viernes, 20 de diciembre de 2013

Disparates del 2013

Disparates

Históricamente, pero sobre todo en los últimos años, diferentes políticos y comunicadores han lanzado no sólo opiniones sino hechos y datos falsos que pretenden asociar al Grupo Clarín.



El 19 de diciembre del 2013, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich eludió responder una pregunta de Gonzalo Asís, periodista de TN, y optó por increparlo con cuestiones atinentes al Grupo Clarín, que nada tenían que ver con el periodista ni con la conferencia de prensa. Las "preguntas" de Capitanich partían de premisas falsas, que luego fueron repetidas en una serie de tweets. Es falso que el fallo de la Corte Suprema de Justicia hable sobre la grilla del cable. Dicha sentencia no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de la grilla que mencionó el Jefe de Gabinete de Ministros. Es falso asimismo que Cablevisión este fuera de la ley respecto de la grilla. La ley es clara cuando ordena a los cableoperadores incluir las señales estatales en la grilla sin codificación ni costo adicional. Según la disponibilidad técnica de cada plaza, Cablevisión tiene Paka Paka, IncaaTV y Telesur, o bien en el "servicio analógico" o bien en el "servicio básico digital", ambos servicios sin cargo alguno, codificación ni costo adicional. Por lo tanto, se ajusta estrictamente a lo que establece la ley de medios. La justicia además se ha pronunciado disponiendo que el AFSCA no puede sancionar a Cablevisión por este tema. Cabe destacar, asimismo, que todos los operadores de TV paga poseen situaciones análogas a la de Cablevisión, pero jamás el AFSCA los ha mencionado ni intimado, volviendo a mostrar una actuación arbitraria y discriminatoria. Finalmente, Cablevisión ha celebrado acuerdos con señales privadas oficialistas de noticias, no alcanzadas por la ley de medios, incluyendolas en el servicio digital. Una vez más, el AFSCA pretende inmiscuirse en la libertad de programación de los medios, y peor aún, en la libertad de contratación e información del público, sin sustento legal alguno.
Los días 11 y 12 de diciembre del 2013, el relator Víctor Hugo Morales volvió a lanzar un compendio de disparates contra el Grupo Clarín, sus directivos y periodistas. El 11 de diciembre, a raíz de las protestas policiales, el locutor aseguró que “es evidente que hubo una intencionalidad de otro tipo, política, etcétera, abonada, preparada por medios de comunicación, todos los días minuto por minuto, desestabilizadores”. Ese mismo día insistió con su teoría conspirativa de que Clarín destituyó a Alfonsín y reiteró textualmente que “Magnetto tuvo el tupé de decirle a Alfonsín, esa expresión famosa de ‘usted ya es un estorbo’.” Por último, el día 12 justificó el intento de destitución al fiscal Campagnoli que investiga por lavado de dinero al empresario K, Lázaro Baéz, acusándolo de haber emitido un fallo escrito por los abogados de Clarín. Víctor Hugo ya no se esfuerza en disimular su encolumnamiento ciego y militante con el kirchnerismo. Al igual que los funcionarios del gobierno, recurre al latiguillo de acusar a Clarín de todos los males del país, aunque caiga en el terreno de la fantasía pura. El rol del periodismo es el de informar e investigar y eso fue lo que hicieron los medios del Grupo Clarín durante las protestas llevadas a cabo en todo el país por la policía, al igual que el resto de los escasos medios independientes que quedan en el país. Ni el gobierno se animó a acusar a los medios de tamaño disparate. En segundo lugar, la única persona que asegura que Alfonsín fue presionado por el CEO del Grupo Clarín para que dejara antes de tiempo la presidencia es Morales. Nunca se escuchó al ex presidente, ni a ninguno de quienes lo acompañaban en el gobierno, sugerir semejante barbaridad. Tanto es así que luego de dejar la presidencia, Alfonsín utilizó en varias oportunidades los medios del Grupo Clarín para expresar sus ideas (Ver Disparates de Octubre 2012). La frase “usted ya es un estorbo” es tan burda y falsa que merecería ser parte de una ficción kirchnerista producida por Guillermo Moreno y su mujer Martha Cascales (los productores de la fallida “El Pacto”, igualmente impresentable). Por último, jamás el Grupo Clarín y sus abogados han tenido otro rol –respecto de causas judiciales que involucran al poder político- que el de difundir información, en el primer caso; o el de defender los derechos de periodistas, ejecutivos o accionistas de Clarín, cuando el gobierno pretende involucrarlos judicialmente. Lo de Campagnoli es otro burdo disparate de VHM y la prensa ultraoficialista, también ya desmentido.
El 2 de diciembre del 2013 Martín Sabbatella fue entrevistado por Rodo Herrera en Radio Milenium. Durante la entrevista, el titular del AFSCA lanzó una serie de afirmaciones y conjeturas totalmente falsas sobre el Grupo Clarín. Primero, aseguró en forma tendenciosa que el Grupo Clarín fue la única empresa que no presentó su plan de adecuación antes del 7 de diciembre del 2012 y que luego del fallo de la Corte Suprema, “se acaba esa sensación de que estábamos el común de los mortales por un lado que cumplíamos la ley y quienes por otro lado podían estar por encima de ello”. Sabbatella continuó diciendo que “Quienes decían que ser presidente era un puesto menor, y que al lado de un CEO de una corporación con cuatro o cinco tapas de un diario se podía marcar el rumbo de un país, tienen que venir como cualquier hijo de vecino insisto terminando con esta idea de que alguien podía tener coronita, y presentarse con su plan” Y terminó asegurando que “con el Grupo Clarín estamos planteándole con mucha claridad que el cumplimiento de la ley es el cumplimiento integral de la ley, por lo tanto ahí tenemos un conflicto con la grilla que ellos tienen que resolver”. Con este tipo de declaraciones, Sabbatella vuelve a demostrar su falta de imparcialidad. El titular del AFSCA bien sabe que la Justicia había dictado una medida cautelar que establecía que hasta que no se resolviera el juicio de fondo por la ley de medios el Grupo Clarín no debía presentar su plan de adecuación, cosa que sí hizo cuando la Corte Suprema emitió su fallo. Quien por el contrario sí incumple la ley es el propio AFSCA que hasta el momento no ha dado curso al proceso de adecuación de ninguno de los grupos de medios que durante años estuvieron por fuera de la ley, y cuyo plazo de presentación había vencido el 28 de diciembre de 2011. También esos grupos estuvieron fuera de la ley, ya que demoraron un año desde esa fecha (ratificada por la Corte) en presentar sus planes.
Por otro lado, las afirmaciones de Sabbatella sobre supuestas declaraciones al parecer atribuidas al CEO del Grupo Clarín son totalmente falsas, como hemos repetido varias veces. Jamás ni Magnetto ni nadie de Clarín dijo alguna vez que el rol de presidente es un “puesto menor” ni tampoco que con las tapas de un diario se podía marcarle el rumbo a un Gobierno. Simplemente porque nadie en Clarín cree semejante cosa.
Por último, Cablevisión cumple las previsiones sobre la grilla del cable establecidas en la ley de medios: esto es, la incorporación de los canales con participación estatal sin codificación ni costo adicional.
Durante las últimas semanas de noviembre del 2013 el relator Víctor Hugo Morales lanzó una batería de difamaciones contra Clarín, sus periodistas y directivos. Un verdadero “combo de disparates”. Para el locutor, Clarín fue el ideólogo y artífice de la política económica de Carlos Menem en los 90 y buscó culpabilizar a la familia de Ángeles Rawson por su asesinato. Morales además calificó de neutral y objetivo un documental kirchnerista que se emitió en Canal 7 contra Clarín. 1) Intentar querer instalar a Clarín como el ideólogo y articulador de las políticas de la década de los 90 es directamente bastardear la historia. Los medios del Grupo cuestionaron muy tempranamente las políticas económicas del menemismo –contrarias a la tradicional línea editorial desarrollista del diario-, señalaron su impacto en la industrialización y el empleo y denunciaron irregularidades en las privatizaciones, entre otros resonantes casos de corrupción de la época. Al igual que el kirchnerismo, Menem y sus ministros manifestaron públicamente expresiones contra Clarín cada vez que el medio investigaba algún caso que los involucraba. Es recordada la frase de Menem al lograr su reelección en 1995: “Les gané a los medios” (en referencia a Clarín).
2) Insistir en que el Grupo Clarín quiso instalar un testigo falso en la investigación por el crimen de Ángeles Rawson, roza lo perverso. Cuando a la redacción de Telenoche llegó un llamado que podría ser de interés para la investigación, se actuó con extrema prudencia: no se lo difundió públicamente sino que se lo derivó a la Justicia para que estuviera al tanto, todo lo contrario a intentar operar sobre la investigación.
3) Por último, considerar a la serie “Clarín, un invento argentino” como objetiva o neutral es casi una tomadura de pelo. El director de la serie manifiesta diariamente su toma de posición militante contra el Grupo Clarín. Lo hace desde su cuenta de Twitter, en Radio Nacional y en las notas que publica en el diario paraoficial Tiempo Argentino.
El 28 de noviembre del 2013 el tándem Tiempo Argentino- Fiscal Osorio volvieron a intentar vincular a los accionistas del Grupo Clarín con una maniobra de lavado de dinero por operaciones públicas, legales y registradas por ellos mismos. Tanto los fondos a los que se refiere la nota del diario oficialista como la transferencia de los mismos son operaciones legales, legítimas y que fueron informadas por el propio Grupo Clarín a los organismos competentes. Los fondos en cuestión se derivan del pago de dividendos del Grupo Clarín surgidos de su balance anual cerrado a fines del 2007. El pago de dividendos está en las antípodas del lavado de dinero, y todas las transacciones financieras realizadas con dichos dividendos son públicas y están debidamente registradas, por lo que resulta imposible que las mismas puedan ser calificadas de sospechosas y/o injustificadas.
El 28 de noviembre del 2013 el diario oficialista Tiempo Argentino público una respuesta al disparate del 17 de noviembre. Bajo el título “Réplica y confirmación”, Tiempo Argentino insinuó que el Grupo Clarín confirmó la supuesta investigación hecha por el diario. No se entiende qué confirmó el Grupo Clarín. Todo lo que afirma la nota (incremento patrimonial injustificado de sus accionistas, operaciones que implicarían lavado de dinero y “estafa” a jubilados), fueron oportuna y previamente desmentidos con datos concretos y documentación registrada por el propio Grupo Clarín.
El 18 de noviembre del 2013 el titular de la UIF, José Sbatella, acusó falsamente a los accionistas privados de Papel Prensa del delito de “lavado de dinero” y le solicitó al juez federal Julián Ercolini que embargue e inhiba los bienes de la empresa. No es casual que la acusación de Sbattella se de la misma semana en la que el gobierno reflotó los falsos testimonios del prófugo de la justicia norteamericana, Hernán Arbizu, contra los principales accionistas del Grupo Clarín. El titular de la UIF ha demostrado con su histórico accionar que la oficina que él dirige sirve únicamente para hostigar y perseguir a todo aquel que sea considerado como “enemigo” por el gobierno. No es casual que este tipo de acusaciones sólo se den contra empresarios, políticos opositores o dueños de medios y que hasta el momento ninguna de estas acusaciones termine siendo considerada seriamente por la Justicia.
El 17 de noviembre del 2013 el diario paraestatal Tiempo Argentino publicó una nota en la que acusó a los principales directivos del Grupo Clarín de haber lavado dinero. El informe se ampara en una falsa acusación lanzada por uno de los fiscales más cercanos al gobierno, Miguel Osorio, quién también solicitó un embargo de 800 millones de pesos alegando incrementos en el patrimonio de los directivos del Grupo Clarín. La nota toma como pruebas de una supuesta maniobra ilegal información pública que fue suministrada por los propios accionistas del Grupo Clarín. Es ridículo pensar que alguien que estuviese lavando dinero lo haga público. Lo absurdo de la “investigación” de Tiempo Argentino es que los delitos estarían saliendo a la luz a partir de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP por los propios accionistas del Grupo Clarín. Según Tiempo Argentino es sospechoso el incremento en el patrimonio de Lucio Pagliaro y de José Aranda, directivos del Grupo Clarín, pero como ya se ha explicado hasta el cansancio, el incremento de su patrimonio obedece a que sus acciones del Grupo Clarín –declaradas y en blanco- comenzaron durante este período a cotizar en Bolsa, por lo que –como las leyes y normas contables lo indican- su valor a registrar dejó de ser el correspondiente a los balances de la compañía, para comenzar a ser el de su cotización en los mercados de valores.
Por otro lado, la nota vuelve a insistir con un viejo latiguillo K de acusar al Grupo Clarín de haber defraudado a las AFJP. Este disparate ya se explicó varias veces en esta misma sección, la última vez fue el 25 de mayo del 2013, pero como pareciera que los medios del Grupo Szpolski solo escuchan a determinadas fuentes, volvemos a repetir la misma explicación:
Luego de la salida a la Bolsa del Grupo Clarín, el 18 de octubre de 2007, más del 80% de las mismas fueron vendidas a inversores internacionales. La demanda más que duplicó la oferta. Dentro del tramo local, las AFJPs adquirieron un porcentaje menor, que no llegó al 1% de sus carteras. Las acciones de Clarín registraron una suba de más del 12% pocos días después de salir a la Bolsa, tendencia positiva que se mantendría durante varias semanas. Luego, con la crisis económica global se generó una baja generalizada que afectó a todas las compañías cotizantes en Bolsa, de la que nunca terminaron de recuperarse por el contexto macroeconómico del país, que hace que los activos argentinos valgan mucho menos que los de países vecinos. Posteriormente, luego de desatada la feroz ofensiva oficial contra Clarín desde marzo de 2008, las acciones del Grupo reflejaron además este acoso administrativo y regulatorio.
El 4 de noviembre del 2013, el mismo día en que el Grupo Clarín presentó su plan de adecuación ante el AFSCA, el kirchnerismo anunció el hallazgo de archivos de la última dictadura militar e intentó vincular esta documentación con la adquisición de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación. En reiteradas oportunidades se ha explicado porque es falso y malintencionado intentar vincular la compra de una empresa privada con posteriores delitos de lesa humanidad. Por algo en más de 20 años de democracia nunca surgió semejante acusación, y recién en la segunda presidencia del kirchnerismo se intentó instalar esta versión. Las actas en cuestión no avalan en ningún aspecto esa descabellada tesis. En primer lugar, se trata de documentación que ya obraba en sede judicial, por lo que no reporta novedad alguna. Y muy por el contrario a lo afirmado desde el kirchnerismo, de las actas surge claramente que los diarios se opusieron a diferentes disposiciones de la junta militar sobre la papelera, entre ellas el intento de que no se le pagara el saldo de precio a los vendedores, razón por la cual terminaron consignándolo judicialmente. También muestran que la junta militar poseía fuertes divisiones internas acerca del destino de Papel Prensa, y que incluso se intentó vincular a los diarios con acciones ilícitas por el sólo hecho de haber adquirido las acciones de la empresa. A su vez, los documentos dejan en claro que el propio gobierno militar decidió intervenir la compañía cuando ya era propiedad de los diarios.
El 4 de noviembre del 2013, luego de que se conociera el plan de adecuación voluntaria del Grupo Clarín, la ex miembro del AFSCA, Graciana Peñafort puso en duda la presentación del Grupo Clarín al asegurar que "Dividieron más de 20 licencias de cable en tres unidades, por lo que faltan decenas de licencias sin designar” y agregó "faltan mencionar unas 100 licencias de cable". La afirmación de la abogada denota que hizo un juicio apresurado del plan sin haberlo leído. La presentación hecha por el Grupo Clarín incluye la devolución de todas aquellas licencias de cable donde estas puedan ampliarse a zonas adyacentes, tal como la AFSCA se lo autorizó a Telecentro y luego se reglamentó para todos los operadores.

Los disparates de Sabbatella

En los últimos días, el titular del AFSCA lanzó una catarata de afirmaciones falsas y maliciosas sobre el Grupo Clarín en relación a ley de medios.
Aquí van algunas de ellas, seguidas de la verdad:
“Esta norma regula el mercado audiovisual y no interviene en los contenidos de los medios, los cuales son decididos por los licenciatarios”. FALSO. La ley interviene en los contenidos al quitarle sus licencias a sus actuales titulares, modificando así la línea editorial de dichos medios. Eso fue, sin ir más lejos, lo que pasó con medios como Radio 10 o C5N, que modificaron su programación y cambiaron a sus periodistas. Eso es lo que busca el Gobierno con Canal 13 y TN.
“La incompatibilidad en una misma ciudad entre un servicio de cable y una señal de aire es razonable”.
FALSO. Nada menos razonable que prohibir dos servicios que no compiten entre sí, uno de los cuales no usa espectro. Esta prohibición no existe en todo el mundo, y fue hecha para silenciar a Canal 13. Mientras tanto, se le permite tener televisión abierta a empresas de energía, casinos, minería y obras públicas.
“Si Clarín dejara Cablevisión en Buenos Aires, otro se haría cargo de esa licencia y para los usuarios sería lo mismo”.
FALSO. ¿Quién asegura que Cablevisión seguiría teniendo el mismo servicio, los mismos contenidos y la misma calidad e innovación que ahora? El nuevo licenciatario podría cambiar canales, discontinuar otros, y, en definitiva, dar un servicio diferente al que hoy eligen libremente los usuarios de Cablevisión. Desde ya, no podría invertir porque carecería de la sustentabilidad necesaria, como establecieron los peritos.
“Si cambiara el titular de la licencia Canal Trece, esa empresa elegiría su programación con la misma libertad y las mismas obligaciones que hoy tiene el multimedios Clarín”.
CONFESIÓN DE PARTE RELEVO DE PRUEBAS. Sabbatella reconoce que lo que busca la ley es alterar los programas, contenidos y señales que la gente elige. Ese nuevo titular podría, como ya sucedió con otros medios, discontinuar Telenoche, cambiar sus conductores o su línea editorial, eliminar el programa de Lanata y muchas otras cosas. Hoy Canal 13 puede ser crítico porque pertenece al Grupo Clarín, que además lo respalda económicamente frente a la asfixia que le provoca el Gobierno.
“Decir que un canal de aire o de cable podría desaparecer con la aplicación de la ley es tan falso como lo sería indicar que una autopista dejaría de existir si cambia el concesionario”.
HONESTIDAD BRUTAL. Esta comparación de la libertad de expresión con una autopista da cuenta de la concepción autoritaria y hegemónica que tiene sobre un derecho fundamental. Nada hay más diferente a la monotonía del asfalto de una autopista que la programación e información que diariamente brinda el Grupo Clarín a millones de personas. Es cierto que si cambia el concesionario de una autopista puede no cambiar demasiado para los usuarios. Por el contrario, si se priva a Grupo Clarín de sus licencias se privará a toda su audiencia de una programación crítica, entretenida y que contribuye al debate público. A diferencia de lo que podría pasar con una autopista, si los medios de Grupo Clarín cambian de dueño no serán los mismos y seguramente, como ya pasó con muchos otros medios tomados por el Gobierno, desaparecerá la principal voz crítica y se incrementará la monotonía del discurso oficial".
“Los límites a las licencias se sujetaron estudios previos, son consecuencia de numerosas variables y están inspirados en las mejores legislaciones del mundo”.
FALSO. Como quedó demostrado en la audiencia pública, el AFSCA no pudo mostrar ni siquiera un estudio concreto que analizara si existen en el mercado argentino de medios niveles de concentración nocivos o superiores al promedio mundial. Y, menos que menos, análisis de mercado que indicaran que los límites de la ley son razonables y no fueron puestos de manera caprichosa, como una represalia contra un medio crítico. Todo lo contrario: ninguna legislación internacional tiene restricciones como las 24 licencias de cable, el 35% de la audiencia, la prohibición de producir más de una señal audiovisual o la incompatibilidad de Cable vs. TV abierta. Fueron puestas con nombre y apellido.
“Los servicios que debe dejar de prestar una empresa para adecuarse a los límites establecidos por la ley serán prestados por otra, sin afectar la vida cotidiana”.
FALSO. Los nuevos licenciatarios no garantizan la provisión ni de los contenidos ni de los servicios brindados por los anteriores. Más aún, en muchos lugares directamente no podrán llegar esos contenidos o esos servicios de la manera que hoy llegan, por el límite del 35% de audiencia. En otras, algunos de esos servicios se perderán, porque la red de cable fragmentada no podrá soportar el servicio de internet en las localidades que excedan ese límite.
“El Grupo Clarín posee 237 licencias, lo que significa 150 veces más que el promedio. Los métodos extorsivos que utilizó esa corporación empresaria para hacerse de esos sistemas de cable ya fueron largamente difundidos”.
FALSO. Cablevisión opera a través de 158 licencias locales, que es menos del 1% de las 2200 localidades a las que puede llegar su principal competidor, DirecTV, uno de los grandes beneficiados por la ley de medios. También hay otras empresas de cable que operan decenas de licencias, como Supercanal o Telecentro. A estas, además, el AFSCA las beneficia permitiéndoles cubrir con una licencia el mismo territorio que a Cablevisión le demanda más de 20. Cablevisión conformó su red de cable con inversión multimillonaria y genuina a lo largo de 20 años. Todos los cables que fue sumando a su red en la década del 90 (cuando no era de Clarín) fueron comprados a valores de mercado, millonarios en dólares, y quienes los vendieron hicieron excelentes negocios, multiplicando varias veces su inversión. No existe ningún cableoperador que haya denunciado jamás una venta bajo presión.
“Se habla de la afectación a los usuarios de Fibertel, pero la ley no regula internet”.
FALSO. La ley regula indirectamente internet, al prohibir a los prestadores de banda ancha por cable módem (básicamente Cablevisión) llegar con sus servicios a más de 24 localidades y 35% del mercado. Esta arbitrariedad deja automáticamente sin poder elegir el servicio de Fibertel a miles de clientes de Internet. La reducción de opciones favorece el monopolio de las telefónicas, impide la competencia por precio y velocidad, y, en definitiva perjudica al usuario de internet.
“Con la aplicación integral de esta ley, el hombre de a pie no sólo seguirá eligiendo en libertad los contenidos que le gustan, sino que podrá hacerlo con una oferta mayor de medios y de señales de televisión y radio.”
FALSO. Ya está demostrado que esto no es así. La ley tiene 4 años y no hubo ningún impedimento para que la oferta de “medios y de señales de televisión y radio”, como dice Sabbatella, se multiplicara exponencialmente. Todo lo contrario: hubo cientos de licencias para medios estatales y paraestatales, hubo concursos desiertos, hubo transferencias ilegales de medios a manos amigas… Y nada de eso requirió del desguace del Grupo Clarín. Lo que claramente hubo es una oferta cada vez mayor de medios y señales oficialistas, alimentadas por la publicidad oficial, la compra por empresarios amigos, las transacciones regulatorias y muchos otros mecanismos. Al punto que hoy el 80% de los medios audiovisuales responde al Gobierno. De lo que se trata, aunque no lo diga Sabbatella, es de ir por el 20% restante.
“Es gravísimo y lamentable que el Grupo Clarín siga sin incluir Paka-Paka en su programación”.
FALSO. Paka-Paka está en la grilla de Cablevisión desde hace dos años. Junto con otras señales estatales y paraestatales (como IncaaTV, Telesur o CN23), se encuentran, según la disponibilidad técnica de cada plaza, o bien en el sistema analógico o bien en el sistema “Básico Digital”, ambos sin cargo, codificación ni costo adicional, como marca la ley.
El viernes 13 de septiembre, Tiempo Argentino y otros comunicadores K, como Víctor Hugo Morales, iniciaron una campaña en la que afirman que “abogados de Clarín les escriben los dictámenes a Campagnoli”, en referencia a una denuncia del abogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco, quien busca obstaculizar la causa por la ruta del lavado de dinero K. En su afán por correr el eje de investigaciones que los involucran (y que la semana pasada se vieron agravadas por la declaración de un ex gerente de Báez sobre el pago de U$S 7 millones en negro), las operaciones mediáticas del kirchnerismo se hacen cada vez más fantasiosas y disparatadas. Jamás el Grupo Clarín y sus abogados han tenido otro rol -respecto de investigaciones judiciales que involucran al poder político-, que informar al público sobre las, o bien defenderse de las chicanas de imputados y procesados por el sólo hecho dedifundir cuestiones de interés público. Las demandas de oscuros personajes contra Clarín, Canal 13, Periodismo para Todos o contra sus periodistas para intentar amedrentarlos y correrlos de su legítima función son moneda corriente, sobre todo en los últimos años.
El 12 de septiembre del 2013 el diputado kirchnerista Carlos Kunkel fue entrevistado por Ernesto Tenenbaum en su programa Tierra de Locos y ante la pregunta sobre cómo resolver el problema de la inseguridad, Kunkel recurrió a dos latiguillos clásicos de su discurso: atacar a Clarín y minimizar los problemas actuales, comparándolos con la dictadura. Pero está vez el diputado cruzó todos los límites: intentó vincular al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, con la desaparición del periodista Edgardo Sajón, y luego, en el colmo de la calumnia, agregó que Magnetto “daba las listas de las preguntas que le tenían que hacer en la tortura para quitarles las empresas”. Si bien suele suceder que ante cualquier pregunta incómoda el diputado sólo atine a atacar a Clarín, Kunkel viene cayendo en calumnias e injurias cada vez más graves. Jamás existió denuncia, acusación, indicio, señalamiento o ínfima sospecha que pueda vincular a algún directivo de Clarín con el secuestro, asesinato o desaparición de una sola persona durante la última dictadura militar. La gravedad de la acusación de Kunkel exime de mayores comentarios. Sólo alguien protegido por fueros parlamentarios puede gozar de tanta impunidad para decir estas aberraciones.
El 11 de septiembre del 2013 la agencia gubernamental Télam difundió un cable en el que acusa falsamente al Grupo Clarín de supuestos avances ilegales sobre la vía pública en el barrio porteño de Barracas, tanto por parte de la planta impresora de Clarín y como del edificio central de Cablevisión. La nota de Télam falsea, distorsiona y omite datos. Clarín nunca cortó una calle. Ya desde antes que AGEA (la empresa editora del diario) adquiriera los terrenos en donde hoy se encuentra su planta impresora, la calle Ascasubi terminaba donde termina hoy. Por entonces, la delimitaba un alambrado.
Por otro lado, la carpa que se encuentra en la entrada del edificio de Cablevisión es una medida de seguridad que se tomó para evitar el ingreso de personas no autorizadas luego de que Cablevisión sufriera distintas amenazas y hasta desembarcos ilegales, como el del año 2011 cuando espías y representantes del grupo Vila-Manzano ingresaran por la fuerza a la empresa sin orden judicial válida.
En cuanto a los paneles metálicos que se encuentran sobre la autopista 9 de Julio Sur, fueron colocados luego de que el 10 de mayo de este año se efectuaran disparos contra el edificio en tres ocasiones, siempre desde la autopista. Cabe aclarar que tanto la colocación de la carpa como la de los paneles cuenta con la plena autorización de los organismos estatales correspondientes.

