El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, calificó ayer de "acuerdo entre privados "los polémicos convenios confidenciales y retroactivos que el hotel Alto Calafate, del matrimonio presidencial Kirchner, firmó durante los últimos años con el principal beneficiario de la obra pública, Lázaro Báez, por los que se pagaron millones de pesos.
"Es un acuerdo privado entre personas, que fue declarado tanto por el ex
presidente como por la Presidenta", argumentó Parrilli en declaración a
la radio Vorterix. Ante la repregunta de los periodistas insistió: "Es
una cuestión de negocios privados", y afirmó que no le "importa" lo que
Báez haya hecho luego con las 935 habitaciones por mes que reservó y
pagó durante por lo menos dos años.
El propio funcionario indicó, sin embargo, que Báez alquilaba todas esas habitaciones "para subalquilarlas, obviamente, no para tenerlas cerradas", al tiempo que defendió ese vínculo contractual entre el matrimonio Kirchner y el empresario, ya que con esos alquileres "garantizaba un negocio".
El propio funcionario indicó, sin embargo, que Báez alquilaba todas esas habitaciones "para subalquilarlas, obviamente, no para tenerlas cerradas", al tiempo que defendió ese vínculo contractual entre el matrimonio Kirchner y el empresario, ya que con esos alquileres "garantizaba un negocio".
Horas antes, y en un comunicado oficial cargado de duras críticas a LA NACION, Parrilli había calificado de "falsas afirmaciones" las revelaciones sobre los vínculos hoteleros entre la familia Kirchner y Báez, así como los millones de pesos que el empresario patagónico pagó al matrimonio presidencial por los "alquileres" de tres hoteles.
El comunicado, sin embargo, ratificó algunas revelaciones que LA NACION publicó durante los últimos tres días. Entre ellas, que Báez les pagó millones a los Kirchner por la hostería Las Dunas, así como -aunque de manera implícita- el hecho de que siete empresas de Báez firmaron los polémicos convenios con el hotel Alto Calafate del matrimonio presidencial. En su largo comunicado, Parrilli nada rectificó al respecto.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
Lázaro II - y Báez prefiere la censura previa
El principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, Lázaro
Báez, solicitó ayer una medida cautelar ante la Justicia para impedir
que LA NACION y cualquier otro medio de comunicación en cualquier
soporte -gráfico, radial, televisivo o por Internet- publique nueva
información sobre los millones de pesos que entregó al matrimonio
Kirchner en concepto de "alquileres" en sus tres hoteles de Santa Cruz
durante los últimos años.
Báez pidió además que la cautelar se extienda en beneficio de las empresas con las que la firma Valle Mitre, que reconoció de su propiedad, "se encuentra vinculada comercialmente". Es decir que la medida proteja a las sociedades y hoteles de los Kirchner.
El empresario presentó su pedido en Río Gallegos, tras considerar que LA NACION participó en la violación del "secreto fiscal" de Valle Mitre al difundir la información contable y tributaria de esa empresa, a la que hasta ahora jamás había reconocido como propia en los registros societarios.
La reacción de Báez llegó luego de que LA NACION revelara en los últimos tres días cómo les pagó al menos $ 14,5 millones a los Kirchner, entre 2010 y 2011, sólo en concepto de "alquileres" de los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y Las Dunas, los tres de propiedad de los Kirchner.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
Hotesur, la protegida del Gobierno
La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ,
dependiente del Ministerio de Justicia) llega hasta la cúspide misma del
poder. Porque al "cepo informativo" que se montó para cuidar al
vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se sumó una cobertura
especial para Hotesur, la sociedad anónima con la que el matrimonio
Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Así surge de los registros
internos del organismo que fueron vistos por LA NACION y analizados por
tres expertos.
Hotesur adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si alguno de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).
Los incumplimientos de la firma controlante del Alto Calafate no
terminan allí. Presentó su declaración jurada obligatoria de
actualización de datos meses después de vencido el plazo. A diferencia
de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por
los otros fue sancionada con las multas previstas por la normativa
vigente.
Esta protección no es aislada. Se suma a la que tuvieron tres empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar), socio del matrimonio presidencial, y a la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini, tal como reveló LA NACION en enero y mayo pasados, lo que provocó la apertura de una investigación penal.
Pero el caso de Hotesur es más sensible. Se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que después de su muerte quedó bajo el control de su esposa y sus dos hijos, Máximo y Florencia.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
LA NACIÓN y este escribidor, ¿desestabilizadores?
El Ministerio de Justicia acusó anoche a LA NACION y a uno de sus periodistas, Hugo Alconada Mon, de montar "un proceso sistemático" de "maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones".
Así lo hizo horas después de que este diario revelara en su edición de ayer que la Inspección General de Justicia (IGJ) protegía a Hotesur, la sociedad anónima con que la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate.
A través de un comunicado, el Ministerio sostuvo que ese artículo careció de "rigor periodístico" y mostró "la mala fe en el accionar" del diario y del periodista, quien reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", como también que presentó su declaración jurada de actualización de datos fuera de término.
Según detalló el Ministerio, que lidera Julio Alak, la sociedad presidencial presentó su declaración jurada el 27 de abril de 2012 -LA NACION publicó que fue un día después, y así consta en el registro informático de la propia IGJ-, y que fue "intimada el 17 de abril de 2013 mediante carta documento a la presentación de los estados contables, el pago de las tasas adeudadas y a inscribir las autoridades vigentes".
En efecto, esa información faltante, que la IGJ reconoció al señalar que debió intimarla -aunque lo hizo con un año de demora, ya que tenía 10 días para hacerlo según la normativa vigente-, es la que expuso LA NACION ayer, al indicar que su último directorio se designó en 2008 y que adeuda presentar los balances de 2011 y 2012.
pd: el artículo que generó la reacción del Ministerio de Justicia, acá: el texto completo del comunicado oficial, acá; y el texto publicado hoy en LA NACIÓN, acá.
@
http://valijeros.blogspot.com.ar/
http://valijeros.blogspot.com.ar/2013/12/la-nacion-y-este-escribidor.html
http://valijeros.blogspot.com.ar/2013/12/hotesur-la-protegida-del-gobierno.html
http://valijeros.blogspot.com.ar/2013/12/lazaro-ii-y-baez-prefiere-la-censura.html
http://valijeros.blogspot.com.ar/2013/12/lazaro-i-parrilli-busca-desmentir-pero.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario