Disparates del 2012

		El 19 de diciembre de 2012, el ministro de Justicia Julio Alak anunció por conferencia de prensa que el Gobierno recurrirá al per saltum en la causa en la que se debate la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios. Entre los argumentos esgrimidos por el ministro para hacer uso de este recurso extraordinario, manifestó que el Grupo Clarín “no es titular de ninguna licencia ni señal de radiodifusión” y que “tampoco es accionista ni socio de compañías que sean titulares de licencias” por lo tanto, según el ministro, no tiene legitimación para actuar en la causa. La afirmación llega al límite del absurdo. Si este fuera el caso, cabría preguntarle al Ministro cómo puede el Gobierno acusar al Grupo Clarín de no cumplir con la ley de medios. O para ser más precisos, de objetarla judicialmente. También debería explicar por qué el Estado le cobra al Grupo tasas para explotar licencias de radiodifusión o por qué Martín Sabbatella se presentó en la sede de la compañía para notificar de forma ilegal el inicio de un proceso que viola claras decisiones judiciales. Si el Grupo Clarín no es titular de licencias de radiodifusión entonces no se ve alcanzado por la ley de medios. No lo incumbe. Pero es titular y por eso pretende defender sus derechos y los de sus audiencias. Las palabras del Ministro Alak son ridículas y desdicen la estrategia discursiva del Gobierno. Salvo que, como ya sucede con otros grupos mediáticos, desconociera la titularidad de los medios que él mismo regula.

		El 17 de diciembre del 2012, ante un despliegue mediático descomunal, Martín Sabbatella, presidente de la AFSCA, se presentó en las oficinas del Grupo Clarín para notificar el inicio de la “transferencia de oficio” de canales de TV, señales audiovisuales y parte de Cablevisión. De esta manera Sabbatella intentó aplicar para el Grupo Clarín el artículo 161 de la ley de medios. La presentación del titular de la AFSCA no sólo fue improcedente sino que también fue ilegal. A través de Sabbatella, el Gobierno incumplió tres resoluciones judiciales. En primer lugar, la presentación desconoce la suspensión del artículo 161 dictada por la Cámara Civil y Comercial el 6 de diciembre, que expresamente dice que la medida cautelar se extiende hasta que haya sentencia definitiva. Sabbatella no esperó una sentencia definitiva incumpliendo abiertamente con la orden de la Cámara. También, desconoció la apelación interpuesta por el Grupo Clarín contra la resolución del juez Alfonso (que suspende su decisión) y el plazo de un año que establece la ley de medios y que fue ratificado por la Justicia. Como si esto fuera poco, el accionar de Sabbatella incumple con otro fallo de la Justicia, dictado tan sólo 3 días antes. Según este fallo la AFSCA está obligada a mantener la integridad y la intangibilidad de la red de Fibertel ya que podría ser afectada por la aplicación del artículo 45 de la ley de medios. Sin embargo, la notificación presentada por Sabbatella establece que la compañía debe dejar de brindar servicio en más de 100 ciudades. Cabe destacar que la notificación presentada por Sabbatella podría incurrir en un posible caso de desobediencia judicial, previsto en el art. 239 del Código Penal, y que fue advertido expresamente además por el fallo de la Cámara Federal. Por último, se hace importante destacar que el Grupo Clarín cumple con todos los artículos vigentes de la ley de medios y que siempre ha cumplido con todas las disposiciones de la Justicia y de la ley. La desobediencia de Sabbatella se terminó de confirmar al día siguiente de su visita cuándo el juez concedió la apelación con efecto suspensivo como marca el Código Procesal.

		Cuando el relato se reescribe en la web En tiempos de nuevas tecnologías, en los que todo queda registrado; los esfuerzos por cambiar lo dicho parecen ser en vano. Sin embargo, también en Internet, el Gobierno cree que puede cambiar su relato según las conveniencias de cada momento. Algunas veces lo hace para no exponer sus incoherencias, otras para esconder la aplicación selectiva de la ley o para ocultar el control que ejerce sobre los medios. Lo cierto es que las publicaciones K en Internet aparecen, desaparecen y se cambian todo el tiempo. El 22 de noviembre del 2012, el AFSCA cambió en su sitio web un informe oficial sobre lo que ocurrirá el 7 de diciembre. Hasta el miércoles 21, ante la pregunta de “¿Qué pasa si el Grupo Clarín no presenta un plan de adecuación antes del 7 de diciembre?”, el organismo respondía que “La AFSCA lo podrá intimar por incumplimiento de la ley para que presente el plan en un máximo de 30 días”. Pero el jueves quitó la frase sobre la intimación a presentar “en un máximo de 30 días” su plan de adecuación. El objetivo de Sabbatella es que esta semana el directorio de AFSCA dicte una nueva resolución con el fin de avanzar de facto sobre las licencias. El 21 de noviembre de 2012, Gustavo López y Telefé borraron de sus webs datos que ponían en aprietos a Telefónica, ante la insólita posición que adoptó Martín Sabbatella, que sigue intentando encubrir la tenencia de nueve canales de televisión abierta por parte de Telefónica de España, situación prohibida por la ley de medios. Después de su publicación en Clarín, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, levantó de su sitio Web Cultura y Medios un editorial donde aseguraba que “el juego armónico de las normas” “haría imposible la habilitación de Telefónica como licenciataria de medios” en el país. Según su visión, Telefónica no puede seguir teniendo sus nueve canales de TV en Argentina, incluyendo Telefé, porque es una “empresa de servicio público en el país” y por ser de capital español. Pocas horas antes del levantamiento de la nota de López, Telefé hizo una operación similar en su página institucional en Internet. En la solapa Nuestra Historia , Telefé cuenta su recorrido, desde la privatización del Canal 11 de Buenos Aires en 1989, hasta la etapa actual, en donde además del canal porteño la empresa española controla otros ocho canales de TV del interior del país. Pero ante el escándalo que se generó respecto de su incompatibilidad con la ley de medios, Telefé decidió quitar la frase “perteneciente al Grupo Telefónica desde el 2000”. Tiempo atrás, algo similar hizo el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Fernando Pérez, que quitó de Internet los datos que lo vinculan a Tiempo Beta, consultora cuyo principal cliente es Telefónica. También el año pasado, desapareció súbitamente el mapa de medios elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, que relevaba a 449 medios gráficos, radios, canales de televisión y sitios Web que trabajan con esa dependencia, clasificándolos en “kirchneristas”, “coincidentes en líneas generales” con el Gobierno, “neutros” y “opositores”.

		El 20 de noviembre de 2012 en declaraciones a Radio Del Plata, Juan Manuel Abal Medina, Jefe de Gabinete de la Nación, se refirió a la protesta sindical que paralizó el país el martes 20. Apelando a la ya clásica costumbre del Gobierno de culpar a Clarín cada vez que se encuentra frente a alguna iniciativa que complica el relato K, Abal Medina vinculó a Héctor Magnetto –CEO del Grupo Clarín- con la organización de la protesta. “Este 20N parece un 20M: Moyano, Magnetto y Micheli”; afirmó el funcionario. Resulta llamativo en un estado de derecho la liviandad con la que los funcionarios y voceros K agreden diariamente al Grupo Clarín, a sus directivos y trabajadores; sin ningún tipo de pruebas ni indicio alguno. El Grupo Clarín es un grupo de medios, ajeno a cualquier intento de representación gremial o sectorial, y lejos de su naturaleza está la función de organizar reclamos populares y/o protestas públicas. En ocasión de la realización de la manifestación sindical realizada el martes pasado, el propio Grupo Clarín sufrió el bloqueo de sus plantas impresoras que dificultaron la normal circulación de los ejemplares del diario. Tanto Clarín como la persona de su CEO se han convertido en un chivo expiatorio para este Gobierno, que parece creer que puede atribuir la suma de todos los males a nuestra empresa. Lo cierto es que este latiguillo, columna vertebral del relato K, ha perdido credibilidad día a día, hasta convertirse en un lugar común más cercano al ridículo que a la realidad.

		El 8 de noviembre del 2012 en el programa Ciudad Gótik, Jorge Rial, hablando de las movilizaciones a Plaza de Mayo, repitió una vieja falsedad: "Clarín fue beneficiado por Duhalde para licuar su deuda, le digo a la gente que no crea en Clarín. Se creen un estado independiente." La afirmación hecha por Rial carece de todo sustento. Ya en su momento el Grupo Clarín explicó en esta misma página lo siguiente: “El Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país. Por ello, lejos estuvo de cualquier pesificación o licuación de deuda. En otras palabras: en pocos días, su deuda se multiplicó por cuatro mientras sus ingresos se mantenían en pesos y además se reducían por efecto de la recesión. Esa deuda se renegoció y se restructuró de manera enteramente privada, con sus acreedores internacionales, con los que se llegó a sendos acuerdos de refinanciación a fines del 2003. Esos acuerdos fueron cumplidos con recursos propios del Grupo Clarín.”