Los disparates K en la audiencia por la ley de medios

En la audiencia por la ley de medios, se multiplicaron los disparates y las afirmaciones sin sustento por parte de los representantes del Gobierno Nacional.
A lo largo de las dos jornadas, se sucedieron difamaciones, calumnias, datos falsos, “oportunas omisiones” y quedó en claro que el Gobierno no pudo justificar, con elementos concretos, el porqué de las restricciones plasmadas en los artículos más polémicos de la norma. Restricciones que, como quedó claro, no apuntan a un mayor pluralismo sino al desguace de medios críticos.
Veamos algunos de los disparates más resonantes:
Las calumnias de Alejandra Gils Carbó La procuradora general (que debería guardar neutralidad) tuvo un discurso de encendido tono militante, en el que repitió las difamaciones más corrientes del kirchnerismo contra Clarín. Habló de violación a los derechos humanos (pese a que en la Justicia jamás se probaron las acusaciones de lesa humanidad), de conductas extorsivas contra la democracia, o de una adquisición ilegítima de Cablevisión (pese a que fue aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en 2007), entre muchos otros dislates.
Las falsedades de Cynthia Ottaviano La defensora del público (que se adjudicó la representación de toda la audiencia), no dudó en poner en juego su pretendida objetividad con una exposición de total enfrentamiento contra un grupo de medios en particular. Su alocución pretendió ser efectista pero se desarmó al contraste con la realidad. Dijo que Cablevisión era monopólico cuando compite en todas las plazas donde opera, sostuvo que había despedido gente cuando incorporó 2000 puestos de trabajo, dijo que no incorporaba señales que ya existen en su grilla, y habló de reclamos inexistentes.
Las mentiras, omisiones y contradicciones del AFSCA Los representantes del AFSCA no se quedaron atrás:
  • Sostuvieron que las licencias son “meros privilegios precarios”, que los gobiernos pueden revocar anticipadamente, condicionando la libertad de expresión.
  • No pudieron mostrar un solo análisis respaldatorio o documento técnico que justifique las restricciones más arbitrarias del artículo 45: 24 licencias locales de cable, 35% de audiencia, una señal de contenidos y prohibición de TV abierta y cable.
  • Tampoco pudieron justificar por qué la ley discrimina a los cables frente a la televisión satelital, que puede cubrir todo el país con una sola licencia.
  • No explicaron por qué la ley restringe la producción de señales nacionales (permitiendo sólo una por grupo nacional) y favorece las extranjeras (permitiendo que los grupos extranjeros –que operan cable y TV abierta- tengan 30 o 40 señales en el país).
  • No pudieron precisar cuántas licencias tiene el Grupo Clarín ni qué participaciones de mercado posee en cada servicio (Radio, Televisión y Cable). En TV abierta y radio dieron porcentajes equivocados. En cable, dijeron el primer día que esa participación era del 60% y al día siguiente del 45%. Aunque en documentos oficiales la ubican en el 40,8%.
  • Como era obvio, no pudieron sostener en la audiencia que el Grupo Clarín es un monopolio ni tiene posiciones dominantes. Los datos los desmentirían: el Grupo convive con más competidores que el promedio mundial: tiene 8 radios en todo el país sobre 12.000 existentes (2 en AMBA sobre 550 existentes); 4 canales de TV de aire sobre 45 analógicos y 29 digitales, una señal de noticias sobre 7 existentes, etc.
  • En ningún momento de la audiencia el Gobierno pudo explicar por qué sería necesario silenciar voces del Grupo Clarín para que existan otras nuevas. Es más, quedó en claro que existen numerosos espacios vacantes tanto en medios que usan espectro como en aquellos que no lo usan (más aún, en estos últimos el espacio es infinito). La mejor prueba fue el concurso por 220 nuevos canales de TV digital, que el Gobierno debió dar de baja por falta de interesados.
  • Contradiciendo sus propios argumentos, el AFSCA aseguró que desde la sanción de la ley entregó más de 800 licencias. ¿Cuál sería la razón entonces para desguazar al Grupo Clarín si no hay escasez de licencias? ¿Silenciar una voz crítica quizás? ¿Una de las pocas que sobrevive sin publicidad oficial ni negocios con el Estado?
  • El AFSCA repitió que Clarín es el único grupo mediático no adecuado a la ley pese a que está adecuado a lo que ha dicho la Justicia. Pero en la misma audiencia reconoció que sólo el 35,9% de los otros grupos están adecuados. Omitiendo mencionar los “simulacros de adecuación”, que el ente tolera entre sus medios aliados.
  • Cuando le preguntaron si el Grupo Clarín tenía sanciones por “abuso de posición dominante” el AFSCA prefirió evadir la respuesta. ¿Será por que sabe que Clarín nunca recibió sanciones por este tema?
• Ver también: Ley de medios: todo lo que el Gobierno no pudo explicar en la audiencia
El 16 de agosto del 2013 Martín Sabbatella, titular del AFSCA, fue entrevistado en FM Delta y utilizó datos falsos para intentar presionar a la Corte Suprema de Justicia de cara a la audiencia convocada por el máximo tribunal el 28 de agosto. Sabbatella dijo: "en Argentina el 80 por ciento de los hogares tiene cable, y el 60 por ciento es del Grupo Clarín". Los dichos de Sabbatella son falsos. En el año 2007 cuando el gobierno autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, ambas empresas pasaron a tener el 47% del mercado del cable. Lejos de restringir la competencia, la incentivó. Desde el año 2007, los principales competidores de Cablevisión (DirecTV, Telecentro, Supercanal, etc) tuvieron tasas de crecimiento muy superiores a la empresa del Grupo Clarín. En consecuencia, la participación de Cablevisión dentro del mercado del cable fue disminuyendo año a año.
Es sumamente llamativo que quién debería conocer minuciosamente los detalles de la industria que él mismo regula utilice datos tan alejados de los de la realidad. Esto solamente podría comprenderse si la verdadera intención de Sabbatella es la de confundir a la opinión pública para perjudicar a una empresa en particular.
El 9 de agosto del 2013, un día después de la audiencia de mediación entre Víctor Hugo Morales y Héctor Magnetto, el relator volvió a cargar contra el CEO del Grupo Clarín y aseguró que este había dicho que para él la presidencia era “un puesto menor” y que también fue Magnetto quién no le permitió a Alfonsín terminar su mandato:
"Es verdad, este hombre le dijo a Menem, un puesto menor, un presidente, qué presidente si yo manejo todo. Y Alfonsín, Alfonsín le dijo: déjeme terminar el gobierno, una salida decorosa para que el resto de la vida no sea un perjuicio más para mi radicalismo. Le dijo usted ya es un estorbo, salga, lo apartaron. Este es el personaje en cuestión."
Las afirmaciones de Morales sobre el CEO del Grupo Clarín son otro ejemplo de su falta de escrúpulos. En primer lugar, como ya se ha dicho en esta misma sección, jamás, ni en público ni en privado, el CEO del Grupo lanzó una afirmación semejante sobre el puesto de Presidente de la Nación. En segundo lugar, afirmar que fue Magnetto quién obligó a Alfonsín a dimitir es de una falsedad tan obvia y grosera que roza el grotesco. Nunca nadie y mucho menos el propio Alfonsín llegó a deslizar semejante disparate. Tal es así que entre Alfonsín y Magnetto existió una relación de respeto mutuo que se mantuvo hasta la muerte del ex presidente. Luego de finalizar su mandato Alfonsín utilizó en reiteradas oportunidades las páginas de Clarín para expresar sus opiniones, ya sea mediante entrevistas o notas de opinión (estas se encuentran compiladas en otro disparate de Víctor Hugo Morales con fecha de octubre de 2012).
El 8 de agosto, al salir de la audiencia de conciliación con Héctor Magnetto, el relator Víctor Hugo Morales dio una improvisada conferencia de prensa para algunos medios oficialistas en dónde desvirtuó los motivos de la demanda y acusó a Magnetto de inciarle acciones judiciales por sus opiniones: “no se concibe que sea una empresa periodística (...) la que haga una denuncia y una presentación contra un periodista, acorrale la libertad de expresión, creen ellos, de un periodista”. Nunca Héctor Magnetto le inició una acción judicial a ningún periodista por su opinión. La demanda contra Víctor Hugo Morales fue por afirmaciones asertivas, no por opiniones, luego de que el relator utilizara en reiteradas oportunidades sus programas para imputarle a Magnetto hechos concretos y absolutamente falsos, como la responsabilidad en delitos aberrantes, conductas mafiosas, actividades criminales, etc. Sin el mínimo pudor, Morales acusó a Magnetto de “secuestro de bebés”, “torturas”, “picanas”, “robos”, “atentados contra la democracia”, etc.
En los más de 60 años de vida de Clarín, distintas personas públicas han expresado opiniones –algunas muy virulentas y casi enfermizas- en contra del diario o de sus accionistas, pero nunca fueron demandados, aunque podrían haberlo sido. Por ejemplo, Julio Ramos fue un crítico obsesivo y acérrimo del Grupo Clarín pero nunca cayó en la infamia de imputar delitos aberrantes a sabiendas de su falsedad.

