta bailando con Sofía Gala en la fiesta de la
democracia representó un hito: la ruptura total del relato con la
realidad. Cristina intuyó este hecho y lo dijo en su discurso; manifestó
su preocupación por lo que llamó “la pantalla dividida”: fue ingenuo y
brutal.
El relato necesita que la pantalla no se divida, que sea una sola, no hay otra realidad que la que se presenta.
Si hubiera habido esa noche pantalla dividida, en una estaría Cristina bailando y, al lado, los muertos de Tucumán o de Chaco.
Pero esos 12 muertos, lejanos, no le importan a nadie; ya lo dejó claro
Estela Carlotto cuando dijo que hay que ver quiénes son, de dónde
salieron. ”Algo habrán hecho”, quiso decir quien peleó contra ese mismo
argumento durante décadas. Las víctimas se transformaron en victimarios.
La noche del miércoles 4 de diciembre, cuando vía Twitter se empezó a conocer el caos y la violencia en Cordoba,
TN
fue el primer canal de noticias que dio a conocer lo que estaba
ocurriendo. En las redes sociales estallaban las quejas de twitteros del
interior contra los medios locales, que no decían una sola palabra.
En
América 24 salía al aire un programa infocomercial con Roberto Zaldívar, un oftalmólogo que daba explicaciones médicas. En
C5N, “El Angel”, el programa conducido por Baby Etchecopar que charlaba, distendido, con Damián de Santo y en
Canal 26 seguían mostrando las imágenes de la tarde de la tormenta en Chivilcoy. Solo TN y Crónica TV hablaban de los hechos.
El paroxismo de la negación
fue aportado por el diario Tiempo Argentino: dedicó sus primeras ocho
páginas a la cobertura del acto por los treinta años de democracia y el
título en su primera página impar fue: “Festejaron los 30 en la
Antártida”. Ninguno de sus títulos contenía la palabra “saqueo”,
“muertos” o “conflicto”. Sólo uno afirmaba “Cristina denunció que los
episodios de violencia fueron planificados”.
Los policías, hartos
de su situación salarial, salían por primera vez a manifestarse: con
uniforme y dando la cara ante las cámaras. El hecho, insólito, desbordó
al poder. Es probable que Zannini festejara los disturbios en Córdoba
(era una buena carta contra De la Sota) pero después vio cómo el búmeran
se daba vuelta y se dirigía a la Rosada.
Sin representantes, la negociación con los policías fue dificultosa:
los gobiernos locales arreglaban una cifra y luego, en la asamblea
quedaba todo por el piso por cuatro o cinco policías que lograban
cambiar el ánimo de los presentes, que tampoco eran todos.
¿Qué
hacer con la Policía? La pregunta no es nueva: en 1968, Pier Paolo
Pasolini, el escritor, poeta y director de cine italiano, se la hizo en
una de sus columnas habituales en
Tempo: “Pensemos una hipótesis
absurda –escribió Pasolini–: el Movimiento Estudiantil toma el poder en
Italia. ¿Qué harían en tal caso con la Policía? Si la abolieran, claro
está, perderían automáticamente el poder. Tendrían que decidirse a
mantener a la Policía en su posición. De modo que, aunque todo cambiara
hay algo que no ha cambiado y que se ha mantenido como era: la Policía.
Porque la Policía es el único punto del que ningún extremista podría
censurar objetivamente la necesidad de una reforma.
En lo tocante a la Policía, no se puede ser más que reformista ”.
Aceptado que ésta que debe existir, ¿qué hacer, entonces, con la Policía?
Los proyectos de sindicalización de la Policía duermen en el Congreso hace tiempo.
También los que se refieren a las Fuerzas Armadas. No tienen derecho a
reclamar, no pueden hablar por los medios a costa de ser sancionados (la
Gendarmería, por ejemplo, graba a los nuevos integrantes de la fuerza
para poder tener una muestra de su voz e identificarlos si se les ocurre
hablar públicamente);
quienes defienden a los ciudadanos no son ciudadanos completos: son kelpers. La democracia, así, no permite la libertad de expresión ni de asociación de todos.