		El 6 de noviembre del 2012 el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, emitió un comunicado en el que acusa al Grupo Clarín de ser “un violador serial de resoluciones judiciales” y puso como ejemplo las resoluciones de la Secretaría de Comercio que le congelan en forma discriminatoria el precio de la tarifa a Cablevisión. El exabrupto de Sabbatella se enmarca dentro de una serie de amenazas del titular del AFSCA contra el Grupo Clarín. En varias oportunidades amenazó con actuar de oficio sobre las licencias del Grupo. Sabbatella sabe que el artículo 161 de la ley de medios está totalmente suspendido para el Grupo Clarín, y que por lo tanto el AFSCA no puede realizar intimaciones ni exigir presentaciones sobre dicho artículo. El fallo de la Corte Suprema sostuvo expresamente que si para el 7 de diciembre el juicio de fondo sobre la inconstitucionalidad de ese artículo no estuviera resuelto, la medida cautelar podría ampliarse. Distinta es la situación de los otros grupos de medios, que sí están incumpliendo la ley y los fallos judiciales, ya que no fueron a la Justicia y que por lo tanto están fuera de la ley desde el 28/12/11, como dijo la Corte. Por otro lado, la mención a Cablevisión es totalmente falsa. La empresa no incumple ninguna resolución. Por el contrario, existe un fallo de segunda instancia de la Justicia (Cámara Federal) que suspende la aplicación de la medida tomada por el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por considerarla ilegal y discriminatoria. En efecto, el intento de fijar selectivamente el precio de un servicio cuya contratación es libre, y además sólo para una empresa y no para sus competidores, es manifiestamente inconstitucional.

		El lunes 29 de octubre de 2012 por la mañana las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nación aparecieron bloqueadas por piquetes que impidieron la normal distribución de los ejemplares. La medida fue organizada por el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires (Sivendia), que exige un incremento del porcentaje que recibe del precio de tapa. En primer lugar es necesario realizar un llamado de atención sobre estas medidas ilegales. Ningún reclamo justifica el bloqueo a la circulación, que configura un ilícito penal (arts. 161 y 194 del Código Penal). Por otro lado, tal como lo anunció el último comunicado de AEDBA, es importante advertir que el porcentaje que recibe la cadena de distribución respecto del precio de tapa es uno de los más altos en términos internacionales. Clarín, junto al resto de los editores de diarios del país, ha hecho un esfuerzo importante para adecuar precios y ofertas al público mejorando la ecuación económica de quiénes integran la cadena de distribución.

		Medios oficialistas anunciaron hoy, viernes 26 de octubre de 2012, que el Gobierno decidió recusar a un camarista del fuero civil y comercial federal, donde se tramita la causa de la ley de medios. Se trata del tercer magistrado recusado en los últimos días. Esos medios pretendieron relacionar al Grupo Clarín con un viaje del magistrado. La versión es falsa, maliciosa y configura una burda operación difamatoria. Otra más dentro de la ofensiva oficial del último mes sobre la Justicia, para entorpecer el trámite judicial y buscar la intervención de jueces afines al Gobierno.

		Durante las últimas semanas de octubre de 2012, Víctor Hugo Morales intentó sembrar en la opinión pública la idea de que Clarín actuó como un “desestabilizador” del Gobierno de Raúl Alfonsín. El periodista también acusó a los radicales de traicionar a Alfonsín al criticar la actual ley de medios. “Le hicieron la cama (...) hasta que voltearon al primer gobierno democrático”. Cabe destacar que esta afirmación es groseramente falsa. La relación entre el gobierno de Alfonsín y la prensa tuvo los matices y tensiones que tiene cualquier relación entre prensa y gobierno en un sistema democrático. En particular, el vínculo entre el diario Clarín y el Dr. Alfonsín siempre fue de respeto mutuo. El propio José Ignacio López, vocero del ex presidente, afirmó en el libro “El hombre de Clarín” (biografía de Héctor Magnetto), que él fue testigo del respeto que se profesaban Alfonsín y Magnetto. Tras finalizar su mandato, las páginas de Clarín fueron utilizadas reiteradas veces por Alfonsín para expresarse. Lo hizo a través de reportajes exclusivos (Clarín, 30 de mayo de 1993, “Angeloz no tiene menos méritos que De la Rúa para ser candidato”) y notas de opinión (Clarín, 2 de marzo de 1993, “La segunda transición”; Clarín, 7 de noviembre de 2006, “Comicios ordenados, pacíficos y legales”; Clarín, 3 de octubre de 2007, “Peligrosos gesto sobre Malvinas”). Desde principio de los noventa hasta su fallecimiento, los medios del Grupo Clarín sirvieron como uno de los espacios predilectos por el ex presidente para dar a conocer sus ideas. (Clarín, 23 de marzo de 2005, “Iglesia y Estado, un estéril conflicto entre argentino”). Ejemplos de otras notas de opinión y reportajes exclusivos publicados en el diario Clarín: 14/02/1993 “Ni locos vamos a facilitar la reelección de Menem” 07/05/1993 “Enfrentamos a las modas” 26/09/2006 “Frente al fundamentalismo, un humanismo ecuménico” 07/01/2007 “Debemos desactivar los pozos ciegos de la democracia” 29/03/2007 “La Unión Europea recupera iniciativa” 05/04/2007 “Políticas de Estado para Malvinas” 02/05/2007 “El día de los trabajadores y de la Constitución Nacional”

		El martes 23 de octubre del 2012 el senador kirchnerista Carlos Kunkel fue entrevistado por Jorge Rial en radio La Red y al ser consultado por el tema ley de medios, comenzó a atacar directamente al Grupo Clarín y a sus directivos hasta llegar al desquicio de haber acusado al Director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo, de haber repartido en forma personal sobres con dinero a diputados y senadores de la oposición durante el debate de la ley de medios en el año 2009. La afirmación no sólo es disparatada sino que es calumniosa e injuriosa. No es extraño escuchar a Kunkel atacar sin ningún reparo a los directivos, periodistas y medios que forman el Grupo Clarín, pero está vez la acusación ha pasado todo tipo de límites. El Grupo Clarín y sus directivos iniciarán las acciones legales pertinentes a raíz de las manifestaciones calumniosas e injuriosas de las que una vez más han sido blanco.

		Ante la difusión de falsas, irresponsables y dolosas declaraciones referidas al Grupo Clarín y sus directivos por parte de agrupaciones y militantes vinculados al oficialismo el 5 de octubre de 2012, sólo deseamos puntualizar que: Ninguna provocación, intimidación o persecución nos distraerá de nuestro rol informativo, que es nuestra razón de ser como medios periodísticos. Vamos a seguir mostrando lo que pasa, aunque cada vez queden menos voces dispuestas a hacerlo. Resulta inadmisible que el mismo Gobierno que reconoció la legitimidad del reclamo del día la fecha y su carácter gremial, luego busque eludir responsabilidades apelando a disparatadas e infames teorías conspirativas que buscan perturbar la paz social e incitar a la violencia contra la prensa y otros diversos actores de la sociedad. Una vez más, en una lógica ya agotada, se pretende responsabilizar al periodismo independiente por cada uno de los hechos de la realidad que no se adecúan al relato oficial. La mejor prueba de la identificación de un medio de comunicación con los valores de la democracia es su compromiso con la verdad y con su deber de informar a la ciudadanía. Esa es nuestra fortaleza y el sustento de nuestra credibilidad. El Grupo Clarín iniciará las acciones legales pertinentes a raíz de las manifestaciones calumniosas e injuriosas de las que una vez más ha sido blanco.

Refutaciones del Grupo Clarín al spot del Gobierno

El anuncio fue emitido en Fútbol para Todos | Spot 7-D – 22/09/12 – 13.54 hs. Entre tiempo Futbol para todos.

Queremos que marques un día en el calendario: el 7 de diciembre. O como vamos a llamarlo desde ahora: 7D. La “D” es de diciembre, pero también podría ser de Diversidad y Democracia. ¿Qué busca el Gobierno generando paranoia con el 7D? Sabe perfectamente que ese día no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Sólo vence una medida cautelar. Pero puede estar resuelto el juicio de fondo sobre la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de medios. O bien la cautelar debe ser prorrogada si el juicio de fondo no está terminado, como dijo la Corte Suprema de Justicia. O, por último, puede empezar a correr el año de plazo que establece el artículo suspendido hasta esa fecha, el 161. No es una interpretación: es lo que dicen la Ley, la Justicia y todos los constitucionalistas. Por eso, de confirmarse que el Gobierno quiere violar abiertamente lo que dicen los otros poderes del Estado, ese día podría ser el del Desprecio a la ley, el del Despojo, el de la Destrucción de una de las pocas voces independientes que quedan en los medios audiovisuales.