El 26 de julio del 2013 el diputado kirchnerista Carlos Kunkel aseguró que el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, “se apropió de muchas empresas bajo la tortura y asesinato de los dueños". Días atrás la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó vincular la adquisición de Papel Prensa con delitos de lesa humanidad. En la misma sintonía se expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quién mencionó el caso Papel Prensa y acusó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de ser un “delincuente”. Frente a las reiteradas y falsas acusaciones K respecto de la adquisición de Papel Prensa, intentando vincular ese hecho a delitos de lesa humanidad, y pretendiendo involucrar en el mismo al CEO del Grupo Clarín, vale reiterar lo siguiente:
  • Cualquier vinculación de Héctor Magnetto con este tipo de delitos es ni más ni menos que una calumnia (para nuestro Código Penal, calumnia es la falsa imputación de un delito). En efecto, Magnetto jamás ha sido siquiera citado a declarar en ninguna causa judicial por este tema.
  • Más aún, el juez federal de La Plata, Angel Corazza, que investigó el secuestro de los Graiver en el denominado “Circuito Camps”, dejó expresado por escrito, en el año 2010, que ni el Sr. Héctor Magnetto ni el Sr. Bartolomé Mitre (a quien el Gobierno suele incluir en sus acusaciones mediáticas) están imputados ni investigados por delito alguno en esa causa.
  • Obviamente no podrían estarlo, porque la operación de compra de acciones de Papel Prensa por los diarios Clarín, La Nación y La Razón se realizó el 2 de noviembre de 1976, casi cinco meses antes de la detención ilegal de los Graiver.
  • Esta compra se concretó luego de una negociación de los 3 diarios con el Grupo Graiver que fue liderada por el hermano de David (el banquero fallecido), Isidoro Graiver, quien dijo públicamente en 2010 que no había sido amenazado ni presionado para vender la empresa a los diarios y que nada tenía que reclamarles. Lo mismo sostuvo María Sol Graiver, hija del banquero. Ambos publicaron sendas solicitadas con su testimonio, además de ratificarlo ante la Justicia.
  • Quien sí modificó la historia, reescribiéndola bajo el guión que inventó el kirchnerismo, fue Lidia Papaleo (quien fuera pareja de David Graiver, aunque no su esposa según la ley argentina). Lo hizo contradiciendo lo que había sostenido en dos juicios llevados a cabo democracia, en los cuales jamás mencionó que los diarios la hubieran amenazado.
  • Papaleo fue una pieza central de la estrategia de Guillermo Moreno, quien en 2010 elaboró un informe plagado de falsedades al que denominó "Papel Prensa, La Verdad", y que fue cuestionado hasta por el periodista Horacio Verbitsky. La súbita "conversión" de Papaleo fue testificada ante escribano por el presidente de La Nación, Julio Saguier, quien relató que, café de por medio, Papaleo le confesó que lo hacía por dinero.
  • A partir de su cooptación por el kirchnerismo (junto a su hermano Osvaldo) los testimonios de Lidia Papaleo empezaron a estar plagados de contradicciones. Primero sostuvo que la empresa se había vendido mientras ella estaba secuestrada, o en "la mesa de torturas". Luego, al comprobar que los documentos la desmentían, la versión fue "corregida". Allí entonces Papaleo inventó supuestas miradas o frases amenazadoras de Magnetto (justamente el blanco preferido del kirchnerismo), miradas y frases que jamás existieron ni tampoco fueron referidas por ella misma en más de 30 años.
  • Lidia Papaleo también sostuvo inicialmente que su firma era necesaria para que los diarios compraran las acciones de la empresa. Pero la verdad es que Papaleo no firmó ninguno de los contratos por los que se transfirió el control de Papel Prensa. Sólo firmó, en representación de su hija menor de edad, un contrato colateral por una pequeña cantidad de acciones adicional. Pero ese contrato nunca se ejecutó: los diarios desistieron de comprar esas acciones, que hoy pertenecen a Télam.
  • Lidia Papaleo fue presentó públicamente por el kirchnerismo como "heredera" de David Graiver y perjudicada en términos económicos. Pero como ella nunca estuvo casada con David por la ley argentina, jamás tuvo derechos sucesorios. Los herederos de Graiver, fallecidos sus padres, fueron únicamente su hija María Sol y su hermano Isidoro, quienes desmintieron a Lidia.
  • Más aún, en su última declaración, en junio de 2013, Papaleo tuvo varias contradicciones más, incluso con sus discursos recientes. Terminó reconociendo que las negociación por Papel Prensa la llevó adelante Isidoro, que ella no tenía idea de los términos de la misma, que jamás vendió acciones porque no le pertenecían, que además de Papel Prensa debieron vender otras empresas porque el Grupo estaba muy endeudado y que tenían fuertes reclamos de acreedores (entre ellos de la Organización Montoneros, que había depositado en los bancos quebrados de Graiver los millones de dólares producto del secuestro de los hermanos Born).
  • Como quedó claro en la causa que en democracia llevó adelante la Cámara Federal (la misma que juzgó a las Juntas Militares), el secuestro de los Graiver, en marzo de 1977, no tuvo nada que ver con Papel Prensa sino con el vínculo financiero que tenían con Montoneros. En esa causa, los Graiver acusaron a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los vejámenes que sufrieron, y jamás vincularon su detención con Papel Prensa. Y la propia Cámara dijo textualmente: "Los integrantes del Grupo (Graiver) declararon que el tormento tenía por objetivo preponderante, que surgía del interrogatorio, los tratos del financista desaparecido con la mencionada organización subversiva (en referencia a Montoneros)".
  • O sea que la falsedad de la historia que Lidia Papaleo intentó reescribir, en complicidad con Guillermo Moreno y otros relatores del kirchnerismo, ya ha quedado demostrada.
  • La cuestión de Papel Prensa es similar a otra causa donde se pretendió inventar un delito de lesa humanidad con fines persecutorios: el caso Noble Herrera. Pese a que jamás existió ningún elemento concreto de sospecha (salvo que se considerara como tal el hecho de que los hermanos fueron adoptados en 1976), durante años el kirchnerismo acusó a la directora de Clarín de “apropiadora” y llegó a sostener que Marcela y Felipe Noble Herrera “llevaban la prueba del delito en su sangre”. Pese a que esa falsedad quedó científicamente demostrada, jamás se rectificaron ni pidieron disculpas.
El 22 de julio del 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a una nota del diario Clarín publicada el día anterior en la que se mencionaba el riesgo de un enfrentamiento entre dos bandos de la barra brava de Boca, que finalmente, en los hechos, terminó dejando un saldo de dos muertos y al menos cuatro heridos. La presidenta acusó a Clarín de saber de antemano que estos hechos iban a suceder y sugirió una responsabilidad del diario: “¿Cómo es posible que alguien, como leí hoy, había advertido que podía pasar? ¿Qué, sabía que había ido gente con armas? Y si pensaban que había gente con armas, ¿por qué no denunciaron quiénes eran esos que iban a ir con armas? Esto me llamó poderosamente la atención.” Clarín y su periodista hicieron lo que debe hacer un medio de comunicación. Investigar y poner en conocimiento de la sociedad la información que poseen. Lo hicieron, además, en un contexto de compromiso histórico, del diario y del Grupo, contra la violencia en el fútbol. Los medios del Grupo son los que más periodistas especializados tienen en esta temática, los que han descubierto acciones y complicidades a lo largo y ancho del fútbol argentino, los que han desarrollado campañas institucionales condenando estas actitudes. Acusarlos de tener algún tipo de responsabilidad en hechos como el del domingo (cuando dieron información valiosa que podría haber ayudado a prevenirlos,) es verdaderamente insultante. Esta actitud contrasta con la de la misma Presidenta, quien en otras oportunidades calificó a los barras como “buenos muchachos” y aseguró quedar “maravillada” al ver a “esos tipos parados en la paravalancha” que según ella “arengan y arengan, la verdad mi respeto para todos”.
A continuación, la respuesta del periodista Enrique Gastañaga a la acusación oficial: Un periodista no es policía ni funcionario judicial.
El 19 de julio Víctor Hugo Morales atacó, en su programa en Radio Continental, a Ricardo Canaletti, a Canal Trece, y a TN, por el tratamiento del caso Ángeles Rawson, acusánsolos de difundir hechos falsos de la investigación e involucrar a un funcionario nacional en el caso. La respuesta: Por Ricardo Canaletti
"¿Qué sabe usted, señor Morales?
Bien sé, Morales, que usted no esperaba que yo respondiera a su editorial del viernes 19 de julio por radio Continental. Lo haré porque usted habló de mi trabajo con insidia, desinformación e insolencia. Y lo haré además por el desagradable presentimiento que tengo de que volveré a escuchar sus atolondradas reflexiones.
No crea que sus palabras son menos injuriosas por provenir de quien jamás ha ejercido el periodismo. Siempre lo he considerado un relator de fútbol...
He soportado su estridente voz cuando tuvo la fortuna de relatar en la Argentina los primeros goles de Maradona en Boca, en el lejano 1981. Mucha pasión fingida, aunque todos sabemos que ese es el juego del relator de deportes. Luego soporté avergonzado su “barrilete cósmico”, poetastro de suburbio, y ahora lo oigo utilizar el engaño con voz sólida y segura, para defender al Gobierno -aunque no haya ningún ataque-, convertido en un voluntarioso y obsesivo esbirro mediático.
Usted ha dicho que El Trece, Todo Noticias y Clarín “plantaron” una testigo falsa en el caso de Ángeles Rawson para perjudicar al Gobierno, y que hemos difundido machaconamente las palabras de esa testigo. Usted miente.
Nunca El Trece, ni TN, ni Clarín difundieron la versión de la testigo Susana Fuentes en el caso Ángeles. Nunca se puso ningún zócalo en TN con sus dichos, ni se tuvo ninguna primicia, ni se hizo un solo comentario. Nunca se dijo nada. Ni por un segundo. Yo tengo algo muy claro: no soy como usted, no miento. Usted lo hace con descaro. Me pregunto a veces si le piden tanto.
No es mi problema que no le guste la estética de Todo Noticias, circunstancia a la que alegre y caprichosamente se refiere en ese editorial del 19 de julio. Si no le gusta, Morales, cambie de canal, compre otro diario, escuche otra radio, pero no nos difame porque me difama, no nos calumnie porque me calumnia.
Usted me llamó delincuente mediático por hacer lo correcto.
¿Quién es usted para proferir semejante insulto? ¿Cuál es el derecho que lo autoriza a tal atropello? Es usted un redomado embustero que pretende cargarle a los demás sus propias miserias. No soy de su condición, Morales.
Morales, qué sabe de mí o de la gente que trabaja conmigo... Son personas, Morales, que no merecen sus insolencias de relator de fútbol devenido en sabelotodo. Morales, no se meta donde no debe. No sea impertinente y maleducado. Lo llamo a la reflexión, que espero realice en consideración al sosiego que suelen dar los años. Aprenda, infórmese, incursione en el periodismo, nunca es tarde. Bueno, acaso le lleve jornada completa defender su bolsillo y su vapuleado prestigio. Pero no me haga cargo de sus frustraciones, de su amargura existencial.
Como el testimonio de esta Susana Fuentes involucraba a la familia de Ángeles, yo lo puse en conocimiento de quien representa a Ángeles, Pablo Lanusse (fui yo, no fue Magnetto, a quien he visto una sola vez en mi vida y que no supo jamás que esta historia se estaba desarrollando). Y fue Lanusse quien decidió llevarlo a la Justicia. Y fue el juez Ríos quien decidió suplantar a la Federal por la Metropolitana solamente -y digo solamente- para que se trasladen a todos los vecinos del edificio de Ravignani, una medida que no se había tomado antes.
¿Por qué le preocupan tanto los inconvenientes que tal vez sufrieron esos vecinos en el traslado a Tribunales? ¿Usted sabe, Morales, que en el edificio donde viven esas personas fue asesinada una nena de 16 años? ¿No advirtió, Morales, que si no los llamaba el juez, esos vecinos jamás hubiesen dicho que el portero les pidió, el mismo día que mataron a la chica, que sacaran la basura antes de hora? ¿Es que no lo iban a decir nunca? ¿Usted, Morales, sabe cómo se desarrolla una investigación criminal?
El testimonio de Fuentes no fue utilizado periodísticamente. Nunca. No lo convertimos en una primicia porque lo manejamos con la seriedad con la que trabajamos todas las informaciones que nos llegan. No hubo utilización de ese dato. Fue una decisión basada en la concepción del periodismo como servicio. No debía haber primicia porque esa información era dudosa, sin posibilidad de corroboración, no aportaba ningún esclarecimiento.
En consecuencia, Morales, debía ser un órgano judicial el encargado de evaluar los datos de la testigo. Usted, Morales, al decir lo contrario, miente. Lo que pasa, Morales, es que usted no sabe. No sabe y no le preocupa.
Entiendo, al ser yo periodista, lo que es no saber. Las veces que me habré comido los nudillos por no saber, por tener que quedarme callado. Hubo y hay otros que no saben y hablan igual para que sus jefes les acaricien las nalgas. Siempre habrá de éstos. ¿No es cierto, Morales?
El testimonio de Fuentes fue llevado a tribunales por la vía adecuada. El juez, al admitir que entrase al expediente (porque es el juez el que determina qué entra o no en el expediente), puso en marcha el mecanismo que llevaría inexorablemente a alguno de estos dos resultados: o el testimonio quedaba incorporado como prueba válida, o quedaba descartado por falaz. Ocurrió esto último.
¿Sabe otra cosa, Morales? (veo que son muchas las cosas que no sabe, sin embargo habló de este asunto durante media hora el viernes 19 de julio). Fue el juez el que buscó a la testigo -yo no pude nunca hablar con ella personalmente-, el que la escuchó y evaluó su declaración. Él tenía la potestad de hacerlo y quiso hacerlo. Fue el juez quien terminó descartándola y el que la mandó investigar por mentir. En nada de esto tuvieron que ver el Trece, ni TN, ni Clarín, ajenos a estos menesteres. ¿Entiende, Morales?
Repito, yo no llevé ese testimonio. En cambio Cristina Caamaño, funcionaria del Ministerio de Seguridad, sí llevó un testigo dudoso. ¿Sabe, Morales, que fue la noche del 14 de junio? Era un testigo que pretendía comprometer a la pareja de la mamá de Angeles y que también quedó descartado. No se decidió todavía si lo investigarán por falso testimonio (ah, no diga más padrastro, por favor, porque Ángeles tenía padre vivo).
Cuántas cosas que ignora, Morales. Por ejemplo, ¿usted sabe que el funcionario que tanto defendió en su diatriba del viernes 19 de julio, Sergio Berni, habló conmigo por primera vez en su vida la noche que llevaron a todos los vecinos a los Tribunales? Me llamó para decirme que efectivamente había pagado el velatorio de Ángeles y que él le ordenó a Caamaño llevar a aquel testigo -el dudoso- ante la fiscal, sin saber que podía ser un fiasco. Y agregó que no estaba preocupado porque en el traslado de los vecinos el juez hubiera utilizado a policías de la Metropolitana.
¡Qué extraña maniobra esta, Morales, donde el funcionario, al que TN y el Trece pretendían atacar, habla y da información al periodista que maquinó todo un plan a partir de una “pistita”, como usted dijo, para perjudicarlo y desprestigiar al Gobierno!
Las mentiras que usted, Morales, ha dicho sobre esta cuestión, me autorizan a decir que tiene la lengua fácil, impropia de un comunicador responsable. Siempre es mejor buscar un enemigo y cargarle todos los males y carencias propias. Lo vienen haciendo los autócratas desde hace 4 mil años por medio de sus escribas ¿Periodistas? No, no, periodismo es otra cosa. No se lo voy a explicar, Morales, quédese tranquilo. Sólo lo invito a pensar, que quizás le podría sentar mejor, en esta etapa de su vida, volver a relatar un gol de Boca que continuar con la deposición matinal a la que nos tiene acostumbrados".
Esta semana la Revista Veintitrés publicó una nota titulada “El aguante de la ficción” en la que asegura que el Grupo Clarín está en contra de las producciones audiovisuales nacionales. Acusaciones similares hicieron varios medios y comunicadores K, entre ellos Víctor Hugo Morales en su programa de radio La Mañana en dónde llegó a afirma que el Grupo Clarín está en contra de los actores. Esta acusación es tan descabellada que no resiste el menor análisis. El Grupo Clarín es el principal generador de producciones audiovisuales de la Argentina. Desde 1990 a la fecha lleva producidas más de 20 mil horas de ficción, convirtiéndose así en el mayor empleador de actores, guionistas, técnicos y directores del país. Su compromiso con la cultura y el arte nacionales no es coyuntural, sino que atraviesa toda la vida del Grupo desde 1945. En la crisis de 2001-2002, los medios audiovisuales del Grupo fueron prácticamente los únicos en seguir produciendo ficción, en un contexto donde predominaban las latas y los reality-shows. Las páginas del diario, los diversos espacios de TN y los micrófonos de Radio Mitre siempre estuvieron y están poblados de artistas nacionales que difunden sus trabajos. Los mismos medios son los principales auspiciantes de los espectáculos que se ofrecen en el circuito teatral. Jamás el Grupo Clarín estuvo en contra del apoyo estatal a la cultura. Todo lo contrario: sus medios son los principales aportantes de los fondos para el cine que se derivan de la ley de fomento aprobada en 1995. Lo que periodistas del Grupo han cuestionado, y con datos concretos, es el manejo discrecional de parte de esos fondos, la utilización de esquemas financieros poco claros como la subcontratación a través de universidades, la falta de transparencia en los concursos, la obligación de que las producciones se emitan con enormes cantidades de publicidad oficial, el uso de oficinas estatales ajenas a la actividad cultural, como el Ministerio de Planificación; o la utilización de estos esquemas con fines de persecución ideológica o propaganda política.
El 4 de julio del 2013 el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, increpó a dos periodistas de Clarín en la embajada de los EE.UU. durante los festejos por la independencia de ese país. Ante una consulta de la periodista Silvia Naishtat sobre el acuerdo de precios y el desabastecimiento el funcionario estalló en ira y le dijo a ella y a su compañero Walter Curia: “Ustedes no son personas, ustedes. Son empleados de Magnetto” y luego retrucó "Ella no es una señora, es una empleada de Magnetto, y los periodistas de Magnetto tienen las manos manchadas de sangre". Moreno pretende vincular a los periodistas de Clarín con delitos de lesa humanidad como ya lo intentó hacer con sus directivos, pero la falsedad de dichas acusaciones ya fue demostrada con pruebas contundentes en sede judicial. Más allá de la difamación, lo que más sorprende es que el mismo funcionario del que hace una semana se conoció un video en el cual hablaba de la importancia de construir sobre el amor, ataque a una persona a los gritos por el simple hecho de cumplir con su trabajo y la insulte al decirle que ella “no es una persona”, ni siquiera “una señora”.
El 1 de julio del 2013 el periodista Eduardo Aliverti publicó una columna de opinión en el diario Página 12 en la que desestima las amenazas de intervención al Grupo Clarín por parte del Gobierno y las intenta hacer parecer como una fantasía inventada por la misma empresa: “La fábula referida es la noticia efectivamente increíble que ingeniaron y articularon algunos de los medios y colegas más rabiosos del enfrentamiento al Gobierno, acerca de una inminente intervención al Grupo Clarín”. En esta misma sección ya se desmintió semejante afirmación luego de que el 1 de junio del 2013 se publicara una columna similar en el mismo diario. Aliverti acusa ligeramente a Clarín de inventar las amenazas de intervención pero nada dice de la presencia de prominentes funcionarios del gobierno en la pasada Asamblea de Accionistas del Grupo Clarín ni de las contundentes amenazas que se le escucharon decir a estos funcionarios sobre que ahora contaban con las herramientas legales para poder intervenir la empresa. Tampoco menciona la inusual actividad de la CNV en relación al Grupo Clarín luego de la Asamblea. En 4 días el Grupo y sus empresas recibieron 13 pedidos de informes, algo inédito entre las empresas que cotizan en Bolsa. Tampoco menciona que luego de la Asamblea se desplazaron a funcionarios de carrera dentro de la CNV para promover a empleados muy cercanos al titular del organismo, como Karina Bermúdez quien estuvo presente en la Asamblea del Grupo. Aliverti tampoco dice que el mismo día en que se hicieron públicas estas maniobras los diputados oficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti presentaron un proyecto de ley para expropiar Papel Prensa.
El 26 de junio del 2013 el relator Víctor Hugo Morales volvió a insistir con que Clarín, a través de Impripost, imprime resúmenes de tarjetas de crédito y que dispone de una base de datos que le serviría para fines inconfesables: “¿Cómo consiguen que los jueces nunca les den una por perdida? (…) ¿Será que de los jueces, de los deportistas, de mucha gente, ellos saben todo? (…) ¿Cómo el Estado se descuidó así? ¿Por qué tiene que saber Magnetto cuánto gasto de luz, cuanto gasto de agua, y qué gastos tengo en mi tarjeta?” Nuevamente Morales insiste con este dislate grotesco que ya hemos desmentido en esta sección. En primer lugar, hay que reiterar que Impripost no imprime resúmenes de tarjetas de crédito. Además, que se trata de una de las empresas de impresión variable más modernas, seguras y confiables de Latinoamérica y jamás ha sufrido denuncia alguna por sus actividades. Decir que Clarín utiliza a esta empresa como oficina de inteligencia para amedrentar a jueces, periodistas y otras personalidades es de una mala fe que supera lo imaginable. Pareciera que cada vez que Morales necesita defender al gobierno de las presiones y persecuciones que ejerce contra ciudadanos, políicos, periodistas o jueces, lo más fácil es ampararse en el clásico latiguillo de echarle la culpa a Clarín.
El 26 de junio del 2013 el diario La Nación dio a conocer que durante una reunión entre Guillermo Moreno y representantes de los gremios de panaderos el Secretario de Comercio Interior culpó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de ser el responsable de la suba del precio del pan: “Esto es una manija de Magnetto para hacer quilombo”. Cuando se trata de cruzar todo tipo de límites en el absurdo, el secretario de Comercio demuestra ser imbatible. Es digno de un humorista culpar a Héctor Magnetto del aumento del precio del pan. Moreno y el gobierno deberían dejar de buscar conspiraciones donde no las hay, asumir su responsabilidad, y en lugar de golpes de efecto vacíos, abordar con solvencia técnica y capacidad profesional las razones económicas profundas que han conducido a la espiral inflacionaria de los últimos años en el país.
El 19 de junio del 2013 el diario Página 12 publicó una columna de opinión de la periodista de 678 Sandra Russo. En ella, Russo insiste con una falsa frase que se le adjudicó a Héctor Magnetto y que ya se desmintió en esta sección: “el puesto de presidente es un puesto menor”. En su desenfreno por intentar atacar a Clarín y alinearse con el discurso oficial, Russo incurre en el error de repetir frases falsas sin antes constatarlas. Como ya se dijo en esta sección, ni en público ni en privado el CEO del Grupo Clarín lanzó semejante afirmación.
El 10 de junio del 2013 Víctor Hugo Morales entrevistó a Rubén Hernández, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, quién lanzó una serie de falsedades sobre la empresa Cablevisión en Uruguay: "Tiene los mismos vicios que en Argentina. (...) Seguramente utiliza los mismos métodos, actitudes anti sindicales, no cumplimiento de convenio, (...) maltrato bastante serio e inhumano para con sus trabajadores. (...) Han empezado a despedir a gente que estaba afiliado al sindicato. Este tipo de acusaciones revelan que cada vez que alguien necesita un espacio dentro de los medios oficialistas, pareciera lograrlo atacando al Grupo Clarín. Los dichos de Hernández resultan inexplicables ya que la compañía no está llevando adelante ninguna negociación con el Ministerio de Trabajo del Uruguay. Quien sí lo está haciendo ante el Consejo de Salarios es ANDEBU, que es la Asociación que nuclea a los canales de aire de Uruguay, de la cual Cablevisión no forma parte porque brinda TV paga.
Por otra parte, hace semanas Cablevisión suscribió un acuerdo con el Sindicato en relación a la categorización del personal técnico, que se realizó con total normalidad y sin ningún inconveniente. Cablevisión no ha despedido a ninguno de sus trabajadores y desarrolla su actividades dentro del marco legal vigente en Uruguay.
El 8 de junio del 2013, Martín Sabbatella, titular del AFSCA, inauguró un nuevo local de su partido Nuevo Encuentro en la ciudad de Rosario. Durante su discurso de apertura y para no perder la costumbre, atacó varias veces al Grupo Clarín al enunciar una serie de falacias “el 80% de los hogares argentinos tiene cable y el 60% de esa proporción lo tiene Cablevisión”, “todas las empresas de medios presentaron su plan de adecuación, todas menos el Grupo Clarín”. Las continuas apelaciones falsas de Sabbatella no hacen más que demostrar su verdadero objetivo, avanzar únicamente sobre el Grupo Clarín. Como titular del AFSCA (un organismo supuestamente especializado y neutral) resulta no menos llamativo que cada vez que dispone de los micrófonos los utilice para atacar a una única empresa.
Los dichos de Sabbatella son falsos:, al momento de la fusión entre Cablevisión y Multicanal en el año 2009 ambas compañías poseían el 47% del mercado del cable pero año a año, con el crecimiento de otras empresas, este porcentaje se fue disminuyendo. Sólo por citar un ejemplo, en el 2009 DirecTV, de capitales norteamericanos, ostentaba 600.000 abonados, hoy tiene más de 2 millones. Situaciones análogas se produjeron con otras empresas como Telecentro que tuvo un crecimiento considerativo aumentando su market share y disminuyendo el de Cablevisión.
Pero lo que resulta inaudito es que quien más ha contribuido para que la ley de medios esté siendo violada sea quien ataque al único grupo que fue a la Justicia para objetar las inconstitucionalidades de la ley. Gracias a la complicidad de Sabbatella grupos como Uno, Telefónica, Gónzalez González o Cristóbal López hoy vulneran abiertamente la ley, pero están protegidos por el AFSCA. El Grupo Clarín, por el contrario, fue el primero que cumplió con los artículos vigentes de la ley. En abril del 2013, la Cámara Federal en lo Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad de los puntos más polémicos de esta ley. Actualmente, la Corte Suprema es quien debe expedirse sobre este tema.
El 6 de junio del 2013 el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, hizo un análisis sesgado sobre el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal referido a la grilla de cable impuesta por el gobierno y profirió varios ataques contra el Grupo Clarín: “la decisión de la Justicia es un freno a la soberbia del Grupo Clarín y una excelente noticia para los usuarios de todas sus licencias de televisión por cable, los cuales están siendo injustamente privados de ver contenidos informativos, infantiles, de entretenimiento y ficciones de gran calidad”. En primer lugar, la interpretación de Sabbatella sobre el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal es errónea. Cablevisión había interpuesto un recurso de apelación contra una medida cautelar de primera instancia para que la empresa ordene la grilla de canales según una resolución del AFSCA que tiene como fin privilegiar a los canales oficialistas. Por cuestiones procesales, la Sala IV decidió no tratar este recurso.
Es falso lo que dice Sabbatella respecto de que los usuarios de Cablevisión están privados de esos contenidos. Los canales oficialistas están en Cablevisión, o bien en el servicio analógico, o bien en el servicio básico digital, cuya instalación es gratis y no tiene cargo alguno mensual para el cliente. Con lo cual todos los abonados tienen acceso a los mismos, tal como indica la ley de medios.
Otra cosa que Sabbatella no aclara es que de implementarse la grilla oficialista, varios canales independientes serán excluidos de la programación del cable, perjudicando a los abonados y a voces que no responden al oficialismo.
Cablevisión apelará el fallo a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