“Hay que tener un interlocutor válido elegido por la propia fuerza”,
dice el diputado Daniel Cassia, de Compromiso Federal. Cassia presentó
en Mendoza un proyecto en ese sentido y mencionó, además, “el derecho al
descanso, a la vestimenta. La sindicalización implica no sólo lo
salarial sino un montón de otros temas que hoy merecen nuestras fuerzas
de seguridad”. Cuando la agencia DyN lo consultó sobre la posibilidad de
que el proyecto consagre el derecho a huelga, Cassia dijo que “consagra
todos los derechos” y que, en todo caso, después pueden limitarse. Para
Raúl Maza, el gendarme que echaron el año pasado por la huelga, “la
responsabilidad de lo ocurrido es directamente del Gobierno.
Sigue con la postura de echarle la culpa a otros y no hacerse cargo.
La solución es la sindicalización porque la gente si no termina
manifestándose y a veces comete errores porque no tiene
representatividad. Hoy un gendarme cobra de bolsillo entre $ 5.200 y $
5.500, el básico es de $ 3.200 y lo presentaron como un logro el año
pasado. No llegan ni a cubrir los $ 6.500 de la canasta básica”.
Julio Martínez, diputado del radicalismo, le contó a
Clarín
que hicieron una propuesta hace dos años, cuando ocurrió el
acuartelamiento de gendarmes y prefectos, “porque no tenían ninguna
válvula de escape y explotaron como explotó ahora la Policía en 17
provincias.
En uno de los proyectos planteamos que puedan ir al defensor del pueblo
por sus problemas, hoy puede ir cualquier ciudadano menos la gente de
seguridad. En España, por ejemplo, tienen derecho a hacerlo; y en
Alemania o Australia tienen un ombudsman militar. La Constitución, no lo
prohíbe, sino que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a
agremiarse”.
En un documentado estudio sobre el tema, Martínez
recuerda que la sindicalización militar y policial está avalada por la
OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su Convenio 187 de 1948
sobre libertad sindical; también por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 e incluso por la siempre
citada Convención de Derechos Humanos de Costa Rica. Ya en 1956 se creó
en Alemania la Asociación de las Fuerzas Armadas y, casi paralelamente,
el ombudsman, designado por el Parlamento para recibir cualquier tipo de
denuncias e inspeccionar, sin previo aviso, cualquier unidad militar.
La DBWV (así son sus siglas en alemán) surgió bajo el principio del
“ciudadano de uniforme”.
En el resto de Europa existen 39 asociaciones nacionales de 26 países
agrupados en EUROMIL, la Asociación Europea de Asociaciones Militares.
En el caso del sindicalismo policial, pueden mencionarse Irlanda, Reino
Unido, Alemania, Países Bajos, Islandia, Noruega, Dinamarca, Escocia,
Bélgica, Finlandia, Suecia, Luxemburgo y Suiza. Mucho más cerca, en
Uruguay desde el 2005 se implementó la sindicalización y también existen
sindicatos en Sudáfrica, Australia y Canadá. En Argentina, el
ministerio de Trabajo se negó a darle personería al Sindicato Unido de la Policía Federal Argentina.
“Lo que rompe la cadena de mandos no es la sindicalización, sino la ausencia de la misma”, le dice Martínez a
Clarín.
Víctor de Gennaro, diputado del Frente Amplio Progresista, coincide con
la afirmación y presentó otro proyecto en ese sentido. Para De Gennaro,
que discutió el tema en una audiencia pública realizada en 2012,
significaría
un avance en la democratización de las fuerzas de seguridad.”
“Ya sea telefonista, administrador de archivos, mucama, instructor o
policía, todos son trabajadores del Estado”, dijo en la audiencia
convocada por De Gennaro y Amado Vilches, del Sindicato de Policías de
Curacao. Y el coordinador de los sindicatos policiales de PIT-CNT de
Uruguay agregó: “El caballito de batalla es la argumentación basada en
que se trata de un organismo sujeto a disciplina y los sindicatos la
quebrarían, pero en realidad no es así.
Los sindicatos
policiales vienen a evitar los desbordes de autoridad permanentes que se
realizan contra los trabajadores policiales. Me refiero a los
desbordes del estamento, es decir, desde arriba hacia abajo, lo que
tiene que ver con la ley del gallinero. El tema de sindicalizar la
Policía es un riesgo, pero quizá también ayude a terminar con la
corrupción en la propia Policía”.
Desde Calafate, ajena a todo, Cristina se dedica a cuidar su jardín.
Investigación: JL/María Eugenia Duffard/ Amelia Cole
@
http://www.clarin.com/tema/el_personaje.html
http://www.clarin.com/opinion/Impunidad_0_1085291521.html
http://www.clarin.com/opinion/ruptura-total-relato-realidad_0_1047495308.html
Imágenes:
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