Ese día, después de 3 años de su aprobación en el Congreso entra, por fin, en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161. Que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión. El Gobierno se cansó de decir que ese artículo no era relevante, de hecho figura como una cláusula transitoria en la ley. Se cansó de decir que la ley no era contra nadie en particular sino para generar nuevas voces, diversidad de opiniones, para darle más participación a los medios comunitarios... Hasta ahora no pasó nada de eso sino todo lo contrario: hay menos diversidad, el Gobierno colonizó más del 80% de los medios audiovisuales de la Argentina, los medios comunitarios fueron excluidos, los concursos de canales de TV fueron cancelados, la TV digital se entregó "a dedo" sólo a los amigos. Con este spot el Gobierno confirma que la ley no era para generar más voces ni diversidad, sino para callar a los medios que no podía controlar. Un propio aliado del gobierno, como Daniel Vila, acaba de reconocer que "la ley fue contra Clarín". Hoy casi los únicos medios audiovisuales que quedan sin colonizar, como lo demostró la cobertura televisiva de la manifestación del 13-9, son los del Grupo Clarín.

Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva ley de medios que reemplaza a la antigua creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿3 años? Sí, 3 años. Esta ley que favorece la pluralidad de voces, evitando los monopolios establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios y dispone, justamente, en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación. Pero, “nobleza obliga”, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron, desde su origen al AFSCA como autoridad de control de sector y de aplicación de la ley, salvo el Grupo Clarín. El AFSCA nunca se constituyó como marca la ley porque el Gobierno, desde fines de 2011, no permite que la integren las restantes fuerzas polìticas. El Grupo Clarín, como debe hacer cualquier ciudadano cuando ve afectados sus derechos, acudió a la Justicia denunciando la inconstitucionalidad de ciertos artículos y pidiendo su suspensión. En todas sus instancias, la Justicia -incluyendo la Corte Suprema- le dio la razón para suspenderlos por la verosimilitud del derecho invocado y el peligro inminente. El Grupo Clarín cumple la ley en todos los aspectos no suspendidos, lo que no sucede con la mayoría de los grupos paraoficiales o aliados del kirchnerismo. Por el contrario, esos grupos -varios de los cuales tienen más licencias de radio y televisión que el Grupo Clarín- deberían haberse adecuado a la norma como máximo el 28 de diciembre del año pasado, según lo establecido por la ley y la Corte Suprema. Ninguno lo ha hecho, ni hay ninguna constancia del AFSCA al respecto.

Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar como máximo en el país, 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta. Y el Grupo Clarín, cuántas tiene? Más de 240 sistemas de TV por cable. Si, escuchaste bien: más de 240 sistemas de TV por cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites necesarios para cumplir con la ley. Y quién queda sin aceptar la ley? Adivina? Sólo quedó el Grupo Clarín. ¿y entonces? Con ninguno de sus medios el Grupo Clarín está en situación ilegal, lo que sí sucede con otros grupos de medios que ni siquiera han acudido a la Justicia. El Grupo Clarín tiene menos licencias de radio (7) y televisión (4) que otros grupos nacionales y extanjeros que deberían haber desinvertido el 28-12-11, pero como son aliados del gobierno, no lo hicieron. Cablevisión opera a través de 158 licencias locales, muchas menos que las 2.200 que cubren DirecTV, Telefónica o Telecom, en un caso de abierta discriminación.

El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, 3 años después, sí 3 años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo: No reconoce al AFSCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley. Clarín cumple la ley en todo aquello que no está suspendido por la Justicia. En rubros como producción nacional, programación infantil, publicidad, etc. los medios del Grupo son los que más se ajustan a la ley. Clarín tiene suspendido el artículo 161, por lo tanto ninguno de sus reglamentaciones puede aplicársele hasta que esa medida cautelar cese. Clarín NO DEBE PRESENTAR ningún plan de adecuación pues el artículo que lo contempla está completamente suspendido, como mínimo, hasta el 7/12. Clarín ha denunciado que mientras el AFSCA no esté integrado como lo marca la ley carece de la imparcialidad y la neutralidad necesarias para ejercer el poder de control sobre los medios. Su actuación en 2011, cuando le impuso más del 90% del total de multas del organismo, es una clara demostración de este trato discriminatorio y persecutorio.

De esta forma, el Grupo Clarín ignora a los tres poderes de la democracia. • Al ejecutivo, por no reconocer al AFSCA • Al legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la la Nación hace 3 años. • Y al judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema. Quien está ignorando flagrantemente, una vez más, la división de poderes, es el Gobierno Nacional. Se burla del Congreso, que sancionó una ley que debería estar operativa hace 3 años. Pero no implementó los concursos ni generó nuevas voces, no se ocupó de los medios comunitarios, usó la TV digital al margen de la ley para premiar a los amigos, y ni siquiera aplicó el artículo 161 a los medios a los que debería habérselos aplicado. Se burla de la Justicia, al desconocer abiertamente el fallo de la Corte Suprema, según lo han ratificado todos los constitucionalistas del país.

		Pero, puede un Grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. Por eso, si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino. El Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información en los medios de comunicación en la república argentina. 7 D de diciembre, de diversidad, de Democracia. Clarín es un grupo empresario nacional e independiente con 67 años de trayectoria en el país, con 17 mil empleados y más de $ 20 mil millones invertidos acá. Sus herramientas han sido y son la ley y la Justicia. Su compromiso con las instituciones democráticas, su denuncia frente a las actitudes autoritarias, el ejercicio del rol constitucional de informar y de expresarse sin la tutela oficial, lo han llevado a ser estigmatizado y perseguido por este Gobierno a través de todo el aparato del Estado, que ya lleva más de 450 acciones directas e indirectas contra el Grupo. Si el próximo 7/12 el Gobierno avanza ilegalmente contra los medios del Grupo, estaríamos ante una lisa y llana confiscación para silenciar uno de los pocos medios independientes que quedan en el país. Casi el único en el mundo audiovisual.

		El jueves 20 de septiembre de 2012 el sitio Diario sobre Diarios reseñó un artículo de la revista mexicana Proceso plagado de falsedades: “La confrontación abierta entre el Gobierno y el holding de medios más poderoso de Argentina entra en la cuenta regresiva”, publicó la revista mexicana Proceso en un extenso artículo en el que se analiza el conflicto entre el Ejecutivo nacional y el Grupo Clarín a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la publicación mexicana, a partir del 7 diciembre el multimedio “se verá obligado por la ley a desinvertir en muchas áreas donde ejerce una posición monopólica o dominante” y en función de ello “deberá afrontar una reducción drástica: se estima que podría llegar a ceder 236 de sus 264 licencias actuales”. La revista Proceso sostuvo que “la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) revocará las licencias que excedan el cupo legal establecido para cada área” y agregó que la “aplicación plena” de la normativa limitará “severamente la estrategia de negocios de Clarín y su capacidad de influir en la opinión pública argentina”. En ese sentido, señaló que a través de una “ingeniería de medidas cautelares” el holding consiguió dilatar “el artículo que promueve la desinversión en los casos de monopolio”. Además, indicó que el Grupo Clarín controla 301 empresas, lista que incluye “medios gráficos, televisivos y radiales, así como la operadora de televisión por cable Cablevisión –que incluye al proveedor de Internet Fibertel–, editoriales e imprentas, productoras de televisión, compañías de telecomunicaciones y servicios de correo”. En relación a su nivel de ingresos, se difundió que la facturación anual del grupo “asciende a 6 mil 700 millones de dólares –2 mil millones de dólares más que Televisa-” según datos de 2010. Entre los diversos temas abordados, la revista señaló como el más relevante el desenlace de la “batalla judicial” por el control de Cablevisión, “nave insignia del consorcio de medios” por facturación e influencia, que “moldeará de manera decisiva la gobernabilidad futura del país”. Cablevisión, adquirida en 2006 y fusionada con Multicanal en 2007, le aporta al Grupo el 60% de sus ingresos, en torno a los datos publicados. Pese a la autorización inicial del Gobierno, finalmente el 4 de marzo de 2010 fue anulada la fusión entre ambas prestadoras de televisión por cable, lo que dio inicio a la “batalla judicial por el control de la empresa”, que definirá la Corte Suprema de Justicia. El Grupo Clarín jamás fue consultado para la nota de la revista Proceso, lo que queda en evidencia por sus errores y su visión unidireccional, afín al discurso oficial. Sólo para muestra bastan los párrafos reproducidos por DsD: el Grupo no factura 6.700 millones de dólares sino 2.360 millones, un tercio de eso. El Grupo tampoco tiene 236 licencias. Posee a nivel nacional 11 licencias de radiodifusión en total (7 de radio y 4 de televisión), menos que la mayoria de los grupos que ya deberían haberse adaptado y no lo han hecho. Cablevisión es un servicio que no ocupa espectro radioeléctrico. Opera a través de 158 licencias locales, muchísimas menos que las que cubren DirecTV o las telefónicas (que dan video e Internet al igual que Cablevisión), y que brindan servicio en las 2.200 localidades de la Argentina. Esta discriminación arbitraria es una de las razones por las que la ley está objetada en la Justicia. Otra es la restricción a la producción de señales audiovisuales, pese a que no usan espectro y amplían la diversidad, como lo demuestran las coberturas de TN silenciadas por la mayoría de los canales. El Grupo Clarín no controla 301 empresas, disparate que no se sabe de dónde sale: hubiera bastado consultar el website corporativo para chequearlo. Tampoco tiene posición monopólica ni dominante en ninguno de los mercados en los que opera, donde los competidores son mayores al promedio mundial. El artículo 161 no promueve la desinversión en los casos de monopolio, sino que desconoce retroactivamente licencias vigentes, en un caso único en el mundo. Lejos de una ingeniería de medidas cautelares, el Grupo Clarín cuestionó en la Justicia, como debe hacerlo cualquier ciudadano o empresa, la validez de una norma que vulnera sus derechos constitucionales. La cautelar acompaña ese juicio de fondo justamente para proteger los derechos mientras se discuten judicialmente. Ese es el sentido de las cautelares en cualquier ordenamiento jurídico. Finalmente, la fusión de Cablevisión fue autorizada por un dictamen favorable de los 3 miembros de la Comisión de Defensa de la Competencia. La operación siguió la tendencia mundial de la industria del cable para poder competir con las grandes empresas globales de telecomunicaciones de cara al "cuádruple play". De hecho, el market share de Cablevisión en Argentina es menor al de los principales operadores de cable de los principales países del mundo y la región. Finalmente, luego de que el Gobierno pretendiera desconocer lo que su organismo técnico había autorizado, la Justicia ratificó la vigencia de dicha fusión.