El 2 de junio del 2013 el diario Página/12 publicó una nota titulada “En Australia no se consigue” en la que se burlaba de informaciones periodísticas que daban cuenta de un proyecto de intervención del Gobierno en el Grupo Clarín. El periodista comparaba ese proyecto de intervención con la extinción de ornitorrincos, dando por hecho que se trata de confabulaciones mediáticas. Esa nota fue recomendada por la Presidenta CFK a través de twitter el pasado domingo. Como suele suceder, la misma pasa olímpicamente por alto una serie de hechos contundentes protagonizados por el Gobierno con vistas a la mencionada intervención. El 26 de abril, cuatro funcionarios de primera línea del Gobierno irrumpieron por primera vez en una Asamblea Ordinaria de Accionistas del Grupo Clarín, algo que nunca había sucedido antes. Guillermo Moreno, Axel Kicillof, Daniel Reposo y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, estuvieron 5 horas en la sede del diario, desatendiendo sus funciones específicas. El objetivo de su participación, llena de exabruptos y chicanas fue, justamente, preparar el terreno para una acción posterior. Le exigieron al directorio “ganar más plata” (casi una burla teniendo en cuenta las medidas oficiales para asfixiar a la prensa no adicta), lo acusaron de administrar mal la compañía y le pidieron que renuncie en pleno. Todo acompañado de numerosas advertencias respecto de que el Gobierno contaba ahora con las herramientas legales para hacerlo. Los textuales de Moreno que figuran en el acta de la asamblea son muy claros: “Vos estás sumariado. Estás al borde…de que te saquen” (…) Dejamos sentado expresamente ante la veeduría de la CNV, que vamos a hacer uso de nuestros derechos como minoría en esta sociedad para que sean debidamente protegidos en el marco legal vigente de nuestra ley que regula el mercado de capitales” (…) La sociedad “está atentando contra el marco legal” (…) “Así no vale: para eso está una ley que protege mis intereses. No es más así”. A lo que el funcionario se refería es a la ley de Mercado de Capitales, tampoco mencionada en la nota. Esta ley, aprobada a fin del año pasado, contiene un artículo que se agregó a último momento, sin la presencia de la oposición, que le permite a la CNV intervenir una empresa, nombrar un veedor con derecho a veto y desplazar a su directorio sin una previa orden judicial.
Otro dato relevante respecto del plan oficial fue la inédita actividad de la CNV en relación al Grupo Clarín, tras la Asamblea. En 4 días la CNV envío 13 pedidos de informes al Grupo y a sus empresas, algo inédito entre las empresas que cotizan en Bolsa. Aunque se trata de información que el Grupo Clarín ya había presentado ante la propia CNV y hecho pública en la página web del Grupo, la Comisión solicitó datos desde diciembre de 2011 a la fecha sobre estados contables, nómina de sociedades controladas y vinculadas, informes de obligaciones negociables, nombres de los integrantes de los directorios, etc. Jamás se había recibido esta cantidad de intimaciones juntas, y menos por cuestiones que la ley considera “no relevantes”.
Paralelamente, un dato no menor es que estos pedidos de la CNV coincidieron con el desplazamiento de funcionarios de carrera dentro del organismo y su reemplazo por personas de máxima confianza de su titular, como Karina Bermúdez -que acudió con Vanoli a la Asamblea-, para lograr vencer las objeciones internas a un plan de intervención.
Finalmente, otro dato significativo es que el mismo día en que se hicieron públicas estas maniobras, se presentó en el Congreso el proyecto de ley para expropiar Papel Prensa, impulsado por los diputados oficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti. Y en sintonía con este proyecto, el 15 de mayo se difundieron dos notas enviadas por el titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, a la Comisión Nacional de Valores, pidiéndole a su presidente, Alejandro Vanoli, que “se designen veedores y se desplace a todos los integrantes de los órganos societarios de la administración” de Papel Prensa, en base al artículo 20 de la nueva ley de regulación del mercado de capitales, que permite esa intervención oficial en las empresas cotizantes.
Todos datos e indicios muy concretos de un plan que, en privado, reconocían los funcionarios K sin disimulo. Y que no fue desmentido sino 7 días después por Vanoli, cuando el escándalo trascendió las fronteras locales.
El 30 de mayo del 2013 el Grupo Uno, de los empresarios Daniel Vial y José Luis Manzano, confirmó que a partir del domingo 2 de junio comenzaría a transmitir el programa Periodismo para Todos por el Canal 7 de Mendoza. Este canal, que retransmite la programación de Canal 13, no emitía el programa de Lanata y en su lugar ponía un programa propio sobre política. El argumento utilizado por el Grupo Vila-Manzano, muy cercano al kirchnerismo, para comenzar a transmitir Periodismo para Todos es que se “lograron solucionar temas contractuales que estaban pendientes con la señal de origen y la producción del periodista." Es completamente falso que existieran problemas “contractuales” entre Canal 7 de Mendoza y Canal 13 de Buenos Aires. Las razones por las cuales el canal de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano no transmitía hasta el momento Periodismo para Todos evidentemente respondía a una decisión política. Durante los últimos años este grupo de medios dio un giro a su línea editorial para convertirse en una de las principales espadas mediáticas del kirchnerismo. Los máximos referentes del grupo han participado de varios actos en Casa Rosada como así también de reuniones privadas con las figuras más importantes del Gobierno, como el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Los ingresos por publicidad oficial del Grupo Uno aumentaron en más de un 900% desde el 2011 a la fecha.
El 28 de mayo del 2013 distintos comunicadores del kirchnerismo fueron invitados al programa Parte de la Razón que se emite por A24. Entre los presentes se encontraba la panelista de 678 Cynthia García, quien aprovechó cada una de sus interlocuciones para lanzar agravios contra el Grupo Clarín. En un momento, parafraseó un viejo discurso de Víctor Hugo Morales según el cual existe un informe extensísimo sobre los medios del Grupo Clarín: “¿Sabés cuántas licencias tiene Clarín? Yo te puedo traer un libro entero, y estoy parafraseando a Víctor Hugo, y cuando Víctor Hugo le dice a Magdalena "poné el dedo en cualquiera de estos y decime qué medio no es de Clarín", eso es absolutamente verdad.” La periodista cae en el mismo vicio que Morales, repetir el discurso K contra Clarín sin siquiera chequearlo. Es completamente falso asegurar que Clarín es dueño de la inmensa mayoría de los medios del país. El Grupo Clarín posee solamente 11 licencias de radiodifusión (7 de radio y 4 de TV), menos que sus principales competidores como Telefónica o el Grupo Vila-Manzano. El falso slogan de que Clarín es un monopolio cae por su propio peso cuando se analizan los medios de Clarín y se los compara con la extensa oferta de medios que existen en la Argentina (17 diarios nacionales y 200 regionales, 5 canales de aire sólo en Capital, 7 señales de noticias, 32 canales digitales, más de 12.000 radios y decenas de empresas prestadores de servicios de cable e Internet). Otro dato importante que la panelista parecería querer obviar es a quién responden los medios que compiten con los del Grupo Clarín, cómo se solventan y si están o no cumpliendo con la misma ley de medios que ella dice defender. Sin ir más lejos el propio Ministerio de Desarrollo Social elaboró un mapa según el cual de 449 medios relevados en el interior, sólo uno no respondía al kirchnerismo. Si a este contundente dato se le suman todos los medios que en el último tiempo fueron comprados o creados por empresarios abiertamente K y los que viraron su línea editorial para ser condescendientes con el gobierno a cambio de cuantiosas sumas de publicidad oficial, tenemos que ya más del 80% de los medios audiovisuales responden al oficialismo, configurando un verdadero monopolio estatal.
El 27 de mayo del 2013 Eduardo Jozami, integrante de la agrupación K Carta Abierta, asistió al programa 678 y luego de ver un informe dónde se mostraron distintos extractos de los ataques que Guillermo Moreno profirió contra los directivos del Grupo Clarín durante su Asamblea Ordinaria de Accionistas aseguró que la irrupción del funcionario en esa reunión tuvo como fin hacer públicos datos de la empresa, ya “qué estas cosas no se saben” y que permitió que se haya “violado este secreto cuasimafioso, y no sé por qué digo cuasi”. Para intentar justificar los exabruptos del Gobierno, Jozami intenta revestirlos de una supuesta épica que en realidad es grotesca. Para eso, busca presentar cómo oculta o secreta información que es pública. De hecho, el Grupo Clarín es la única empresa de medios de comunicación de la Argentina que cotiza en Bolsa (tanto de Buenos Aires como de Londres), y por lo tanto la única cuya información accionaria, financiera y de gestión es totalmente pública. El Grupo Clarín reporta trimestralmente sus balances a la Bolsa y la CNV, que además pueden consultarse en el sitio web de la empresa. Fue el primer medio argentino en desarrollar un sitio institucional y un micrositio destinado a inversores. Lo que probablemente Jozami nunca pueda conocer es el sueldo de los productores, panelistas y comunicadores de medios estatales y paraestatales, que se financian con dinero público. Esta información, que por ley debería ser pública. fue solicitada en varias oportunidades por distintos interesados, que siempre obtuvieron como respuesta evasivas de los organismos competentes.
El 25 de mayo del 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo para celebrar los 10 años del kirchnerismo en el poder. Durante su discurso atacó al diario Clarín sin nombrarlo al repetir una mentira K según el cual el Grupo Clarín habría vendido acciones a las AFJP a precios excesivos. El mismo discurso fue repetido por el vicepresidente Amado Boudou un día después durante su participación en el programa 678.
La presidenta dijo: “¿será que piensan que los dineros de los trabajadores que hoy están en la ANSES vuelvan a cambiar acciones como algún diario vendió sus acciones a no sé cuántos pesos que hoy no valen nada?” Boudu repitió: “Para el diario Clarín, el tema de las AFJP, fue un engranazo. (…) Los usaban para hacer negocios. (…) Compraron sus acciones a precio vil”.
No por reiterativas, las afirmaciones de la presidenta y su vice lograrán algún viso de realidad. Ya se explicó varias veces que luego de la salida a la Bolsa del Grupo Clarín, el 18 de octubre de 2007, más del 80% de las mismas fueron vendidas a inversores internacionales. La demanda más que duplicó la oferta. Dentro del tramo local, las AFJPs adquirieron un porcentaje menor, que no llegó al 1% de sus carteras. Las acciones de Clarín registraron una suba de más del 12% pocos días después de salir a la Bolsa, tendencia positiva que se mantendría durante varias semanas. Luego, con la crisis económica global se generó una baja generalizada que afectó a todas las compañías cotizantes en Bolsa, de la que nunca terminaron de recuperarse por el contexto macroeconómico del país, que hace que los activos argentinos valgan mucho menos que los de países vecinos. Posteriormente, luego de desatada la feroz ofensiva oficial contra Clarín desde marzo de 2008, las acciones del Grupo reflejaron además este acoso administrativo y regulatorio. Al hacer este tipo de afirmaciones, el Gobierno pretende tapar el sol con las manos y esconder uno de los motivos principales que afecta el valor tangible e intangible de la empresa: esta brutal campaña de hostigamiento que ya suma más de 700 ataques, bloqueos, amenazas, regulaciones e iniciativas legislativas con nombre y apellido.
El 25 de mayo del 2013 a raíz de los 10 años del kirchnerismo en el poder, el diario oficialista Tiempo Argentino publicó un suplemento especial con “Las 500 medidas que transformaron la Argentina”, todas medidas impulsadas por el kirchnerismo. En varias oportunidades se mencionaron acciones directas contra el Grupo Clarín. Si bien esto era de esperar, lo llamativo fue la inclusión de un proyecto supuestamente contra el Grupo Clarín cuando en realidad se trata de una empresa que nada tiene que ver con el Grupo: “Proyecto de desmonopolización del Sistema de Control de Audiencias hoy en manos de IBOPE (Grupo Clarín)”. Decir que IBOPE es del Grupo Clarín es directamente ridículo, no sólo por que Clarín no mide audiencias sino por que IBOPE es una empresa brasilera que tiene presencia en 14 países. Lo que parecería esconder esta disparatada afirmación hecha por el diario oficialista es la intención de avalar una futura distorsión de las mediciones de audiencia tal como se hace con las de la inflación, para intentar confundir a la opinión pública.
Durante los últimos meses los periodistas Víctor Hugo Morales y Carlos Polimeni utilizaron en sus ciclos radiales extractos de audios de entrevistas a Héctor Magnetto con el fin de ridiculizarlo. El CEO del Grupo Clarín padeció en 2006 un cáncer en la zona de la garganta por el cual tuvo que someterse a diversos tratamientos y ser intervenido quirúrgicamente. Esto le afectó los órganos del habla y limitó su expresión oral. Con el tiempo, Magnetto logró rehabilitar en gran medida esta capacidad, aunque persisten ciertas dificultades en su dicción. La utilización de estos audios con fines de ataque personal resulta de suma bajeza, además de ser claramente estigmatizantes y discriminatorios, ya que se burlan de las limitaciones físicas de una persona.
El 24 de mayo del 2013, en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales, la legisladora Gabriela Cerruti (de Nuevo Encuentro, agrupación aliada al kirchnerismo que lidera Martín Sabbatella), acusó falsamente al Grupo Clarín de ser el responsable de que la Ciudad de Buenos Aires esté “toda rota” debido a obras que según la funcionaria el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo para “que pase la fibra óptica de Clarín”. Cerruti dijo textual: “Algo que según la ley de la Ciudad de Buenos Aires debería hacer el Grupo Clarín a su propio costo, se lo está haciendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Cerruti recurre a la gastada y burda estrategia K de asociar al Grupo Clarín con cualquier teoría conspirativa. Toda la red de fibra óptica de Cablevisión se encuentra sujeta a derecho y cumple con todas las ordenanzas y reglamentaciones que la regulan en la Ciudad de Buenos Aires. No hay nada que “debería hacer” Cablevisión al respecto, como pretende sugerir Cerruti. La empresa además no está realizando actualmente tendidos o instalaciones en la Ciudad. Tampoco las obras a las que aparentemente se refiere la legisladora tienen que ver con el Grupo Clarín.
El 24 de mayo del 2013 el diario Tiempo Argentino volvió a dedicar el titular principal de su portada para intentar vincular a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con supuestos delitos de lavado de dinero. El informe que acompaña al titular está plagado de datos falsos, con el claro objetivo de seguir alimentando una campaña de difamación. Nuevamente, como ya se ha hecho en reiteradas oportunidades, el Grupo Clarín desmiente por completo cualquier vínculo de sus accionistas con operaciones de lavado de dinero. Una vez más, reiteramos que todos sus activos y operaciones financieras se encuentran debidamente declarados y cumplen con todas sus obligaciones tributarias, legales y administrativas. Esto ha sido reiteradamente verificado por el organismo competente, la Administración Federal de Ingresos Públicos. No resulta casual que mientras la Justicia avanza en la investigación de una red de lavado que incluye a importantes figuras del poder político, el oficialismo, a través de sus medios adictos, intente desviar la atención atacando al Grupo Clarín y a sus directivos.
El 19 de mayo de 2013 varios medios oficialistas publicaron una solicitada repudiando una supuesta campaña de desprestigio del Grupo Clarín contra Susana Trimarco. En la misma se acusa al Grupo Clarín de “llevarse por delante” a los “máximos referentes sociales”. Estas afirmaciones, además de temerarias, revelan una clara malicia e intencionalidad política. Desde el inicio del caso de Marita Verón, el Grupo Clarín y sus diferentes medios fueron los que más despliegue le dieron al tema. Como sucedió en otros casos cuyo origen estuvo vinculado a estructuras de poder feudal que persisten en algunas provincias (v.g. caso María Soledad Morales), Clarín y TN contribuyeron a difundir nacionalmente estos hechos, dándoles seguimiento cotidiano, tanto en su etapa inicial de denuncia como durante el trámite judicial.
Desde una cobertura especial allá por el 2003, con un Telenoche Investiga con María Laura Santillán (que destapó el tema) hasta un informe especial de Ricardo Canaletti de 2011, muchísimos profesionales del Grupo han trabajado en la cobertura y difusión del caso. Es más, la primera y única nota a la televisión que dio la hija de Marita Verón fue a TN a finales del 2012, también a cargo de Canaletti.
Los centenares de notas publicadas en el diario y los miles de minutos de cobertura televisiva y radial referidos al caso son claras evidencias de que la Solicitada es un verdadero disparate. De igual modo, todas las actividades de Susana Trimarco en el marco de su lucha contra la “trata de personas” han tenido espacios destacados en nuestros medios. Sólo dos ejemplos recientes: el artículo de Clarín sobre las distinciones que Trimarco recibió en Estados Unidos (07/04/2013) o el referido al pedido de jury que formuló contra los jueces que absolvieron a los imputados en el juicio (28/12/2012).
Hace muy poco, asimismo, el diario reprodujo una nota de El Mundo de Madrid dónde se caracteriza a Trimarco como “madre coraje” (21/01/2013) en referencia a la obra de Bertolt Brecht.
Otros ejemplos:
  • Durante 2011 en un desfile organizado por Clarín Mujer, Susana Trimarco fue invitada a subir a la pasarela. Fue presentada por María Laura Santillan quien le hizo un reconocimiento por los esfuerzos de la tucumana en la lucha contra la trata.
  • La periodista especializada de Clarín, Sibila Camps, se dedicó varios años a darle seguimiento, de manera prioritaria, a toda la información vinculada a esta causa. En 2009, la periodista recibió una Mención Honorífica en los Premios SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), en la categoría Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad, por su trabajo sobre la trata de mujeres en el diario Clarín, con eje en el caso Marita Verón.
El 16 de mayo del 2013 el diario oficialista Tiempo Argentino publicó una nota de dos páginas en la que nuevamente intenta vincular, con datos falsos y manipulaciones, a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con el lavado de dinero. El matutino tituló en su tapa “Las pruebas que vinculan a Herrera de Noble y Clarín con el lavado de dinero”. Se trata de la enésima vez que este diario intenta asociar a los directivos y empresas del Grupo Clarín con hechos delictivos. En varias oportunidades las tapas de este mismo diario dieron por hecho que los hijos de la directora de Clarín eran hijos de desaparecidos, algo que la Justicia ya descartó. Esta nota se inscribe dentro de una operación de prensa con datos falsos, montada por el Gobierno y magnificada por sus medios adictos luego de las investigaciones por lavado de dinero que involucran a altos personajes del poder político.
La supuesta investigación está plagada de disparates. Comienza hablando de una operación financiera (de la que ni siquiera insinúa ilegalidad alguna) para dar a entender que detrás de ella podrían existir otras operaciones ilegales, algo que además fue terminantemente desmentido varias veces por el Grupo Clarín. Además, la nota vuelve a reivindicar los dichos de un prófugo de la Justicia norteamericana, Hernán Arbizu, que jamás tuvo contacto con integrantes del Grupo Clarín. Y luego, en varios párrafos se corre del eje de la supuesta investigación para ensalzar los “logros” del matutino que en esta edición cumplió 3 años. Quizás, uno de los mayores logros de este diario haya sido el ser el único en el mundo que en tan poco tiempo y con tan escasa circulación amasó incalculables fortunas gracias a la publicidad oficial.

El 15 de mayo del 2013 en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky el diputado oficialista Carlos Kunkel sostuvo que existen “periodistas nuestros” en referencia a aquellos que responden al Gobierno. Incómodo ante las repreguntas recurrió a la estrategia K de atacar al Grupo Clarín. Kunkel repitió una mentira que ya habían lanzado otros personajes, según la cual el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto habría afirmado alguna vez que “ser presidente es un puesto menor”. La afirmación de Kunkel sobre el CEO del Grupo Clarín es completamente falsa. En otras oportunidades distintos periodistas y políticos del oficialismo ya habían repetido este disparate pero ante la insistencia del diputado es importante reiterar que jamás, ni en público ni en privado, el CEO del Grupo lanzó una afirmación de ese tenor.
El 13 de mayo del 2013 el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, acusó a los accionistas privados de Papel Prensa de cometer “distintas irregularidades” y dijo que no sólo “no han invertido sino que han permitido que se vaya mucho dinero en dádivas” y “que es cuantiosa la evasión”. No es casual que estas falsas acusaciones surjan a tres semanas de que Reposo irrumpiera en la asamblea de accionistas del Grupo Clarín y a días de que se conozca el proyecto de ley para expropiar la empresa. Pareciera que todo este show de acusaciones tiene un único fin, deslegitimar a los accionistas privados para allanar el camino antes de expropiar la empresa, iniciativa del gobierno que él apoya enfáticamente. Es importante aclarar que Papel Prensa cotiza en bolsa y por lo tanto toda su gestión y sus resultados son públicos. Pero que además, siempre esta gestión y estos resultados contaron con la expresa aprobación de los representantes del Estado Nacional, hasta que el kirchnerismo decidió avanzar sobre la empresa.
Decir que la empresa no ha invertido y que ha dejado que su dinero se “vaya en dádivas” es completamente disparatado teniendo en cuenta que la empresa tiene más de 30 años y es la principal productora del país, habiendo elevado su capacidad de producción de 105 mil toneladas a 170 mil, mientras que su competidora, Papel del Tucumán (obligada a producir papel para diarios por sus normas licitatorias), dejó de fabricar este tipo de papel hace ya varios años. La innovación y la calidad sólo pudieron ser posibles gracias a la constante inversión en tecnología, maquinaria y capital humano. En cuanto a la “cuantiosa evasión”, la mentira cae por su propio peso: sugerir que Papel Prensa evade impuestos sería poner al Estado como cómplice de ese delito, ya que sistemáticamente avaló todos los balances de la compañía.
El 13 de mayo del 2013 el diario Tiempo Argentino reprodujo una entrevista a la diputada del kirchnerismo, Juliana Di Tullio, en la que aseguró que el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda fue quién contrató al prófugo de la justicia Hernán Arbizu: “Fue Aranda quien contrató a Arbizu”. La disparatada afirmación de la diputada Di Tullio se enmarca dentro de la desesperación del kirchnerismo por intentar vincular a los accionistas del Grupo Clarín con hechos delictivos. Jamás José Aranda ni ningún otro directivo del Grupo Clarín contrató al prófugo de la Justicia, Hernán Arbizu. De hecho, jamás existió ningún contacto entre ellos. Como ya se ha dicho en varias oportunidades el Grupo Clarín reitera que todas sus transacciones financieras, las de sus accionistas y las de sus empresas, se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales.
El 12 de mayo del 2013 el diario oficialista Tiempo Argentino publicó una nota en la que asegura que a través de la empresa PRIMA el Grupo Clarín evadió y lavó dinero. Esta nota se enmarca dentro de la operación de prensa que desde el kirchnerismo se intenta hacer para desprestigiar al Grupo Clarín y a sus accionistas. La imaginación del kircherismo no tiene límites. Primero quiso objetar una licitación pública, que Prima ganó por presentar la mejor oferta y que implica menores costos que el plan del gobierno nacional. Y ahora, en el colmo del disparate, quiere involucrar a esa empresa en maniobras de lavado de dinero, a partir de la denuncia falsa de un prófugo de la justicia norteamericana. Como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, ni el Grupo Clarín ni ninguna de sus empresas tiene activos u operaciones no registradas. Todas sus transacciones financieras se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales.
El 7 de mayo de 2013, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, mencionó a accionistas del Grupo Clarín entre las personas que, según él, no podrían adquirir bonos dentro del polémico canje anunciado por el equipo económico. Su mención coincide con una reciente estrategia de difamación orquestada desde el gobierno en medios oficiales y paraoficiales, que incluyó un nuevo raid mediático de un prófugo de la justicia norteamericana, Hernán Arbizu, así como otras operaciones periodísticas falsas, que intentaron vincular al Grupo Clarín con maniobras de lavado de dinero. No es la primera vez que el Grupo Clarín debe desmentir estas operaciones sin sustento, que se remontan al año 2008, cuando el gobierno iniciaba la fase más violenta de su escalada contra los medios. De hecho, las mismas fueron desmentidas precisamente el 23 de junio de 2008, en una nota a la Comisión Nacional de Valores. En todos estos años, la falta de asidero de estas denuncias ha quedado plenamente de manifiesto, tanto en el trámite judicial como ante los organismos de control del Ejecutivo, que pese a ser utilizados como herramienta de persecución y represalia, no pudieron jamás sostener esas temerarias acusaciones.
Es curioso que estas difamaciones se refloten cada vez que el gobierno necesita desviar la atención de los graves problemas y denuncias de corrupción que enfrenta. Como hace cinco años, el Grupo Clarín reitera que todas sus transacciones financieras se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales. Esto ha sido auditado y verificado, en reiteradas ocasiones, por el organismo competente, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Del mismo modo, el Grupo Clarín ratifica que todas sus participaciones societarias se encuentran detalladas en sus balances y reitera que sus actividades se desarrollan en estricto cumplimiento de la ley y bajo las normas de la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Londres.
Por último, en relación a los dichos del titular de la AFIP, el Grupo Clarín informa que los activos financieros de sus accionistas se encuentran debidamente declarados y cumplen con todas sus obligaciones tributarias, legales y administrativas, por lo que resulta ridículo y malicioso pretender vincularlos con el blanqueo anunciado por el Gobierno.