El lunes 17 de septiembre de 2012 el Gobierno oficializó la candidatura del diputado Martín Sabbatella -aliado del ultrakirchnerismo- para conducir el AFSCA, ente que regula a los medios audiovisuales. A continuación algunas de sus manifestaciones erróneas o falaces respecto del Grupo Clarín y la ley de medios.

A raíz del fallo de la Corte Suprema, el 23 de mayo del 2012, el diario Página 12 le realizó una entrevista a Martín Sabbatella, en ella el diputado utilizó un dato falaz que ya había sido repetido por distintos miembros del oficialismo. “Una parte sustancial de este paso está trabada por la medida cautelar que consiguió Clarín en diciembre de 2009 y que le permite concentrar centenares de licencias de radio y televisión, en desmedro de la libertad de expresión y del derecho a la información.” Clarín tiene 11 licencias de radiodifusión (7 de radio y 4 de TV), muchas menos que gran parte de los grupos que deberían haberse adecuado como máximo el 28/12/11 -según dijo la Corte Suprema- y a los que el oficialismo les canjea el incumplimiento por disciplinamiento editorial. Cablevisión presta servicio en 158 localidades frente a las 2.200 de DirecTV. El derecho a la información se afecta cuando 4 de los 5 canales abiertos y 6 de las 7 señales de noticias deciden no informar acerca de una manifestación pública como la del jueves pasado, por depender del Gobierno.

El 25 de junio del 2010, Martín Sabbatella le concedió una entrevista al diario Página 12 en la sostuvo que “la reglamentación de la ley de medios debe ser participativa”, por lo que es necesario que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual “convoque a la elaboración participativa de normas, a fin de avanzar en la reglamentación de la ley de medios”. La reglamentación de la ley de medios, lejos de ser participativa, se dio a conocer por el PEN de un día para el otro. La AFSCA que se sancionó como promesas de neutralidad y solvencia técnica, fue de entrada un organismo militante, integrado por políticos en actividad, y jamás integró a la oposición.

El 14 de abril del 2010, el diario Ámbito Financiero, informó que Martín Sabbatella convocó a una marcha hacia los Tribunales para reclamar por la ley de medios. En un comunicado, el espacio político de Sabbattella sostuvo: "Ahora, los que se beneficiaron con aquella norma de la dictadura, concentrando medios y hegemonizando la palabra, quieren impedir que se implemente la ley votada en democracia a través de maniobras con jueces afines. La democratización de los medios -para que haya más voces y más libertad de expresión- molesta al interés de los grupos concentrados que crecieron y se enriquecieron con el marco 'legal' de la dictadura”. Clarín no creció en el mundo audiovisual con el marco legal de la dictadura sino de la democracia. Su acceso a Canal 13 fue tras haber ganado una licitación y concurso públicos, y luego de la reforma de la ley de radiodifusión en 1989. Las “nuevas voces” que nacieron en los últimos 3 años son las de empresarios K, contratistas de obras públicas, energía o juegos de azar, o la colonización de medios existentes a través de la pauta oficial y los aprietes regulatorios. Hoy el 80% de los medios audiovisuales están controlados por el Gobierno.

		El 27 de agosto del 2009, el entonces diputado Martín Sabbatella intentaba dar a entender que la ley de medios no se sancionaba contra un grupo mediático. "Hay que sacar del debate cualquier confrontación puntual con un grupo de medios [por el Grupo Clarín], y centrarlo en la necesidad de establecer los pilares de una comunicación democrática e inclusiva, que dé cuenta del enorme desarrollo tecnológico que existe en este campo”. Leer nota. Parece que este objetivo de Sabbatella quedó pronto en el olvido. Toda la discusión e implementación de la Ley de Medios se hizo con un único objetivo: destruir a Clarín. De los demás grupos nadie habla. La prometida licitación de 220 canales quedó sin efecto, en lo que demuestra el enorme fracaso del relato oficial. Del censo de medios, ni noticias, luego de 2 años y medio. De licencias a medios comunitarios, ni hablar. En cambio, en la confrontación y el hostigamiento a Clarín, todos los días hay un nuevo capítulo. Ya suman más de 450 las acciones estatales y paraestatales contra el único grupo audiovisual que viene resistiendo a ser colonizado por el kirchnerismo.

		El 9 de septiembre de 2012, el programa Bajada de Línea, conducido por Víctor Hugo Morales, emitió un informe absolutamente falaz sobre Papel Prensa en el que la diputada Juliana Di Tullio aseguró que la participación de Clarín en la papelera “le significó convertirse en dueño de muchos de los diarios” a raíz de supuestas prácticas "extorsivas". En el mismo ciclo el conductor del programa, aseguró que “fue a través del fútbol y de Papel Prensa que Clarín construyó un inmenso imperio”. La afirmación de la diputada carece de todo sustento. Al margen de Clarín, el Grupo lanzó tres diarios y adquirió participaciones en otros tres. Cuando Clarín ingresó como socio de los los diarios La Voz del Interior (Córdoba), Los Andes (Mendoza) y La Razón (gratuito), los tres se encontraban en perfecto estado económico y en un momento de expansión, y las operaciones resultaron muy rentables para sus vendedores. Los diarios Olé y Muy fueron fundados por Clarín. La frase del relator es igualmente insustentable. Ni Papel Prensa ni las transmisiones de fútbol fueron factores determinantes en el desarrollo del Grupo Clarín. Su articulación como multimedios siguió la tendencia internacional y se construyó en base a inversiones propias, a decisiones empresariales autónomas y al éxito de sus emprendimientos. Si la razón hubiera sido el papel o el fútbol, los otros socios de esos emprendimientos hubieran tenido una evolución análoga. Las inversiones del Grupo en los últimos 20 años superaron los 20 mil millones de pesos en el país. La gran mayoría de sus medios fueron creados por el Grupo, y los que fueron adquiridos, configuraron una operación muy conveniente para sus vendedores.

		El 4 de agosto del 2012 en el programa La Mañana, Víctor Hugo Morales hizo una extensa defensa de sus últimas difamaciones a Clarín y descalificó nuestra desmentida del día de ayer. Volvió a sugerir que Impripost maneja resúmenes de tarjeta de crédito, mencionó que su sueldo como periodista es un 30% menor al del CEO del Grupo Clarín según la AFIP y cuestionó la licitación del Plan Sarmiento que fue ganada por la empresa Prima SA: “¿Por qué no se presentaron Telefónica y Telecom? (...) Negocio extraordinario, divino (...) que le vendan las computadoras (…) Cada día uno le descubra más cosas (...) esta empresa de sociedad entre Clarín y Techint (...) esta mafia desmesurada (...) estos tipos tienen a todos los jueces y fiscales que ellos quieran (...) Magnetto en la AFIP gana un tercio más que yo nada más”. En una larga alocución Víctor Hugo Morales intentó desmentir el disparate de ayer pero sin aportar ningún elemento concreto a ese fin. Como lo hemos dicho ayer la acusación de las tarjetas de crédito es falsa: mal que le pese al periodista, Impripost no ha tenido como clientes a tarjetas de crédito ni a bancos. Una vez más Morales buscó correr la atención del método de espionaje y persecución estatal que realiza el kirchnerismo respecto de cualquier persona que exprese una disidencia. Pero lo que llamó más poderosamente la atención del programa, es que el locutor manifestara conocer datos privados de un tercero (en este caso la supuesta remuneración de Héctor Magnetto) a través de la AFIP, siendo esta información confidencial y estrictamente personal. ¿Podría ser qué el Gobierno estuviera brindándole datos privados de ciudadanos al Sr. Morales para alimentar su enfermiza campaña contra quienes no repiten el discurso oficial? Respecto del pliego de la licitación por el denominado Plan Sarmiento del GCBA, cabe destacar que el mismo fue comprado por la empresa Telefónica. Hoy el servicio que reciben los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires es claramente superior y más económico que el que existe a nivel nacional. De hecho los alumnos tienen conexión a internet permanente, en el colegio, en su casa y en cualquier lugar de la ciudad dónde se encuentren, algo que no sucede con el plan Conectar Igualdad.