Durante la última semana de abril del 2013 Hernán Arbizu, ex banquero prófugo de la justicia norteamericana, recorrió distintos medios oficiales y paraoficiales acusando a los accionistas del Grupo Clarín de haber lavado dinero. Es curioso que esta acusación aparezca luego de que el programa Periodismo para Todos haya denunciado un complejo entramado para lavar dinero que involucra al poder económico y político kirchnerista. Pareciera que cada vez que el gobierno necesita desviar la atención acude a los servicios de Arbizu y este reflota estas falsas acusaciones. Las mismas ya fueron desmentidas hace casi 5 años, precisamente el 24 de junio de 2008, en una nota a la Comisión Nacional de Valores.
Como entonces, el Grupo Clarín reitera que todas sus transacciones financieras, las de sus accionistas y las de sus empresas, se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales.
El Grupo Clarín agrega además que esto ha sido auditado y verificado, en reiteradas ocasiones a lo largo de estos años, por el organismo competente, la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Con el fin de justificar su labor dentro de los medios de Cristobal López, el 16 de abril del 2013 el periodista Eduardo Feinmann acusó a los empresarios de medios de pactar con todos los gobiernos. Entre ellos nombró a los accionistas principales del Grupo Clarín y los acusó de:
“Magnetto Herrera de Noble, Aranda, Pagliaro, etcétera, etcétera, del Grupo Clarín, tuvieron Papel Prensa por ser amigos de Videla, radio Mitre porque eran amigos de Alfonsín, Canal 13 y Multicanal y CTI, que era la telefonía del interior, porque eran amigos de Menem, la pesificación asimétrica que tanto le dolió a usted la logró el Grupo Clarín porque era amigo de Duhalde”
“Magnetto era íntimo amigo de Néstor Kirchner. Y consiguió la fusión Cablevisión-Multicanal”
Varias de estas disparatadas acusaciones ya fueron respondidas anteriormente en esta sección. De todas formas las volvemos a explicar para que no queden dudas.
Todos los medios del Grupo Clarín fueron lanzados, generados o adquiridos con inversiones propias, recursos genuinos y a riesgo empresario. Clarín, por ejemplo, fue uno de los grupos que se presentó a los concursos para la privatización de los canales 11 y 13. Su propuesta terminó ganando ambos concursos, y terminó optando por el segundo. Lo mismo sucedió cuándo empezó a competir en el mercado del cable a través de Multicanal. Su crecimiento se dio a partir de una fuerte competencia con los operadores de entonces y de la adquisición de operaciones ya existentes, realizadas con recursos propios y financiamiento internacional. En el año 2007, cuando la empresa se fusionó con Cablevisión lo hizo cumpliendo todos los parámetros que exige la ley. La fusión fue aprobada por unanimidad por los miembros Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, y siguió antecedentes internacionales que se registran en todo el mundo desarrollado de cara a la convergencia y competencia con las empresas de telecomunicaciones.
La adquisición de Papel Prensa fue una operación comercial entre privados, por un lado el Grupo Graiver y por el otro Fapel (conformada por los diarios La Nación, La Razón y Clarín). Tras una negociación que se hizo pública, el 2 de noviembre de 1976 se firmó el contrato de venta a Fapel de las acciones de Papel Prensa que estaban en cabeza del Grupo Graiver. La operación quedó registrada en contratos protocolizados por escribano público. Por último, decir que la pesificación fue algo impulsado por el Grupo Clarín es realmente desconocer por completo la realidad Argentina y de las empresas de medios. Ya en esta misma sección se explicó más de una vez por que esto es un Disparate. Aquí va de nuevo la explicación: “El Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país. Por ello, lejos estuvo de cualquier pesificación o licuación de deuda. En otras palabras: en pocos días, su deuda se multiplicó por cuatro mientras sus ingresos se mantenían en pesos y además se reducían por efecto de la recesión. Esa deuda se renegoció y se restructuró de manera enteramente privada, con sus acreedores internacionales, con los que se llegó a sendos acuerdos de refinanciación a fines del 2003. Esos acuerdos fueron cumplidos con recursos propios del Grupo Clarín.”
El 27 de marzo de 2013, el síndico del Estado ante Papel Prensa, Daniel Reposo, denunció que existe la intención de "vaciar" la empresa por parte de los representantes de Clarín y La Nación en el directorio. Sin presentar prueba alguna, realizó la denuncia a través de la agencia oficial Télam y blanqueó el interés en lograr su intervención y el desplazamiento de su directorio. Según el cable oficial, Reposo se habría presentado ante la Comisión Nacional de Valores denunciando el pago de “indemnizaciones excesivas” a empleados desvinculados de la empresa. Daniel Reposo, el ex candidato a la Procuración General de la Nación que falseó su currículum, continúa apelando a maniobras disparatadas para sumar puntos dentro del gobierno. Esta vez, retomó la temática que le posibilitó escalar posiciones: secundar a Moreno en su avanzada contra Papel Prensa.
Ante su disparatada denuncia periodística, Papel Prensa se presentó espontáneamente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para negar rotundamente las afirmaciones de Reposo y exigir ser notificada de cualquier denuncia en su contra. Afirma que todas las imputaciones se basan en afirmaciones falsas, que no se condicen ni con la contabilidad de la empresa ni con la realidad fáctica y jurídica”.
Fuentes de la empresa sostuvieron que “las desvinculaciones del ejercicio 2012 y sus liquidaciones se realizaron de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. El gasto de indemnizaciones está registrado en los Estados Contables de la empresa, y es informado pública y periódicamente de acuerdo con la normativa de la CNV. Dicho gasto no tiene ningún impacto en la determinación del precio de venta del papel, ya que para ello se consideran los costos y gastos operativos de fabricación, comercialización, y administración de la sociedad”.
Durante las últimas semanas el AFSCA publicó una serie de avisos en los que utiliza argumentos falaces, contradictorios e incongruentes para intentar desmentir las objeciones que el Grupo Clarín le hace a los artículos 45 y 161 de la ley de medios. A continuación la respuesta a cada uno de ellos.
Según el AFSCA “la ley de medios no obliga al periodismo a depender de nadie, ni del Estado, ni de ningún privado.” Tal como la ley de medios está concebida sí genera medios dependientes de los recursos del Estado o de negocios extra periodísticos vinculados al Estado. Esto es así porque la ley se desentiende de la sustentabilidad de los medios y no les permite tener la dimensión suficiente para ser autónomos en lo económico y por lo tanto independientes en lo editorial.
De hecho, los parámetros que establece el artículo 45 (que prohíbe tener cable y TV abierta a pesar de ser mercados completamente distintos, o que reduce a las empresas de cable a una dimensión no competitiva frente a los restantes jugadores) no existen en ningún otro lugar del mundo.
Pese a lo que el gobierno diga, la mayoría de los medios audiovisuales viven de la pauta estatal. Estos montos llegan a los 400 millones brutos para una sola red de canales de TV. Respecto a los abonos de cable, el Estado pretende establecer una regulación discriminatoria y selectiva para afectar los ingresos de una empresa de cable (Cablevisión) en beneficio de sus competidores.
Respecto a la pauta nacional, un reciente informe de Poder Ciudadano, ubicó al Estado como el principal anunciante del país. En la mayoría de los medios alineados supera claramente el 50% de la facturación.
En otra publicación el AFSCA dice que la ley de medios “no regula el servicio de Internet”. La ley de medios afecta de manera directa el servicio de Internet a pesar de no nombrarlo en su texto. Ello es así porque el principal competidor de la banda ancha de las telefónicas es el cable modem. Mientras que las telefónicas pueden llegar a todo el país (2200 localidades) con todos sus servicios en un “paquete”: telefonía, Internet, celular y DirecTV (única manera de que el “paquete” sea sustentable), al cable modem sólo le permiten llegar con su “paquete” (cable e Internet) a 24 localidades. La ley termina favoreciendo al monopolio de las telefónicas que tienen los mismos accionistas y más del 70% de las conexiones a Internet del país.

En el aviso que habla sobre la producción de canales de cable el AFSCA no desmiente los argumentos esgrimidos por el Grupo Clarín, por el contrario, los reafirma. Producir un canal de cable es lo mismo que editar un diario, una revista o lanzar un sitio de Internet. Al no usar un bien finito como el espectro radioeléctrico los canales de cable están amparados por garantías constitucionales de libertad de expresión y no pueden ser limitados. Prohibirle a un canal de TV abierta o a un operador de cable producir más de una señal de contenidos es ilógico, arbitrario y reduce la pluralidad de voces. En el mundo, son estas empresas las que más canales producen ya que poseen la estructura, los recursos y el know how para hacerlo. Este artículo reduce fuentes de trabajo y la diversidad de fuentes de información. Sólo se concibió como una herramienta de ataque a las señales del Grupo Clarín.
“La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no regula el servicio telefónico”. Como en el caso del Internet, la ley no menciona a las telefónicas pero termina teniendo un impacto directo sobre ellas al favorecerlas abiertamente, generándoles un escenario que reforzará su posición monopólica. Esta desigualdad es contra todas las empresas de cable que tienen tamaños muy menores comparados con las telefónicas y a quienes se las penaliza profundizando aún más estas diferencias, en términos de cobertura, servicios y market share.

Por último, el AFSCA publicó un aviso “genérico” en el que ataca en forma directa al Grupo Clarín. El mismo organismo que debe regular los medios y ser imparcial en la aplicación de la ley vuelve a mostrar en forma clara su animadversión y su objetivo central: avanzar sobre las licencias del Grupo Clarín.
Trampa es no respetar las leyes votadas en Democracia. El Grupo Clarín respeta la ley. Por eso fue el primero en cumplirla. Sólo dos artículos no corren para el Grupo ya que la Justicia los mantiene suspendidos mientras analiza su inconstitucionalidad.
Trampa es mentirle a la sociedad con campañas publicitarias.
Ninguna campaña publicitaria de Clarín mintió a la sociedad. Explican los efectos que la ley de medios tiene, algo que la sociedad ya percibe, per se, como la colonización del espacio mediático y el crecimiento de los medios adictos.
Trampa es hacerse amigo del juez y pagarle viajes por el mundo.
Esta burda operación es absolutamente falsa y ya fue desmentida oportunamente.
Trampa es haber llevado a la quiebra a cableoperadores para quedarse con sus empresas.
Otra construcción kirchnerista que la historia desmiente de cabo a rabo. De hecho, no hay cableoperador que no haya vendido de forma voluntaria, jamás ha sido denunciada una quiebra, una venta forzada o algo por el estilo. Más aún en los años 90, cuando se vendieron numerosos cables medianos y pequeños, sus titulares reconocieron públicamente que lo hicieron por los formidables valores que lograron.
Trampa es hablar de libertad de expresión sólo para proteger negocios privados.
Quienes negociaron con el gobierno al ceder su línea editorial son aquellos a los que en definitiva no se les aplica la ley. Apelaron a ficciones y máscaras para fingir el cumplimiento o a disparates jurídicos para no cumplir. Clarín no cedió su línea y buscó defenderse frente a la Justicia. Eso no es proteger negocios privados, sino defender su derecho a seguir siendo independientes y sustentables.
Trampa es dominar el mercado y asi decidir quién tiene derecho a expresarse y quién no.
Los medios de Clarín coexisten en cada uno de sus mercados con más competidores que la media mundial. La misma AFSCA reconoce la diversidad que existe aunque la misma esté en riesgo por la colonización oficial. Nadie en la Argentina ha dejado de expresarse por acción de Grupo Clarín.
Trampa es beneficiarse de resoluciones tomadas por la dictadura militar.
Toda la evolución del Grupo Clarín se dio de forma genuina, generando y adquiriendo productos, servicios y empresas con sus propios recursos o adquiriéndolos en el ámbito privado. Lejos de obtener beneficios, todo fue en base de inversión propia genuina y autosustentable. Ninguna resolución administrativa o regulatoria en ninguna etapa de la historia fue exclusiva para el Grupo Clarín salvo la ley de medios.
Trampa es burlarse de las instituciones de la República y los representantes del pueblo.
¿Acudir a la Justicia es burlarse de las instituciones de la República? Acudir a la Justicia y acatar sus decisiones es cumplir la ley.
Trampa es presionar gobiernos constitucionales para obtener privilegios.
Clarín no recurrió ni vivió de la publicidad oficial ni de canjes publicitarios por deuda fiscal. Tampoco tuvo excepciones a la ley de servicios audiovisuales.
Trampa es usar al periodismo para extorsionar con títulos y notas falsas.
A esta altura la gente ya sabe de donde proviene el relato fantasioso según el cual en la Argentina hay sólo un 10% de inflación, la inseguridad es una “sensación” y el cepo cambiario no existe.
El 25 de marzo del 2013 el diputado bonaerense por Nuevo Encuentro Adrián Grana fue entrevistado por Víctor Hugo Morales y ambos aprovecharon la entrevista para atacar al Grupo Clarín. Tanto el conductor como el diputado presionaron para que se dé de baja el acuerdo por el cual los clientes del Banco Provincia podrían acceder a descuentos en el abono de Cablevisión. Utilizando un latiguillo gastado, Grana aseguró que el Grupo Clarín “está en rebeldía con las instituciones de la democracia”. Cabría preguntarle a Grana ¿qué es para él estar en rebeldía con las instituciones? ¿Acudir a la Justicia cuándo uno considera que sus derechos y garantías están siendo violadas, es ir en contra de las instituciones democráticas? Por el contrario. Estar en rebeldía es no respetar lo que dice la Justicia y eso es lo que constantemente hace el Gobierno.
Cuando la Secretaría de Comercio Interior intentó fijar en forma arbitraria y discriminatoria el precio del abono de Cablevisión (no así el de sus competidores), la empresa acudió a la Justicia y fue esa misma institución democrática la que dictó sentencias que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable. Se trata de fallos de Cámaras Federales (segunda instancia). Uno de ellos, a favor de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), que suspende para todas sus asociadas (entre ellas Cablevisión S.A.) los efectos de la Resolución 50/2010 de Moreno y de la ley de abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada.
Estar en rebeldía es no acatar estos fallos (o los que mantienen suspendidos 2 artículos de la ley de medios) desconociendo la división de poderes que justamente existe para evitar o minimizar las arbitrariedades y abusos de poder ejercidos utilizando el aparato estatal.
El 19 de marzo del 2013 en el programa La Mañana, Víctor Hugo Morales aprovechó un supuesto mensaje de una oyente para volver a defender una medida ilegal y arbitraria de la Secretaría de Comercio Interior que intenta fijar el abono de Cablevisión y que está frenada por la Justicia. El relator inventó cifras millonarias dando a entender que ese dinero se utiliza para comprar voluntades.
“Cablevisión tiene que cobrar $130 y te cobra $205, son $500 millones por año (…). Lo que me aflige es lo que hacen con el dinero (…). Compran periodistas”.
Nuevamente la desmesura y la infamia de Morales por atacar al Grupo Clarín y defender a ultranza cualquier política del Gobierno lo lleva a aprobar maniobras ilícitas como es la resolución de la Secretaría de Comercio que intenta fijar ilegal y discriminatoriamente el precio del abono de Cablevisión. La ilegalidad fue ratificada por la Justicia.
Actualmente existen medidas judiciales firmes y plenamente vigentes que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable no sólo para Cablevisión sino también para todos los socios de Asociación de Televisión por Cable (ATVC) (ver Disparate del 18/02/2013).
Decir que Cablevisión obtiene beneficios millonarios por cobrar en forma legítima el precio de su abono e insinuar que con ese dinero se “compran periodistas” es simplemente falso, como surge de toda la información financiera de la empresa, que es pública. Basta leer los balances de Cablevisión para ver que la empresa jamás ha tenido ganancias extraordinarias y que desde que el Grupo Clarín adquirió Cablevisión, en el 2006, no se reparten dividendos. Por el contrario, todos sus resultados se han invertido en tecnología, infraestructura e incorporación de nuevos servicios.
Asimismo, es importante resaltar que Cablevisión es una empresa de distribución de contenidos por lo tanto no emplea periodistas.
El 18 de febrero del 2013 Víctor Hugo Morales volvió a atacar al Grupo Clarín utilizando información falsa y tendenciosa. Basándose en una nota de Tiempo Argentino se refirió a Cablevisión y validó la orden arbitraria de la Secretaría de Comercio Interior que fija el abono de Cablevisión de manera ilegal y además discriminatoria, ya que sólo intenta hacer con la empresa del Grupo Clarín y no con el del resto de las cableoperadoras. No sorprende escuchar al relator aprobar cada uno de los atropellos de la Secretaría de Comercio. Ya en otras oportunidades justificó los índices del INDEC diciendo que se tratan de “mentiras sobrellevables, disimulables” por qué al “trabajador no lo han dañado”. Pero en esta oportunidad Morales directamente justifica la ilegalidad omitiendo información y falseando datos.
Existen sentencias judiciales firmes y plenamente vigentes que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable. Se trata de fallos de Cámaras Federales (segunda instancia). Uno de ellos, a favor de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), suspende para todas sus asociadas (entre ellas Cablevisión S.A.) los efectos de la Resolución 50/2010 de Moreno y de la ley de abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada. Por lo tanto la facultad de fijar el precio del abono es absolutamente legítima y está en plena vigencia, no sólo para Cablevisión sino para todos los cableoperadores de la Argentina que son socios de la ATVC.
Todas las actualizaciones de precio que Cablevisión realiza siempre se mantienen dentro de las normativas legales y administrativas vigentes. Los precios se calculan en base a los costos de la tecnología y de la mano de obra intensiva que implica prestar servicios de telecomunicaciones. No actualizarlos por inflación significaría reducir la cantidad o calidad de los servicios. Más allá de la ilicitud de la medida, resulta doblemente arbitrario que en forma reiterada el Gobierno Nacional pretende objetar selectivamente la tarifa de Cablevisión en particular, por razones claramente persecutorias.
Durante el mes de febrero de 2013 la ANSES publicó una serie de tres solicitadas atacando al diario Clarín. Según la dependencia estatal, “la cantidad de mentiras que el diario Clarín realiza diariamente es mucha”. La primera se refiere al programa Fútbol Para Todos. El aviso da a entender que Clarín dijo que la ANSES financia las transmisiones. Esto es lisa y llanamente falso. En varias notas publicadas desde la aparición del fútbol gratuito en televisión abierta, Clarín informó que la partida presupuestaria está a cargo de Jefatura de Gabinete y no de la ANSES.
La segunda habla del programa Conectar Igualdad que consta en la repartición de laptops para los niños en edad escolar. Este figura en el presupuesto de la Administración y se financia con aportes, contribuciones e impuestos que van directamente a la ANSES. No existe una partida del Tesoro de la Nación para Conectar, como afirma la solicitada.
Finalmente, la tercera comunicación declara que Clarín mintió sobre el número de Asignaciones Familiares que se entregaron y la variación que estas presentaron con respecto a 2008. En primer lugar, los datos que publicó Clarín el 4 de febrero de 2013 provienen del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, de la Secretaría de Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo. El último boletín data del segundo trimestre de 2012 y en la página 37 de este informe dice que se entregaron 2.680.257 asignaciones a los trabajadores activos. La misma publicación pero del primer trimestre de 2008 muestra que se pagaron 3.994.100. Esto implica una caída de alrededor de 1.300.000 asignaciones. Lo que Clarín hizo fue reproducir los números de Seguridad Social ya que la ANSES no brinda esta información. En consecuencia, o la Secretaria de Seguridad Social miente o la ANSES sólo busca difamar a Clarín en un nuevo ataque contra la prensa independiente.
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El 18 de febrero del 2013, dentro del marco de la causa AMIA, el canciller Héctor Timerman fue entrevistado por el periodista Ernesto Tenenbaum en su programa de la Rock & Pop. Ante una serie de preguntas por parte del conductor, Timerman decidió responder con ataques hacia el periodista y hacia el CEO del Grupo Clarín: “Usted estuvo con Magnetto. Magnetto secuestró a la familia Graiver Estuvo en un interrogatorio y forzó a la familia Graiver para sacarles Papel Prensa”. Las acusaciones de Timerman sobrepasan el disparate para entrar en el terreno penal. Decir que el CEO del Grupo Clarín secuestró, que estuvo en un interrogatorio, o que forzó a la familia Graiver para obtener Papel Prensa son calumnias aberrantes y grotescas. Las negociaciones por la compra de Papel Prensa fueron públicas y en casi 30 años de democracia ningún miembro de la familia Graiver acusó a Héctor Magnetto de haber tenido algo que ver con su detención ilegal y mucho menos de haberlos obligado a vender Papel Prensa. Fue recién en el año 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner y en el medio del enfrentamiento del gobierno contra la prensa, que los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo, intentaron rescribir la historia y borrar dos juicios llevados adelante en democracia, para lo cual obviamente no pudieron aportar ninguna prueba, además de haber sido desmentidos por la hija y el hermano de David Graiver.
Solamente con repasar la cronología de los hechos se entiende el absurdo de la acusación:
  • En agosto de 1976 David Graiver muere en un accidente aeronáutico en México y al poco tiempo caen dos bancos de su propiedad, uno con sede en Bélgica y otro en Estados Unidos.
  • A partir de la quiebra de los bancos, los acreedores reclaman por las deudas al grupo Graiver, que se encontraba en cesación de pagos, iniciando la familia tratativas para vender activos empresarios, entre ellos la tenencia accionaria en Papel Prensa.
  • Tras una negociación que se hizo pública, el 2 de noviembre de 1976 se firma el contrato de venta a Fapel (conformada por los diarios La Nación, La Razón y Clarín) de las acciones de Papel Prensa que estaban en cabeza del Grupo Graiver. La operación queda registrada en contratos protocolizados por escribano público.
  • El 10 de noviembre de 1976 se comunica la compra, que tuvo amplia cobertura periodística además de ser informada ante la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
  • Varios meses después, miembros de la familia Graiver fueran acusados por el gobierno militar de participar del financiamiento de Montoneros y el 15 de marzo de 1977 resultaron privados ilegítimamente de su libertad.
  • 8,3 millones de dólares fue el monto pagado por un proyecto paralizado, cuya planta recién comenzaba a construirse y que tenía pasivos por 22,8 millones de dólares.
  • Tras una inversión genuina de 140 millones de dólares realizada por Clarín, La Nación y La Razón, la planta fue inaugurada el 27 de setiembre de 1978.
El 13 de febrero de 2013, el gobernador de Córdoba decide dejar sin efecto la decisión de levantar las antenas de la TDA en su provincia. Ese mismo día, el titular del AFSCA Martín Sabbatella responde a esta decisión atacando al gobernador De La Sota, e inventando una falsa alianza entre mandatario provincial y la empresa de cable Cablevisión: "Quedó en evidencia que las medidas de De la Sota no tenían ningún fundamento y sólo respondían a una estrategia de confrontar con el Gobierno nacional y fortalecer su alianza con la empresa proveedora de servicio de televisión paga en esa provincia". Lo que debería ser sorpresa ya no lo es, al igual que el resto de los funcionarios del Gobierno, el titular del AFSCA aprovecha cualquier oportunidad para atacar y deslegitimar al Grupo Clarín en especial y a cualquier medio independiente, en general. Sorprende que Sabbatella desconozca que en Córdoba existen muchas empresas de TV paga y que Cablevisión compite con más de un prestador en todas las localidades en las que opera. Por otro lado, Direct TV brinda su servicio en toda la provincia mientras que Cablevisión no cubre la totalidad del territorio cordobés. Resulta llamativo que Sabbatella, a cargo del organismo de control de medios desde hace meses, desconozca cuáles son las empresas que operan en la provincia y quiénes son sus titulares.

El 10 de febrero del 2013, el Vicepresidente Amado Boudou participó del programa de televisión ultra K 678 y, como siempre lo hace, culpó sin fundamentos a Clarín por la mayor parte de los problemas que enfrenta la gestión del Gobierno. Refiriéndose específicamente a las calificadoras de riesgo y a los bajos puntajes que éstas otorgan al país, acusó al CEO del Grupo, Héctor Magnetto, de haber estafado a los jubilados por 500 millones de pesos. La acusación infundada y también inespecífica, realizada por Boudou, ya ha sido utilizada por funcionarios y periodistas K, para difamar a Clarín y a sus directivos. Cuando hacen esta referencia, que en otras oportunidades han adornado con mayores detalles que extraen del relato oficial; describen la compra de acciones del Grupo por parte de las AFJP, que luego serían estatizadas por esta gestión. Aunque las acciones de Clarín registraron una suba de más del 12% pocos días después de esa operación, tendencia positiva que se mantendría durante semanas, el Gobierno falsea los datos e intenta confundir la baja generalizada que sufrieron todas las acciones de empresas argentinas a raíz de la crisis global con un componente específico y luego desconoce la brutal e inédita campaña del Gobierno contra el Grupo, que incluyó innumerables acciones estatales para perjudicar su valor tangible e intangible.
Los funcionarios además omitieron, no casualmente que todas las empresas que operan y cotizan en el país han sufrido un enorme deterioro en su valor de mercado en los últimos años. A este delicado escenario marcado por la disminución de los indicadores de confianza en el país, Clarín debió sumarle el ensañamiento oficial y el accionar del aparato estatal y para estatal, montado para difamar al Grupo y a sus empresas.
El 21 de enero de 2013 el Concejo Deliberante de Necochea decidió, por amplia mayoría, la suspensión preventiva del intendente kirchnerista Horacio Tellechea. Ese mismo día, durante su participación en el programa 678, en la Televisión Pública, Tellechea dijo estar sufriendo un “embate” contra su gestión. Entre otros presuntos responsables acusó a Clarín de actuar en su contra para lograr su destitución. Habló de una “novela inventada por los sicarios de la tinta, como Clarín”, y dijo que "lo que sufre la presidenta a nivel nacional, lo he sufrido desde el primer día de mi asunción". El funcionario Horacio Tellechea es investigado por presuntas irregularidades en la compra de aparatología médica para el Hospital Municipal. De acuerdo al informe elaborado por la comisión investigadora y luego analizado por el Concejo Deliberante de Necochea, se comprobaron al menos trece presuntos ilícitos cometidos por el funcionario municipal, entre los que se cuentan graves irregularidades en una compra millonaria de aparatología para un hospital y la adjudicación indebida de otras obras.
Tellechea, cercano al vicepresidente Amado Boudou y al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, comparte sin duda, con la presidenta y otros funcionarios públicos, la costumbre de culpar a Clarín por todo aquello que les incomoda, y que se publica en las páginas del diario.
El 12 de enero de 2013 la Secretaría General de la Presidencia de la Nación publicó un comunicado en la página oficial de Facebook de la Casa Rosada. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo difundió vía Twitter. El Gobierno intentó desmentir a Clarín, en relación a la nota que daba cuenta de las características del hotel en el que se alojaba la mandataria en Abu Dhabi, y los gastos en que incurriría en su estadía.
El comunicado, firmado por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, sostuvo que los gastos corrían por cuenta de los Emiratos Árabes. Y agregó que "los escribas de Héctor Magnetto utilizan las páginas del diario Clarín para construir una realidad que sólo beneficia a sus oscuros intereses". Habla de "manipulación, tergiversación y distorsión de la información".
El duro comunicado refuta erróneamente la nota de Clarín, que nunca había afirmado quién pagaba los gastos, y que había aclarado expresamente que nadie en el Gobierno había contestado sobre ese tema. En la nota, publicada por Clarín el sábado 12 de enero de 2013 con el título “Cristina llegó a Abu Dhabi y se aloja en el hotel más caro del mundo”, se da cuenta de que la Presidenta se alojará durante su estadía en Emiratos Árabes en una de las suites de último piso del hotel Emirates Palace, una de las más caras, donde la habitación puede costar hasta 17.000 dólares por noche. Seguidamente, se informa que se realizaron consultas a Presidencia y al hotel para conocer quién pagaba los gastos, y ninguno respondió a la enviada especial de Clarín. Sin embargo, el comunicado de la Presidencia y los tres tuits lanzados por la mandataria dedicados al tema, pasan por alto ese párrafo, y prefieren atacar a Clarín y hablar de “mentira y mala fe”.
El 9 de enero de 2013 en una entrevista realizada por Víctor Hugo Morales, en Radio Continental, en el programa “La Mañana”, Carlos Daniel Aletto acusó a Clarín de retirarle el Premio del Concurso Clarín de Cuentos por su militancia a favor del Gobierno Nacional. Es llamativa esta declaración del escritor 4 años después de que él mismo reconociera que fue descalificado por no cumplir con las bases del concurso, y no por otros motivos. Además, no es casualidad que esta versión disparatada en contra de Clarín, tenga lugar en el programa de Víctor Hugo Morales, cuyo programa está dedicado en gran medida a atacar con mentiras a Clarín.
El 29 de septiembre de 2008, Carlos Daniel Aletto recibió el Primer Premio del Concurso Clarín de Cuentos con la obra “Atalaya”. Sin embargo, el ganador fue descalificado en su momento, luego de que Clarín comprobara que la obra no era inédita, como exigían las bases del concurso. El cuento había sido ya publicado en el año 2000 en la ciudad de Mar del Plata.
El autor envió en su momento una carta en la que ofreció sus “disculpas a todo el jurado, a las autoridades de Clarín, a sus lectores…” reconoció no haber cumplido con las bases del concurso y manifestó su desconocimiento con respecto a la publicación anterior de la obra.
Ver carta.

@
http://www.grupoclarin.com/disparates

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