		En su obsesión por atacar a Clarín, Víctor Hugo Morales vuelve a utilizar, además de opiniones injuriosas, datos absolutamente falsos. Durante su programa La Mañana del 3 de septiembre de 2012 intentó dar a entender que el Grupo Clarín actúa como una agencia de inteligencia, y se refirió sin nombrarla a la empresa Impripost: “Miedo hay que tenerle a los que son dueños del papel. Miedo hay que tenerle a los que tienen nuestros resúmenes de las cuentas bancarias, tienen un montón de jueces y fiscales, los tienen a todos. Estos son los peligrosos”(…) “Tengan miedo a los Magnetto. Magnetto sabe cuánto gasté este mes, socio con Techint tiene todos los datos. La SIDE es un conjunto de tontos al lado del servicio de inteligencia que tienen”. No por aberrantes, las afirmaciones del locutor dejan de merecer una clara desmentida. Primero, llama la atención que se quiera presentar como algo novedoso la existencia de Impripost, una empresa de impresión de la que el Grupo Clarín es titular del 50%, que existe desde el año 1999, que figura en su site institucional y en todas sus Memorias y Balances. En efecto, Impripost (www.impripost.com.ar) es una de las empresas de impresión variable más modernas, seguras y confiables de Latinoamérica y jamás ha sufrido denuncia alguna por sus actividades. Llama aún más la atención cuando -en el colmo del disparate- Víctor Hugo Morales da a entender que esta empresa imprime resúmenes de tarjetas de crédito, cuando nunca lo ha hecho. La desmesura de afirmar que Clarín tiene una SIDE paralela, cuando sus principales directivos y periodistas se encuentran entre las principales víctimas de dicha oficina estatal, cuando sus correos electrónicos y teléfonos han sido violados e intervenidos, cuando se ha llegado incluso a espiar a sus familiares (todo lo cual ha motivado a numerosas denuncias judiciales), es casi insultante y roza el mal gusto.

		El 29 de agosto de 2012 Eduardo Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de La Salada, se apalanca en una falsa premisa para intentar instalar que el Grupo Clarín fue beneficiado por la pesificación del 2002: “la pesificación asimétrica, donde se licuaron deudas de las grandes empresas, entre ellas Clarín, para que la pague el pueblo”. La falsa imputación de Castillo resulta oportuna para volver a desmentir un viejo mito que intentó construir el menemismo cuándo pretendió volver al poder en el 2002, y que luego repitió de manera oportunista el kirchnerismo para atacar a Clarín. El Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país. Por ello, lejos estuvo de cualquier pesificación o licuación de deuda. En otras palabras: en pocos días, su deuda se multiplicó por cuatro mientras sus ingresos se mantenían en pesos y además se reducían por efecto de la recesión. Esa deuda se renegoció y se restructuró de manera enteramente privada, con sus acreedores internacionales, con los que se llegó a sendos acuerdos de refinanciación a fines del 2003. Esos acuerdos fueron cumplidos con recursos propios del Grupo Clarín.

		El 21 de agosto de 2012 el periodista Alejandro Civisqui fue entrevistado por Víctor Hugo Morales en su programa “La Mañana”. Utilizando un discurso de tono militante a favor del gobierno nacional, Crivisqui dijo que fue censurado por Cablevisión en la provincia de Formosa ya que pensaba pasar un video que desmentía un informe de Telenoche: “Ellos pensaban que yo iba a sacar la segunda parte del informe, y fui levantado de Cablevisión. No fui yo, fue la TV Pública de Formosa levantada, sacada de la grilla. Porque tanto Clarín como Jorge Lanata siguen pensando con la misma matriz ideológica de la dictadura y el neoliberalismo”. Cablevisión informó en un comunicado que entre la noche del jueves 16 de agosto y la mañana del viernes 17, la señal de Canal 11 Lapacho TV (Sintonía 9) dejó de ser recibida por Cablevisión, lo que obviamente impidió su retransmisión a nuestros abonados durante ese lapso. No es la primera vez que la recepción de dicha señal se ve interrumpida, imposibilitando a Cablevisión su distribución, lo que fue informado en pantalla por la empresa. Pese a tratarse de razones técnicas, Cablevisión se pusó en contacto con Canal 11 Lapacho para ofrecerle retransmitir la programación que fuera emitida en ese lapso horario, ya sea de manera integral como de sus programas individualmente. Debe tenerse en cuenta, además, que como la señal de aire de Lapacho TV es de baja calidad, Cablevisión Formosa había ofrecido y acordado con dicho canal su recepción por satélite para mejorar la misma. Esa recepción satelital fue la que se interrumpió el jueves. Luego Cablevisión comenzó a emitir la señal tomada del aire, de calidad inferior.

		En el programa La Mañana del 16 de agosto de 2012 Víctor Hugo Morales intentó instalar la idea de que el paro convocado por el gremio de los canillitas para el fin de semana del 18 al 19 de agosto es un paro contra el diario Clarín. La afirmación es falsa. El paro de canillitas involucra a todos los diarios y revistas de Buenos Aires.

		El 16 de agosto de 2012 en el programa La mañana, Víctor Hugo Morales intentó defender la expropiación de Ciccone y las acusaciones contra Amado Boudou vinculando al Grupo Clarín con la competidora de Ciccone Boldt: “de todas maneras podrían haberlo pensado antes cuándo tomaron la decisión política de traer nuevamente a la palestra a Ciccone para que no fuera Boldt, la empresa particularmente ligada al Grupo Clarín, la que se quedase con todo este tema”. Nuevamente Víctor Hugo intenta instalar, la idea fantasiosa de que el Grupo Clarín y la empresa Boldt son socias. Como ya se dijo anteriormente y por más que le pese a Víctor Hugo, esta sociedad no sólo no existe, sino que las firmas son competidoras. (Ver disparate del 7 de junio).

		El 15 de agosto de 2012 el periodista Enrique Vázquez en el programa La otra mañana de Radio Del Plata agregó argumentos falaces a los ya esgrimidos por el Grupo Vila-Manzano para justificar la intervención del juez mendocino Walter Bento en la empresa Cablevisión, al decir que “El Grupo Clarín en Mendoza no tiene ni Cablevisión ni Fibertel, tiene otra compañía también monopólica. (…) Contra esa empresa (…) es que actúa el juez”. El Grupo Clarín no tiene ninguna compañía de cable, televisión o internet en la provincia de Mendoza.

		El 13 de agosto de 2012 el grupo Vila-Manzano publicó una solicitada en distintos medios plagada de mentiras sobre los motivos de la intervención a Cablevisión dispuesta por un juez de la provincia de Mendoza, donde Cablevisión no opera, y que tiene aceitados vínculos con ese grupo mediático. Los argumentos esgrimidos por el Grupo Uno son un verdadero disparate y no se coinciden con la realidad: “La justicia federal dispuso la intervención de Cablevisión por infracciones a la ley de defensa de la competencia”. FALSO: En un disparate jurídico, un juez incompetente de Mendoza pretendió intervenir Cablevisión por una disputa comercial con otra empresa (Artear) en otra provincia (Salta). Un verdadero absurdo. “Impidió la entrada del interventor, quiso recusar al juez y buscó magistrados afines en diferentes jurisdicciones”. FALSO. Cablevision recibió al interventor en el piso 9 de su edificio. Cablevisión apeló la medida por ilegal y recusó al fuero mendocino por incompetente, como es su derecho. Tanto la justicia federal de Salta como la de Capital Federal se declararon competentes porque la disputa (que no es de Cablevisión) ocurrió en esa provincia, y porque Cablevisión está domiciliado en la ciudad de Buenos Aires. “En abierta violación a la ley de defensa de la competencia, el Grupo Clarín consumó la fusión y pasó a controlar casi el 90% del mercado de la TV por cable en Capital Federal y el GBA y el 70% en todo el país”: FALSO: La fusión fue aprobada por unanimidad por la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia y ratificada por la Justicia Federal. Cablevisión tiene una participación del 47% del mercado nacional (la cual redujo 4 puntos desde la fusión, producto de la dinámica competitiva). Este porcentaje es menor al market share en sus países de los principales operadores de cable del mundo. El propio Supercanal si tiene participaciones de mas del 90% en las localidades de Mendoza donde se encuentra. “Concretada la fusión, la primera medida del Grupo fue manipular la ubicación de las señales en la grilla”. FALSO: Cablevisión fue el primer cable en realizar un ordenamiento de la grilla por géneros. Lo hizo tras la fusión, y de manera integral el año pasado. Asimismo, Cablevisión mejoró sustancialmente la ubicación de las señales competidoras de TN, como Crónica TV, Canal 26 y C5N, pasándolas de los canales más altos a los más bajos. A su vez, la compañía incorporó señales oficiales de acuerdo a sus disponibilidades técnicas y contractuales, ya que la capacidad de la grilla analógica está completa desde hace años, con contratos vigentes. Así lo hizo en 2011 con Telesur, Paka Paka, IncaaTV y CN23. Las mismas se incorporaron al “paquete básico digital” que no es codificado, como marca la ley, y por el que no se paga abono. “El abuso de posición dominante se tradujo en medidas predatorias en el mercado del cable”. FALSO: Cablevisión fue la primera empresa de cable e Internet en tener tarifa nacional, lo que provocó que competidores, como las telefónicas, debieran adecuar sus precios para evitar abusos en el interior. Ninguno de los cables que adquirió Cablevisión en los 90 (cuando no era del Grupo Clarín) fue forzado a vender. Todo lo contrario: hacían cola para venderse y se llegaron a pagar por los mismos precios altísimos que no volvieron a repetirse. Asimismo, nunca hubo tanto dinamismo competitivo en el mercado de video y de banda ancha como el que se registra desde la fusión de Cablevisión, donde incluso hay jugadores que han crecido por encima del crecimiento de Cablevisión, tales como Telecentro o DirecTV. “Adecuarse a ley de medios le permitirá al Grupo Clarín no ser un monopolio…” FALSO: Clarín y sus medios están lejos de ser un monopolio. Por el contrario, compiten en mercados que tienen más jugadores que el promedio internacional. Hoy sus medios son de los escasísimos que sobreviven en la Argentina sin apoyo oficial, y eso es lo que el Gobierno quiere destruir, usando la ley de medios. “No están en juego los puestos de trabajo” FALSO: Desde la fusión Cablevisión amplió en 1200 personas su planta de empleados. Esto es así por el nivel de inversiones y prestaciones que brinda la empresa. Si se la desguaza y desarticula -como pretenden el Gobierno y Vila Manzano- no sólo no podrá competir con empresas globales como DirecTV o las telefónicas (que facturan 7 veces más que ella sólo en Argentina y muchas veces más a nivel global), sino que no tendrá la masa crítica suficiente para encarar el fenómeno de la convergencia de manera competitiva. “Esta es una disputa donde nada tiene que ver el gobierno”. FALSO: El Gobierno es copartícipe de este plan. Los millonarios negocios con que benefició a Vila-Manzano y las reuniones que estos empresarios vienen manteniendo con el jefe de Gabinete a los fines de diseñar este plan político y judicial para apoderarse de Cablevisión son una clara muestra de ello. La última de esas reuniones fue el miércoles de la semana pasada. El juez Bento fue salvado hace un mes por el kirchnerismo de manera escandalosa en el Consejo de la Magistratura. Con esta movida, Vila y Manzano le permitirían al Gobierno cumplir su objetivo de desguace de Clarín sin esperar a que la justicia defina la inconstitucionalidad de la ley de medios. Leer la solicitada completa

		El 31 de julio de 2012, el diario Tiempo Argentino publicó una columna de opinión escrita por Santiago Aragón, presidente del directorio de AFSCA, en la que hace una interpretación falaz del fallo de la Corte Suprema. Aragón intenta dar a entender que la Corte puso como fecha límite el 7 de diciembre para que los grupos de medios desinviertan: “Hemos iniciado los procesos de adecuación para que el 7 de diciembre, tal cual lo ha estipulado la Corte, aquellos grupos de medios que infringen la Ley 26.255 tengan la posibilidad de operar acorde a lo establecido y eviten las sanciones previstas”. Sorprende que el propio presidente del AFSCA distorsione el fallo de la Corte. El tribunal estableció que el 7 de diciembre vence la cautelar que suspende para el Grupo Clarín la aplicación del artículo 161. Esto no afecta en nada el juicio de fondo por inconstitucionalidad, que sigue su curso. Si a esa fecha el juicio de fondo no está resuelto, la propia Corte sostiene que se puede ampliar la cautelar si subsisten las dilaciones del Estado en el expediente. De todas formas, si el 7 de diciembre entrara a regir el artículo 161 para el Grupo Clarín, comenzaría a correr allí el plazo de un año que establece la reglamentación, año con el que cuenta el Grupo Clarín para obtener una sentencia de inconstitucionalidad. Otra interpretación falaz que hace Aragón sobre el fallo de la Corte, es que el 7 de diciembre es la fecha límite para que el resto de los grupos mediáticos se adecuen a la ley. La Corte dijo que para el resto de los medios que no acudieron a la Justicia, la desinversión del art. 161 debería haberse efectivizado el 28/12/2011. Fue el mismo Gobierno el que ilegítimamente postergó los plazos a través de la res. AFSCA 901/12, de hace unos días. Pareciera que la interpretación que Aragón hace del fallo de la Corte desnuda la verdadera intención del AFSCA y del Gobierno, que es ir contra el Grupo Clarín.

		En sus habituales ataques al Grupo Clarín, el día 27 de julio de 2012 Víctor Hugo Morales volvió a elaborar una conjetura que está desmentida por los hechos. Según el periodista, cuando el Grupo Clarín comenzó a cotizar en Bolsa, no brindó la misma información a sus inversores extranjeros que a los nacionales: “Lo que hicieron afuera, Agustín, supongo que le consta, es aclarar que todavía no tenían todo atado, cosa que no aclararon aquí. Afuera lo hicieron porque sabían perfectamente que se exponían. Ellos sabían que lo iban a conseguir de todas maneras con el poder de lobby y con el poder de presión de Clarín. Pero por las dudas se curaban en salud y afuera decían lo que aquí no aclaraban”. El mismo prospecto de emisión de acciones del Grupo Clarín dónde están detalladas en extenso la situación jurídica, societaria y regulatoria de todas sus empresas, las aprobaciones administrativas (resueltas y pendientes) así como los riesgos económicos, políticos, jurídicos y regulatorios, fue utilizado tanto en el exterior como en la Argentina. Se trata de un documento presentado tanto en la Bolsa de Londres como en la de Buenos Aires y en la Securities Exchange Commission de los EE.UU.

		Durante un acto realizado el 25 de julio de 2012 en la Casa Rosada y mientras sostenía una edición del diario Clarín, la presidenta Cristina Kirchner lanzó acusaciones falsas contra el Grupo Clarín que luego fueron repetidas y exageradas por el periodista oficialista Víctor Hugo Morales. La presidenta dijo: “A partir del 18 de octubre del 2007, poco antes de que se estatizaran los fondos de las AFJPs, todas, absolutamente todas las AFJPs, compraron más de 25 millones de acciones a un promedio de 23,85 por ciento del Grupo Clarín (...) Pero esas acciones se compraron por 609 millones; hoy, sólo valen 200 millones. Porque a los pocos días de valer 23,85, de ser cotizadas, pasaron a valer 7”. La afirmación de la presidenta y del periodista ya fue desmentida varias veces. El Grupo Clarín reitera, como ya lo hizo en 2010 ante una difamación similar de un funcionario, que la salida de parte de su capital a la Bolsa se realizó en estricto cumplimiento de todas las normativas nacionales e internacionales, y fue aprobada tanto por la London Stock Exchange como por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, precisamente con la firma de entonces vicepresidente y actual titular de dicho organismo, Alejandro Vanoli. La colocación se realizó en un 80% en el exterior y a inversores internacionales, cuya demanda fue el factor determinante en el precio de las acciones. Cabe destacar que esa demanda superó en más de tres veces la cantidad ofertada, lo que revela el interés por la acción. Desde entonces, todos los indicadores de la compañía han sido satisfactorios, revelando una gestión operativa y financiera a tono con los más altos estándares de la industria a nivel mundial, con inversiones por más de 5100 millones de pesos y 4000 nuevos puestos de trabajo. Es más, luego de su salida a la Bolsa el 18/10/07, la acción del Grupo subió en pocos días un 12%. La misma mantuvo una tendencia positiva por varias semanas, que recién se interrumpió en diciembre con la crisis global de los mercados, que afectó a todas las compañías cotizantes. Las razones por las cuales el precio de las acciones se ha visto afectado en los últimos años las conoce muy bien el Gobierno Nacional. Una afecta a todas las empresas que operan y cotizan en el país, y es el deterioro del clima para las inversiones y de la seguridad jurídica en la Argentina. La restante no es otra que la brutal y obsesiva campaña del Gobierno contra el Grupo Clarín, un acoso nunca visto en democracia. Una matriz de hostigamiento económico, administrativo y regulatorio que desde 2008 se viene desplegando sistemáticamente contra la compañía, y que ya acumula más de 450 acciones estatales y paraestatales.

		El 23 de julio de 2012 la presidenta Cristina Kirchner aprovechó un acto político para atacar a los medios e imponer una interpretación arbitraria del fallo de la Corte Suprema según el cual, el 7 de diciembre de este año el Grupo Clarín se va a ver obligado a desinvertir y comenzará a ser aplicable la ley de medios: “será la fecha en que finalmente deberá cumplirse de una buena vez por todas, señores, la ley de medios en la República Argentina, de modo tal que haya multiplicidad de voces, mayor democracia y cumplimiento de la ley”. La interpretación que la Presidenta hace del fallo de la Corte Suprema es claramente opuesta al mismo. Los abogados del Grupo Clarín explicaron que si en diciembre no esta resuelta la causa de fondo por las inconstitucionalidades de la ley de medios, la misma Corte prevee alternativas para proteger los derechos afectados, como una ampliación de la cautelar. Además del propio plazo de un año del art. 161, cuyo cómputo en el peor de los casos se iniciaría entonces y del que dispone también Clarín para obtener una sentencia en la demanda principal.

		El 15 de julio de 2012 el senador Aníbal Fernández publicó en su blog un proyecto de ley relativo a la grilla de Cablevisión. Allí se incluye un comentario hecho por el mismo senador en el que acusa a Cablevisión de un hecho falaz: el de no incluir a determinados canales en su grilla: “ignora la obligación de incluir en su programación las señales CN 23, Paka Paka, Telesur e INCAA TV”. El proyecto de ley impulsado por el Senador Fernández desconoce que Cablevisión fue el primer cable en realizar un ordenamiento de la grilla por géneros. Lo hizo en 2008 tras la fusión, y de manera integral el año pasado. Durante el 2011, la compañía incorporó las señales oficiales Telesur, Paka Paka e Incaa TV y la paraoficial CN23, de acuerdo a sus disponibilidades técnicas y contractuales, dado que la capacidad de la grilla analógica está completa desde hace años, con contratos vigentes. Las mismas están disponibles en el servicio digital. Aquellos clientes que deseen ver estas señales pueden hacerlo contratando el “paquete básico digital” que no es codificado (tal como lo indica la ley), y por el que no se paga abono mensual.

		El 11 de junio de 2012 el periodista Eduardo Aliverti publicó una columna en el diario Página 12 titulada “De periodistas e ilusiones” en ella hizo referencia al Grupo Clarín y basándose en información falsa dijo: “¿Quién habría ocupado el lugar opositor de Clarín & Cía. si el Gobierno no le achuraba al grupo alrededor de un tercio de su facturación, a través de estatizar las transmisiones de los partidos del fútbol local?”. En primer lugar cabe aclarar que el Grupo Clarín no “ocupa el lugar de opositor” del Gobierno, sino que es el Gobierno el que elige a la prensa independiente como su enemiga. Por otro lado, la afirmación que hace Aliverti sobre el porcentaje de los ingresos que las transmisiones del fútbol representaban para el Grupo Clarín es insólita. Las transmisiones del fútbol representaban para el Grupo Clarín menos del 5% de sus ingresos, no un tercio (equivalente al 33%), cómo intentó instalar Aliverti.

		El 7 de junio de 2012 Victor Hugo Morales fue entrevistado en el programa “Guetap” por Reynaldo Sietecase. Durante la entrevista Morales dio a entender que el Grupo Clarín mantiene una sociedad con la empresa Boldt y que por eso tiene intereses en la investigación que se lleva a cabo sobre el vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. También agregó que el fiscal Rívolo no debió haber dado una entrevista en TN “dado que TN es la denunciante de este caso y tiene intereses en juego”. Las acusaciones son inauditas. El Grupo Clarín nunca mantuvo una sociedad con la empresa Boldt. Más aún, la imprenta AGL, de la que el Grupo Clarín es socio en un 50%, compitió en forma directa con la empresa Boldt por la adjudicación de la licitación para imprimir las boletas electorales de las elecciones primarias y generales en el año 2011 en la provincia de Santa Fe. La provincia decidió darle a Boldt la impresión de las boletas para las elecciones primarias y a AGL la impresión de las boletas para las elecciones generales. Cuando se presentaron a concurso, AGL ofreció por las dos elecciones la mejor cotización, pero el gobierno decidió separar la impresión de las boletas de ambas elecciones, dándole a Boldt la impresión de las boletas para las elecciones primarias y a AGL las de las generales. Esto comprueba que no sólo AGL y Boldt no son socios, sino que Boldt es competencia directa de AGL. Leer decreto

		El día 15 de mayo de 2012 en el programa radial La Mañana, la periodista Cynthía García aseguró que la empresa Expoagro, de la que el Grupo Clarín participa, “factura anualmente 300 millones de dólares”. El dato es completamente falso. Expoagro facturó en el año 2011 $22 millones y en el año 2010 $21 millones. Estas cifras difieren totalmente con las expuestas por García y representa menos del 0,3% de la facturación del Grupo Clarín.

		El día 15 de mayo de 2012 Gabriel Mariotto, ex titular del AFSCA y actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguró en una entrevista con Alejandro Fantino que el Grupo Clarín, a través de Cablevisión, utiliza 300 licencias para la distribución del cable. También dijo que Cablevisión llega al 65% del territorio nacional y dio a entender que en la década del 90 el Grupo Clarín a través de Cablevisión tuvo la intención de “someter y fundir” a los cables del interior. Estos datos fueron repetidos reiteradas veces por periodistas “militantes” y funcionarios del gobierno. Los datos son falsos. Cablevisión brinda servicio a través de 158 licencias en doce provincias, mucho menos que su principal competidor, DirecTV que llega a todo el territorio nacional y lo hace con una sola licencia nacional (pero cubriendo las 2200 localidades del país), lo que resulta discriminatorio. Respecto al crecimiento de Cablevisión durante la década de los 90, es importante recordar que en ese momento la compañía no pertenecía al Grupo Clarín, de modo que resulta absurdo sostener que pudo haber sometido o intentado fundir a los pequeños cables del interior, como sostuvo el Vicegobernador. En ese entonces Multicanal, que sí pertenecía a Grupo Clarín, era un cableoperador de menor escala que la actual Cablevisión. El crecimiento de Multicanal tiene un espaldarazo en 1998 con la compra del 50% de VCC y se consolida en el 2006 con la adquisición de Cablevisión. De los cableoperadores más pequeños comprados por Multicanal en esa época, ninguno estaba ni fundido ni cerca de fundirse. Es más, la compañía pagó por ellos altos precios en dólares producto de la puja competitiva entre la Cablevisión de entonces, VCC y Multicanal para ganar market share. Los precios que se pagaron en ese momento fueron récord histórico en valores por abonados. Los cableoperadores decidieron vender frente a la disyuntiva entre invertir de cara a la inevitable convergencia o monetizar el bien que poseían. Muchos optaron por vender y otros como Multicanal eligieron invertir y creer en el desarrollo del país. Nunca el Grupo Clarín presionó a ningún cableoperador para que vendiera. Es más, muchos de ellos ofrecían una y otra vez sus empresas tentados por las cifras millonarias en dólares en las que cotizaban. No hubo nunca una sóla denuncia por presiones en relación a este tema. Recién en el 2006 se lleva adelante la fusión entre Multicanal y Cablevisión, operación que fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y ratificada luego por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Es a partir de esa instancia que Grupo Clarín ingresa como propietario del 60 % de Cablevisión; el 40% restante pertenece al fondo de inversión Fintech. Operación similar a la que hicieron los principales cables del mundo, desde Estados Unidos hasta Chile, desde Colombia hasta Brasil. En relación con la venta del fútbol televisado (en la cual el Grupo Clarín participaba en un 50%), cabe destacar que jamás se le negaron estos derechos a nadie. De hecho, TyC Sports, el canal que televisaba el campeonato argentino, está presente en el 95% de los cables de nuestro país, más que ningún otro canal nacional. Los escasísimos cableoperadores que en determinado momento no ofrecieron fútbol en su grilla, no quisieron adquirirlo por una decisión comercial propia. La propia CNDC determinó que no había posición dominante en la venta del mismo.

		El 14 de mayo de 2012 Víctor Hugo Morales es entrevistado por Matías Martín en su programa “Basta de Todo”. Morales intentó instalar una especie de complot por parte del Grupo Clarín contra la sociedad argentina en su conjunto y sin ningún fundamento ni pruebas lo acusó de “robar”: “Roba a los clientes de Cablevisión a los cuales tendría que cobrarles muchísimo menos porque tiene una cuestión de control monopólico. Roba todos los meses, todos los días, miles de millones de dólares a su clientela. Roba en el negocio de la Ciudad de Buenos Aires cuando se queda con una licitación hecha a medida por el gobierno de Macri para poder ser el que vende las computadoras. Roba siempre en lugares donde ni siquiera tendría que estar presentándose a negocios, porque tendría que ser el control de los negocios”. Las declaraciones del relator son calumniosas. Lejos de ser un monopolio, como las empresas de telefonía fija, Cablevisión compite siempre, en cada una de las localidades que opera, con una o dos opciones más de televisión paga y con servicios de video como los que lanzaron las telefónicas y otros proveedores internacionales, como Netflix. De hecho, tras la fusión con Multicanal en 2007, perdió participación de mercado pasando del 51% al 47%, fruto de la dinámica competitiva. En cuanto al precio del servicio de video que menciona el Sr. Morales el mismo está calculado en base a los costos de la programación, la tecnología y la mano de obra intensiva que implica brindar servicios de telecomunicaciones. Su evolución siempre ha sido menor a la inflación y está por debajo del promedio de valor de América Latina. No actualizarlo implicaría reducir la cantidad o calidad de nuestros productos. Respecto del precio forzoso y arbitrario que le quiere imponer desde hace años –sólo a Cablevisión- el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el mismo fue dejado sin efecto por fallos de Cámara de la Justicia Federal, por ilegal y discriminatorio. Respecto del Plan Sarmiento, la empresa Prima S.A. (una subsidiaria de Cablevisión) resultó ganadora de una licitación pública de la cual participaron las principales empresas de telecomunicaciones del país. El proyecto dura 5 años, y los valores son menores a los que, por un servicio análogo, brinda el Gobierno Nacional a través del programa Conectar Igualdad. La compañía brinda servicios de conectividad tanto en las escuelas como en los hogares de los alumnos y docentes, proporcionó netbooks para los alumnos y notebooks para los docentes, ofrece soporte técnico con un call center especializado y da garantía en caso de robo, extravío, rotura o reposición.

		El 5 de marzo de 2012 en su programa de radio La Mañana, Víctor Hugo Morales aseguró que luego del accidente de trenes en Once “el nombre Cirigliano (propietario de TBA) no aparecía en Clarín” y daba a entender que existía un acuerdo entre Clarín y TBA para que el diario no hablara de los directivos de la empresa a cambio de que el diario La Razón pudiera repartirse sin problemas en los trenes. La afirmación se desploma con sólo leer el diario. El 23 de febrero, un día después de que sucediera el accidente, el diario Clarín publicó un informe titulado “Promesas incumplidas en una línea con vías y vagones de más de 50 años” y otra nota titulada “La Cámara define si Cirigliano va a juicio oral por las dádivas a Jaime”. Ambas notas hablan de la empresa TBA y de sus directivos. La primer nota, está ilustrada con una foto de Cirigliano y está acompañada por un perfil de la empresa. Lo llamativo es que desde el accidente de Once hasta el día en que Morales hizo esta afirmación salieron publicadas en Clarín numerosas notas sobre la empresa TBA y sus dueños. Estás notas siempre fueron acompañadas de perfiles y fotos de los directivos. Sólo por dar algunos ejemplos se pueden resaltar las siguientes notas: “Dueños de un emporio” publicada el 24 de febrero, “Los Cirigliano un grupo que creció con Menem y con Kirchner” publicado el 27 de febrero o “Los vecinos del Oeste “presos” de los micros de los Cirigliano” publicada el 28 de febrero.

		El 20 de octubre del 2011 Víctor Hugo Morales aseguró que recibió de parte del AFSCA un documento en el que se aseguraba que el Grupo Clarín tiene 800 medios en todo el país: “No podía salir de mi asombro. Había 34 carillas y pongan cada línea que, que iba sobre las carillas es un medio. Después supe que son 800 los medios y empresas, yo creí que eran 300”. La afirmación está muy lejos de la realidad. Todos los medios que pertenecen al Grupo Clarín son de público conocimiento. El Grupo posee 11 licencias de radiodifusión, de las cuales 4 son de televisión abierta y 7 de radio, menos que gran parte de los grupos que hoy deberían adecuarse a la ley. Estas son las únicas licencias que usan un bien limitado, como el espectro radioeléctrico. El cable no es radiodifusión porque no usa espectro. Las licencias de cable no tienen restricciones físicas y cualquiera puede acceder a ellas. Cablevisión brinda servicio a través de 158 licencias en 12 provincias, muchas menos que DirecTV o Telefónica-Telecom, por ejemplo, que llegan a 2.200 localidades en las 24 provincias, con televisión, telefonía e Internet en paquetes combinados, cosa que a nosotros no nos permiten. Y lo hacen con una sola licencia nacional, lo que resulta discriminatorio. En el mundo, tanto el cable como Internet tienen licencias nacionales. Además, el Grupo produce 6 señales de cable y edita 7 diarios y 4 revistas, mucho menos que la mayoría de los multimedios alineados y subvencionados por el Gobierno.

		Ante la visita al país de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 2 de agosto de 2011, el periodista Victor Hugo Morales sostuvo que en el mundo no existe ninguna fábrica de papel que pertenezca a empresas editoras de diarios y que el caso de Papel Prensa, cuyos socios mayoritarios son Clarín y La Nación, es un caso único en el mundo. La tesis no se corresponde con la realidad. El caso de Papel Prensa no es un caso único en el mundo. Existen varias fábricas de papel para diario cuyos dueños son al mismo tiempo editores de diarios. Sin ir más lejos, comencemos por Argentina. Incluso antes de que Clarín, La Nación y La Razón ingresaran a la compañía, ya existía Papel del Tucumán, empresa cuyos dueños originales fueron diarios del interior agrupados en COOPAL y ADIRA. Papel del Tucumán fue creada con el único fin de producir papel para diarios. Tuvo el mismo esquema regulatorio e impositivo que Papel Prensa y fue pensada para producir 105 mil toneladas. Sin embargo nunca logró funcionar con eficiencia, fue vendida a otros socios como el Grupo Bridas, dejó de fabricar papel para diarios (para lo que fue promocionada) y lo reemplazó por papel obra (más rentable). Y finalmente quebró, dejando deudas impositivas y con el Banade por montos superiores a los 400 millones de dólares. Finalmente fue comprada por el Grupo Pierri en 14 millones de dólares y ya no produce nada de papel para diarios. Pero además, existen otros casos en Latinoamérica que refutan dicha aseveración. De las 7 plantas de papel para diarios que hay en esta zona, hay 2 que estuvieron o están en una situación similar a la de Papel Prensa: En Brasil: Pisa, que hoy es de Norske, originalmente pertenecía a editores de diarios junto con el Estado de ese país. En México: Pipsa, hoy del grupo editorial Organización Editorial Mexicana, y originalmente era del Estado mexicano. Esta situación, no se limita a América Latina. Existen varios casos más: The New York Times Company, editora del New York Times y el Boston Globe, posee acciones en dos empresas productoras de papel para diarios: Donohue Makbaie y Madison Paper Industries. En 1974 la empresa Dow Jones Co., editora del diario de mayor circulación y ventas en los Estados Unidos, el Wall Street Journal, crea la papelera F.F. Soucy Inc., capaz de imprimir aproximadamente 250.000 metros de papel para diario. El 70% del papel para diarios utilizado en Australia, es producido en las papeleras de Albury NSW y Boyer Tasmania. En 19990 las papeleras fueron adquiridas por la Australian Nesprint Mills que pertenecía en igual medida a la editora de diarios News Limited y a Fletcher Challenge Limited. Luego Fletcher compra su parte a News Limited y se la termina vendiendo a Norske. En Estados Unidos está el caso de SP Newsprint Co., compañía que fue fundada y operada por las empresas Cox Enterprises, Knight Ridder y Media General (editores de diarios). SP Newsprint Co. opera en las ciudades de Dublin, Georgia y Newberg, Oregon. Por otro lado, Media General también tuvo otra planta para diarios: Garden State Paper´s. Bowater Mersey Paper Company Limited pertenece en un 51% a Bowater Canadian Limited y en un 49% a Daily Herald Company, una subsidiaria perteneciente a Washington Post Company, empresa editora del Washington Post.

		El 8 de junio del 2011 el periodista Victor Hugo Morales intentó vincular la adopción de los hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con crímenes de lesa humanidad y acusó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de haber oficiado como cómplice de esos delitos. Morales fue más allá y se animó a arriesgar la pena que le caerían a los directivos de Clarín: “esos chicos vienen de espantosos asesinatos y de una apropiación indebida que de concretarse como un dato cierto significaría nada menos que 15 o 20 años de cárcel para Ernestina Herrera, para sus cómplices, entre los cuáles estaría fundamentalmente Magnetto”. Las acusaciones de Victor Hugo Morales son calumniosas e injuriosas. La Justicia ratificó que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no eran hijos de desaparecidos y que todas las conjeturas que se habían realizado sobre un supuesto delito eran falsas.

 

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